Chile inicia un nuevo proceso constituyente tras el fallido plebiscito

Estos tres órganos tendrán diferentes grados de injerencia en la elaboración de la nueva propuesta, que deberá estar lista el 21 de octubre de 2023 para ser sometida a un plebiscito ratificatorio obligatorio la última semana de noviembre del próximo año.

El Acuerdo por Chile, que demoró 99 días en concretarse, después de que el pasado 4 de septiembre un 62% de los chilenos rechazara la propuesta hecha por la cuestionada Convención Constitucional, fue celebrado por el presidente Gabriel Boric, que señaló que este es un paso decisivo para alcanzar a través de la Constitución un nuevo pacto social. Y pese a que solo hace algunos días se abrió a la posibilidad de que el proceso fuera mixto (electos y designados), el mandatario destacó que la Comisión de expertos y el Comité técnico tienen un rol facilitador del proceso.

El acuerdo no dejó a todas las fuerzas políticas satisfechas, pues Republicanos se restó del mismo, al igual que el debutante Partido de la Gente. El primero tuvo como candidato presidencial al derechista José Antonio Kast y el segundo al populista Franco Parisi e insisten en que Chile no requiere un nuevo texto y que los esfuerzos deben destinarse a solucionar las urgencias de la ciudadanía como seguridad e inflación.

Aunque en esta oportunidad el Partido Comunista se plegó al acuerdo, la voz más crítica dentro de esa formación, el alcalde Daniel Jadue, acusó que en el pacto «persisten los fantasmas de la democracia tutelada».

El Congreso deberá en las próximas tres semanas aprobar por un 'quorum' de 4/7 la reforma que posibilitará implementar el nuevo itinerario constitucional. Además, deberá en igual tiempo designar a los 24 miembros paritarios de la Comisión de expertos que iniciará la redacción de un anteproyecto a mitad de enero. Dichos expertos serán nominados en partes iguales por el Senado y la Cámara y serán proporcionales a las fuerzas políticas ahí representadas. También el Congreso deberá elegir a los 14 técnicos que apoyarán el proceso, que serán ratificados por el Senado ante una propuesta de lista única elaborada por la Cámara.

Tanto la Comisión como el Comité tendrán injerencia en la elaboración final del texto constitucional por cuanto podrán, mediante votación con determinados 'quorums', rechazar o modificar decisiones tomadas en el Consejo Constituyente (CC). Además, los expertos tendrán derecho a voz en todas las instancias.

El carácter mixto del nuevo proceso fue la piedra de toque de las negociaciones realizadas los últimos tres meses, pero que se impuso tras llegarse al convencimiento de que no se podía repetir un acuerdo similar al que llevó al fracaso anterior. Ayer, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, fue enfático en asegurar que «esto no es lo mismo», por cuanto esta vez no hay 17 escaños reservados a priori para los pueblos originarios, no es la misma cantidad de miembros del CC (el anterior tuvo 155 integrantes) y tendrán un tiempo más acotado por lo que se espera actúen de forma más profesional.

El nuevo CC será paritario, sus miembros serán electos en votación universal obligatoria en abril utilizando el sistema electoral con que se elige el Senado y se instalará el 21 de mayo. Los pueblos originarios obtendrán escaños supranumerarios, es decir, por sobre los 50, en relación a los votos que alcance ese padrón electoral. La aprobación de normas en el CC tendrá un 'quorum' de 3/5 de sus miembros (antes fue de 2/3) y, a diferencia del proceso anterior fallido, toda norma rechazada por 2/3 del Consejo no podrá ser repuesta. Ante diferencias entre el Consejo y la Comisión de expertos estas se zanjarán en una comisión mixta igualitaria.

La otra diferencia sustancial con el anterior proceso es que el CC, los expertos y técnicos deberán atenerse a los 12 principios o bases constitucionales establecidos en el Acuerdo por Chile. Entre ellas se desecha la posibilidad de establecer un Estado plurinacional al reafirmarse que se es un país unitario e indivisible, se decreta la mantención de tres poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo bicameral), se declara a Chile como un estado social y democrático de derechos y se compromete el cuidado del medioambiente, entre otros.

Días atrás, cuando las negociaciones estaban entrampadas, Boric señaló que era «preferible un acuerdo imperfecto a no tener acuerdo» y por ello, el lunes 14 partidos colocaron su rúbrica en el texto, tres opositores, la DC, y todos los miembros del pacto gubernamental, es decir, el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, más los movimientos Amarillos por Chile y Demócratas que reúnen a los ex de la centroizquierda y DC que estuvieron por el rechazo en septiembre.