El candidato tiroteado en Colombia había pedido sin éxito 23 veces reforzar su seguridad

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, informó ayer de que se han asignado al caso más de 180 funcionarios especializados. «Hemos realizado el estudio del arma incautada y de 12 vainillas [casquillos] que también se recuperaron», dijo, arma que se sabe fue adquirida en Estados Unidos. Además, las investigaciones se han centrado en más de mil videos recabados de cámaras y móviles, tanto del desplazamiento del senador Uribe Tubay, camino al punto del mitin, como imágenes del sicario desde el momento en que salió de su casa. Según señaló la fiscal en rueda de prensa, se han realizado 23 entrevistas con personas que participaron en la concentración, además de a los familiares del menor, al que se han reforzado las medidas de seguridad.

De acuerdo con las autoridades, la investigación parte de la base de que el menor fue captado por una red urbana de sicariato, al parecer a través del vendedor de drogas ilícitas del sector donde vive, y que habría sido dejado solo –sin apoyo para huir–, tal vez calculando que no sobreviviría.

En las últimas horas todo es motivo de suspicacia y de revisión de circunstancias extrañas, como la pérdida del teléfono móvil que llevaba el sicario (una supuesta conversación con quien lo habría contratado y divulgada el domingo resultó falsa) y la agresión de un desconocido, que ya en el suelo y detenido por agentes, le dio patadas en la cabeza al muchacho.

Tras una cirugía, el menor permanece en cuidados intensivos fuertemente custodiado y ya legalizada su detención, para evitar que sea asesinado, en especial porque dijo que colaboraría con la Justicia. Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, «no se descarta la participación de grupos armados, grupos de delincuencia común, organizada y mafias como la 'junta del narcotráfico' y también otros actores ocultos», como lo anotó en rueda de prensa.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, compartió en X que el menor participó en programas públicos: «El gobierno distrital ya había identificado la conflictividad del niño asesino, lo recogió en uno de sus programas, y pasó a uno de los programas de mi gobierno: 'Jóvenes en paz'. Allí, el informe que tengo de los profesionales es que demostró una personalidad completamente conflictiva, sin capacidad de establecer vínculos intersociales. Duró dos meses, no asistió a ninguna clase, y se retiró voluntariamente».

Entre los múltiples aspectos que se ponen en cuestión destacan la fragilidad del plan de seguridad del precandidato y la responsabilidad de los políticos colombianos ante el significativo aumento de la violencia verbal y la descalificación de sus opositores. Muchas de las críticas se enfocan en el presidente Petro y su retórica cada vez más incendiaria, cuestionamientos que incluso han llegado, aunque de forma más sutil, por parte de los miembros de su coalición de gobierno. Incluso la canciller Laura Sarabia publicó el domingo un vídeo en el que afirmaba que es momento para reflexionar seriamente y reconoció: «Como líder y representante internacional de este país he fallado, muchos hemos fallado, en estos momentos debe ser un llamado a la reflexión, pero sobre todo a la acción, hemos fallado en la seguridad y la paz para todos los colombianos».

Mientras, el abogado del senador Miguel Uribe Turbay informó de que ha presentado una denuncia penal contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, dado que este año se habían realizado más de 23 solicitudes para reforzar su protección. «La última se presentó el 5 de junio del presente año», con los soportes y motivación correspondientes, afirmó Víctor Mosquera. Y agregó: «En 2023 la UNP había catalogado al senador Miguel Uribe con riesgo extraordinario, pero la UNP en 2024 no tuvo en cuenta que en octubre ya era candidato a la presidencia y, por lo tanto, se le debían mejorar sus condiciones de seguridad».

Por su parte, Rodríguez aclaró en Caracol Radio que el senador contaba con dos camionetas blindadas y siete personas para su seguridad. Y reconoció que «ese número de personas de un esquema de protección no es suficiente para la protección de una persona que es precandidata presidencial y que ha iniciado sus acciones de proselitismo, aunque la campaña todavía no se ha desatado oficialmente, y ha debido haber un número mayor de personas de protección».