El equipo legal de Bolsonaro ha tenido que revertir este pago al Fondo Estatal de Defensa de los Derechos Difusos, que promueve la reparación de daños causados al medio ambiente o derechos de carácter artístico o colectivos. Y ello, pese a que la defensa del expresidente ha alegado que en su gobierno «nunca hubo censura» y que sus palabras no se referían a todo el gremio profesional, sino a «determinados periodistas».
El proceso judicial arrancó cuando el Sindicato de Periodistas Profesionales del Estado de Sao Paulo (SJSP) interpuso una demanda en abril de 2021, contra el exmandatario para que dejara de ofender, deslegitimar y descalificar la profesión periodística, así como de filtrar datos personales de los reporteros.
La Justicia ha considerado que Bolsonaro abusó de su derecho de libertad de expresión para ofender a la prensa. El coordinador legal del SJSP, el abogado Raphael Maia sostuvo que las declaraciones del expresidente se produjeron de «forma hostil, irrespetuosa y humillante», además de usar la «violencia verbal, blasfemias, expresiones peyorativas, homófobas, xenófobas y misóginas».
También, Maia ha señalado que va más allá de su derecho a la libertad de expresión e implica un «acoso moral colectivo» contra todas las categorías del gremio periodístico, que atenta a la «propia libertad de prensa y la democracia», ya que tienen el poder de infundir «miedo a los profesionales de la prensa».
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