La caída del hombre que le entregó a Maduro todo lo que quería y más

Que la primera misión en años de un alto funcionario de la presidencia estadounidense a verse con el dictador venezolano Nicolás Maduro fuera descrita en esos términos, con la ligereza de un meme de redes sociales y haciendo referencia al cantante Justin Bieber, provocó una gran animosidad hacia Juan González, colombiano de nacimiento y veterano del equipo de Biden desde sus años en la vicepresidencia. Por entonces la dictadura había provocado ya con su represión y la miseria el exilio de más de seis millones de venezolanos.

Este mes de marzo entrante, González se apea finalmente del cargo de asesor de América Latina en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, según ha confirmado la presidencia americana.

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Pedro Burelli, un venezolano que vive en el exilio, una de las voces más influyentes de la diáspora venezolana en EE.UU. y alguien muy crítico del giro de la Administración Biden con respecto a Maduro, opina que González «nunca tuvo la experiencia que se requería para negociar con quienes se han burlado de un sinfín de equipos negociadores a lo largo de dos décadas». «Cometió errores garrafales en su primera visita a Venezuela en marzo de 2022 que permitieron al régimen de Caracas venderse como víctima de la falta de palabra del Gobierno de Washington», añade.

Según dos fuentes conocedoras de aquel viaje, en el que fue a Venezuela también el enviado especial de EE.UU. para la liberación de rehenes, Roger Carstens, González se presentó como el funcionario norteamericano de mayor nivel en visitar Caracas desde que Hugo Chávez tomara el poder. En el viaje González adquirió, además, una serie de compromisos que después sus superiores en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca no pudieron refrendar, lo que llevó a lo que Burelli describe como la interpretación de la dictadura de que Washington no tenía palabra.

La decisión de González de anunciar su viaje en su perfil personal de Instagram provocó además aprensión entre el equipo de comunicación de la Casa Blanca, y la que entonces era portavoz de esta, Jen Psaki, se molestó profundamente y tuvo que aconsejarle que no volviera a compartir mensajes de ese tipo en sus perfiles de redes sociales, según una persona con conocimiento de aquella conversación.

Desde aquel primer viaje, los rumores del inminente despido o dimisión de González llegaban cada vez que Maduro respondía a una nueva concesión con alguna ofensa aun mayor que la anterior. La deriva autoritaria, las detenciones arbitrarias y los indicios de que no habría elecciones libres, no disuadieron a González y su aparente determinación de darle al botón de 'reset' en las relaciones con el chavismo.

Primero vino la extracción de la lista de sancionados por EE.UU. de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores. Después, la liberación de sus 'narcosobrinos', Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, que cumplían penas de prisión por tráfico de cocaína. Más adelante el levantamiento paulatino de las sanciones al oro y al petróleo. Mientras, Washington retiró el reconocimiento a Juan Guaidó, tras no invitarle a acudir a la cumbre de las Américas de Los Ángeles en verano de 2022.

Ya desde los últimos años de Donald Trump, EE.UU. era consciente de que Maduro tenía un objetivo prioritario, liberar a Alex Saab, el testaferro del dictador. No sólo por lo que sabía de Venezuela, sino por la información que atesora de los negocios con Irán, Rusia y Turquía. Así se lo trasladó Jorge Rodríguez, presidente de la asamblea venezolana oficialista, a dos enviados de Trump, Richard Grenell y Erik Prince, en México en 2020.

Finalmente, González consiguió de Biden en diciembre de 2023 el indulto total y completo de Saab, imputado en una trama de lavado de dinero y robo de fondos públicos venezolanos, al que EE.UU. peleó por extraditar desde Cabo Verde desde que Interpol le detuvo en 2020. Una vez Saab regresó a casa, la ilusión de unas elecciones libres se desmontó cual castillo de arena.

