Brasil despliega el mayor golpe contra el crimen organizado y el lavado de dinero

La operación, bautizada como Carbono Oculto, está siendo el golpe más duro contra el Primer Comando de la Capital (PCC), la mafia más poderosa de Brasil y está revelando un esquema de fraude masivo y lavado de dinero que ha movido miles de millones de euros. Según el Fisco brasileño, que participa de la operación, entre 2020 y 2024, el PCC movilizó más de 52.000 millones de reales (unos 9.000 millones de euros) a través de operaciones fraudulentas.

Para conseguirlo, la facción se habría infiltrado en el sector de combustibles, controlando una red de aproximadamente 1.000 gasolineras, además de una flota de 1.600 camiones de distribución. Según las investigaciones, el PCC tiene participación en plantas de producción de combustibles, de importación de metanol y controla inclusive infraestructura portuaria. Los líderes de esa estructura serían Roberto Augusto Leme da Silva, conocido como «Beto Louco», y Mohamad Hussein Mourad, alias «Primo», que se encuentran prófugos.

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La megaoperación, que movilizó a 1.400 agentes y se desplegó en ocho estados, trata de desmantelar una vasta red de negocios ilícitos que actúa en el sector de los combustibles, pero también en el mercado financiero, con una red de empresas y fondos de inversión, una sofisticada estrategia que el PCC ha creado para infiltrarse en los cimientos de la economía formal del país y operar a la luz del día.

Lo que más sorprende de esta operación es el crecimiento y la sofisticación que ha alcanzado esta organización criminal. El PCC nació en 1993, fundado por ocho presos en la cárcel de Taubaté en el interior de São Paulo, en respuesta a la masacre de 111 reclusos en la prisión, la peor de la historia brasileña, en la prisión Carandiru, en la región central de São Paulo, un año antes. El objetivo inicial de estos líderes era proteger a los presos, pero con el tiempo se convirtió en una hermandad criminal que domina las cárceles y las favelas, a la vez que gestiona el lucrativo negocio del tráfico de drogas y armas.

En la última década, sin embargo, el PCC ha diversificado sus actividades, entrando al comercio, bancos digitales y extendiendo su influencia a nivel internacional. Se estima que, además de los 35 mil miembros en Brasil, la facción tenga unos 2.000 afiliados en al menos 30 países, desde vecinos de América Latina hasta Turquía y Japón.

Según las investigaciones, que han envuelto a la Policía Federal, la Fiscalía, los ministerios de economía y justicia, y la secretaría de impuestos, el dinero obtenido de la venta de combustible adulterado y la evasión fiscal se filtraba a través de «bancos paralelos» digitales , como modernas fintech y exclusivos fondos de inversión. La investigación ha revelado que el PCC controlaba al menos 40 fondos de inversión con un patrimonio de más de 30 mil millones de reales (unos 5 mil millones de euros). Una de estas fintechs llegó a mover 46 mil millones de reales en solo cuatro años (unos 7 mil millones de euros).

Estos fondos no eran simples fachadas, sino que fueron utilizados para comprar activos legítimos como un terminal portuario, cuatro plantas de etanol, y más de 100 propiedades, entre ellas, haciendas de lujo. La cúpula de la red de lavado de dinero operaba desde oficinas en la elegante avenida Brigadeiro Faria Lima en São Paulo, el corazón financiero de Brasil.

Las principales autoridades brasileñas han celebrado la operación como parte de un plan impulsado por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para modernizar el combate al crimen. «El Estado tiene que ser más eficiente que el crimen organizado», declaró el presidente Lula da Silva. El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, uno de los líderes de la operación destacó la necesidad de combatir la «migración del crimen organizado desde la ilegalidad hacia la legalidad».

Lewandowski está finalizando un plan de seguridad, que está siendo llamado en la prensa como el «Plan Real de Seguridad», que busca endurecer las penas contra «organizaciones criminales» a entre 5 y 10 años, y crear la figura de «organización criminal calificada», para los grupos que dominan territorios e infiltran los servicios públicos, con penas de entre 12 y 20 años de cárcel.

Además, se busca elevar las penas para cualquier crimen cometido en el contexto de una organización criminal, como homicidio o corrupción, y doblar las sanciones para delitos electorales con vínculos con estas facciones. Al mismo tiempo, el ministerio de economía está lanzando normas más rígidas sobre las financieras digitales que se han desarrollado mucho en Brasil y tenían ventajas burocráticas en comparación con los bancos tradicionales.