Boric propone levantar de forma parcial el secreto del informe de la comisión Valech

Esta iniciativa forma parte de un paquete de cinco iniciativas que anunciaron los ministros Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, y de Justicia, Luis Cordero, en el Congreso que ha sido diseñada a partir de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

La propuesta que genera más controversia se refiere a poner término parcial al secreto aplicado por 50 años al informe de la comisión Valech, objetivo que el Congreso ha buscado en otras dos ocasiones sin lograrse acuerdo.

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El informe Valech se conoció en noviembre de 2004 y da por cierto la existencia de más de 22 mil personas que fueron víctimas de prisión política, tortura, exoneraciones políticas y exilio. Posteriormente, en el primer gobierno de Michelle Bachelet se emitió un segundo informe que suma casi 10 mil personas más.

Uno de los más fervientes defensores del secreto es el exmandatario Lagos por cuanto el recibió el testimonio de una mujer que había declarado ante la comisión Valech y le pidió que su testimonio no lo conocieran sus nietos hasta que ella estuviera muerta.

En esta oportunidad, los ministros anunciaron que el levantamiento del secreto tendrá lugar solo con la autorización explícita de las víctimas que declararon ante dicha instancia, o de sus familiares en caso de que hayan fallecido.

Además, quienes accedan a dicha información deberán guardar secreto. El objetivo de este proyecto es posibilitar que los tribunales y funcionarios que lleven adelante el Plan Nacional de Búsqueda tengan acceso a testimonios específicos que permitan hacer luz sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.

El paquete legislativo también comprende crear una calificación jurídica especial de «persona ausente por desaparición forzada» en el código penal, así como de un registro nacional de estas personas que estará en manos del Registro Civil.

Asimismo, se buscará cumplir con la obligación adquirida por el Estado ante la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas respecto de incorporar a la legislación nacional delitos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial fuera del régimen de crímenes de lesa humanidad.

También se impulsará una «Política Nacional de Memoria y Patrimonio» cuyo alcance es levantar el secreto a una serie de normas dictadas en el gobierno militar para hacer transparencia sobre ellas. Esta política, además, comprende el financiamiento y mantención de los lugares de memoria en casos de violaciones a los DDHH.

Esta agenda legislativa no se hace cargo de dos demandas hechas por sectores de izquierda y parlamentarias del PC que tienen familiares detenidos desaparecidos y ejecutados en la dictadura, las diputadas Lorena Pizarro y Carmen Hertz. La primera dice relación con una ley que sanciona el «negacionismo», ingresada por parlamentarios al Congreso y que no cuenta con el patrocinio del Gobierno. Lo segundo es el cierre del penal de Punta Peuco, donde hay solo exuniformados condenados por violaciones a los DDHH. Al respecto, Boric dijo el domingo en entrevista televisiva que esa materia en particular «se hace, no se anuncia».