Por eso entre los descontentos de González y la política de Biden hacia Venezuela hay varios fiscales, según ha podido saber ABC de fuentes de la judicatura, decepcionados con que su trabajo de años en causas como la de Saab hayan sido desmontadas con la firma de un presidente que antes hubo prometido que no interferiría en los asuntos de la justicia, hasta que lo hizo. Los viajes de González -hubo otro más- a Caracas tampoco sentaron muy bien en un ministerio público que tenía imputados a Maduro y a su socio Diosdado Cabello en una gran causa de narcoterrorismo, de la que hoy quedan apenas los restos: el general Clíver Alcalá se ha declarado culpable y aguarda sentencia y Hugo 'El Pollo' Carvajal, extraditado desde España, pelea por un juicio que sólo suma demoras. El juez, lo ha dicho abiertamente, está exasperado.

En el intrincado y endogámico mundo de Washington, un despido nunca se presenta como tal. Sólo en los años de Trump el presidente echaba a alguien a la calle, normalmente con un tuit. La salida de González fue filtrada subrepticiamente a Bloomberg, un medio de confianza para la Casa Blanca en asuntos de Venezuela, y después el Consejo de Seguridad Nacional se limitó a confirmar lo obvio, sin más.

El calendario, sin embargo, es bastante revelador. Unas semanas antes, Maduro hizo a Biden abrir los ojos: María Corina Machado, que ganó las primarias opositoras, no se puede presentar a las elecciones porque el régimen no quiere. La activista a favor de los derechos humanos Rocío San Miguel fue detenida. Y por si el mensaje no quedara claro, el día después de que se supiera de la salida de Juan González, Venezuela expulsó del país a la agencia de derechos humanos de la ONU. No es la de González una salida común tampoco en plazos, porque se produce cuando casi podía acabar todo el mandato, a nueve meses de las presidenciales en EE.UU. y antes de las de Venezuela.

Entre los logros de González está sobre todo la liberación de todos los estadounidenses que estaban presos en Venezuela, en varias tandas, empezado por los ejecutivos de la petrolera Citgo, y acabando por unos soldados americanos que en 2019 participaron en una chapucera operación para deponer a Maduro que les llevó al calabozo.

También consiguió que Maduro aceptara vuelos de repatriación de venezolanos rechazados en la frontera con México. Se trata de un logro no exento de contradicciones: cuando Biden acabe su primer mandato, un millón de venezolanos habrá entrado en EE.UU. sin papeles, según las estimaciones oficiales. Huyen de la miseria y la represión, y gracias a las negociaciones de González, muchos de ellos son regresados inmediatamente a esa pesadilla de la que han intentado escapar. Al término de su primer mandato, Biden ha conseguido priorizar la excarcelación de estadounidenses y la política migratoria, y dejar de lado el cambio democrático.

Tampoco tenía una misión fácil González cuando llegó al cargo. Su cartera abarca todo el continente americano, y a los meses de llegar, el ciclo de protestas y represión volvió a activarse en Cuba. Sin embargo, él se inmiscuyó directamente en la crisis venezolana y aceptó verse cara a cara con Maduro, en su terreno.

EE.UU. salía de los cuatro años de Trump, un mandato en el que Venezuela había sido casi una cuestión de política nacional, con apoyos a pronunciamientos contra Maduro y reconocimientos oficiales a Juan Guaidó. La frase más repetida en la Casa Blanca aquellos años había sido «todas las opciones están sobre a mesa», una advertencia de uso de la fuerza que al final quedó en palabras, y que no consiguió cambio alguno en la estructura de poder en Caracas.

Para Carrie Filipetti, que fue subsecretaria de Estado para América Latina en la diplomacia de EE.UU. con la anterior Administración y hoy es directora del grupo bipartidista Vandenberg Coalition, es «decepcionante» que las concesiones de la Casa Blanca se encuentren sólo con «un empeoramiento de la situación de los venezolanos».

A pesar de las concesiones hechas por EE.UU., el régimen de Maduro ha intensificado la represión, arrestando activistas y amenazando la sociedad civil. «La debilidad del régimen de Maduro es evidente, y tanto EE.UU. como otros aliados deben aprovecharla para promover elecciones libres y justas en Venezuela, penalizando al régimen por sus abusos y buscando una transición democrática genuina», dice Filipetti a este diario.