Italia aprueba con bronca en el Senado una Ley de Seguridad que pena la 'okupación' con hasta siete años de cárcel

El Senado confirmó la confianza en el decreto de seguridad, solicitada por el Gobierno, con 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención. «El Gobierno da un paso decisivo para reforzar la protección de los ciudadanos, de los grupos más vulnerables y de nuestros hombres y mujeres uniformados», declaró la primera ministra Giorgia Meloni en redes sociales, tras la votación del Senado. «Intervenimos con determinación contra las ocupaciones ilegales [de las casas], acelerando los desalojos y protegiendo a las familias, a las personas mayores y a los propietarios honestos, que con demasiada frecuencia se ven abandonados ante injusticias intolerables –añadió Meloni–. Combatimos las estafas contra las personas mayores, un fenómeno vil que afecta a quienes más merecen respeto y protección. Por último, reforzamos las herramientas de las fuerzas policiales para apoyar a quienes defienden a la ciudadanía cada día. La legalidad y la seguridad son pilares de la libertad. Y nosotros seguiremos defendiéndolas con determinación», concluyó la primera ministra.

Al inicio de la sesión parlamentaria, senadores del Partido Democrático, Movimiento 5 Estrellas y Alianza Verde-Izquierda ocuparon el centro del hemiciclo, sentándose en el suelo con los brazos cruzados y carteles que replicaban los que, según la nueva Ley de Seguridad, podrían llevarles a la cárcel: «Denunciadnos a todos». «Hemos practicado la resistencia pasiva que este Gobierno quiere criminalizar», explicó Alessandra Maiorino (M5S). El presidente del Senado, Ignazio La Russa, cofundador con Giorgia Meloni del partido Hermanos de Italia, intentó restar importancia a la protesta: «No es la primera vez que ocurre. Alzad las manos en señal de rendición», ironizó, antes de suspender brevemente la sesión.

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La nueva ley, compuesta por 39 artículos, introduce 14 nuevos delitos y nueve circunstancias agravantes para otros ya previstos en el ordenamiento. Consolida la agenda de seguridad del Gobierno: desde las 'okupaciones' de viviendas (con penas de 2 a 7 años y procedimientos de desalojo de urgencia) hasta las medidas contra el terrorismo, la vuelta de tuerca sobre las revueltas en prisión, y la denominada 'norma anti-Gandhi', que castiga con penas de prisión el bloqueo de carreteras o vías de ferrocarril. El texto es un compendio de medidas restrictivas que han encendido la alarma en la oposición.

Una de las medidas más polémicas ha sido la prohibición del «cannabis light», de la que solo se ha salvado la producción agrícola de semillas. Se habían abierto muchas tiendas donde se vendían todo tipo de productos con «cannabis light». «Al criminalizar indiscriminadamente la cadena de suministro del cannabis light, se están eliminando 30.000 puestos de trabajo y 500 millones de euros en facturación», ha dicho el senador Carlo Calenda, líder del partido centrista Azione. Otra significativa novedad es la obligación de los inmigrantes de presentar un documento de identificación para comprar tarjetas SIM para el teléfono móvil. Y para luchar contra la usura, muy extendida sobre todo en algunas zonas del sur de Italia, se ha creado la figura del «tutor», con el fin de ayudar a las víctimas a gestionar los préstamos.

Francesco Boccia, jefe de grupo del Partido Democrático en el Senado, ha denunciado «la sumisión de la mayoría gubernamental: aquí todo lo decide el Gobierno, que emite órdenes y la mayoría, sumisa, agacha la cabeza y humilla al Parlamento». La senadora Michaela Biancofiore, de Hermanos de Italia, ha replicado a las críticas defendiendo que los parlamentarios que apoyan al Gobierno son «dignos representantes de una República que quiere garantizar los derechos de los ciudadanos» y que «el pueblo está con nosotros, y comparte nuestra idea de seguridad, mientras ustedes están en contra de las fuerzas del orden, en contra de la gente que sufre la ocupación de las casas».

En definitiva, la Ley de Seguridad nace marcada por la polarización. Para la derecha, es una herramienta contra la «delincuencia y el caos»; para la oposición, un manual para «criminalizar el disenso».