La limitación al derecho de asilo para los inmigrantes enfrenta a Biden con su partido
El sector izquierdista y organizaciones de DD.HH. condenan el plan del presidente para reducir la presión en la frontera y mejorar sus opciones electorales
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«Para proteger a EE.UU. como una tierra que da la bienvenida a inmigrantes, primero debemos proteger la frontera y debemos hacerlo ahora». Joe Biden trató de justificar así este martes la orden ejecutiva que firmó con la que suspende la posibilidad de solicitar ... el asilo -un derecho según la legislación estadounidense- cuando se sobrepasen ciertos umbrales de entrada de inmigrantes indocumentados en la primera potencia mundial.
Es la política migratoria más restrictiva que se recuerda para un presidente demócrata y llega en un momento de necesidad electoral para Biden: en medio de una campaña para su reelección en la que va, por la mínima, por detrás de Donald Trump en las encuestas, y con la inmigración como uno de los grandes asuntos candentes para los votantes.
La presidencia de Biden ha estado marcada por una entrada masiva de inmigrantes indocumentados, después de que, en sus primeros días en la Casa Blanca, anunciara su intención de implementar una reforma migratoria que incluiría un proceso amplio de regulación de indocumentados. Los republicanos le han acusado de promover una política de «fronteras abiertas» y de haber causado un efecto llamada que ha provocado más de dos millones de detenciones en la frontera sur por año desde 2021, los niveles más altos de la historia.
La preocupación se siente también en bastiones demócratas como grandes ciudades -Nueva York, Chicago, Filadelfia- a donde han llegado cientos de miles de inmigrantes indocumentados -en muchas ocasiones, enviados por autoridades republicanas en la frontera-, que han asfixiado los recursos para servicios sociales.
Cálculo electoral
El objetivo es cambiar la narrativa electoral sobre inmigración, ante la previsión de un aumento de entrada de inmigrantes indocumentados este verano, en la antesala de la cita con las urnas de noviembre.
«La frontera no es un asunto político que pueda utilizarse como arma partidista», dijo desde la Casa Blanca, rodeado por dos grandes pantallas con la leyenda 'Proteger la frontera' y por autoridades locales de regiones fronterizas.
Pese a esa declaración, es imposible desligar los planes de Biden de sus intenciones electorales. Y sus palabras lo dejaron claro. Condenó a los republicanos por desbaratar una propuesta legislativa en el Congreso a principios de año que hubiera impuesto límites similares al asilo, pero que hubiera venido acompañada de los recursos financieros necesarios para reforzar la infraestructura para la detención y procesamiento de inmigrantes. Y aprovechó la intervención para atacar los antecedentes de Trump en política migratoria y su retórica agresiva contra los inmigrantes. Sin embargo, la orden ejecutiva es similar a la que su antecesor firmó en 2018 y que quedó bloqueada por demandas en tribunales.
La orden establece que la limitación para pedir asilo y la deportación expedita entrará en vigor cuando la media de entradas de inmigrantes indocumentados supera las 2.500 diarias de media para la última semana. Y se suspenderá cuando ese nivel de entradas caiga por debajo de una media semanal de 1.500 entradas diarias.
La orden impone también que la limitación de petición de asilo no afectará a tres grupos: a los menores no acompañados, a los inmigrantes con graves problemas de salud o que manifiesten de forma específica un peligro de persecución específico cuando sean detenidos y a quienes hayan obtenido una cita previa para asilo a través de la aplicación creada por las autoridades fronterizas, CBP One.
«Precedente peligroso»
Los niveles actuales están en unas 3.700 por día, por lo que la orden debería entrar en funcionamiento hoy mismo. Pero está por ver si sobrevive, ante la batalla judicial que librará con las organizaciones de derechos humanos, como ocurrió con la de Trump.
«Esta administración no nos ha dejado más opción que interponer una demanda», reaccionó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas en inglés) a través de uno de sus abogados, Lee Gelernt. «Fue algo ilegal con Trump y no es menos ilegal ahora».
«Esta administración no nos ha dejado más opción que interponer una demanda», reaccionó la Unión Americana de Libertades Civiles
Amnistía Internacional también criticó la orden, a la que calificó como «precedente internacional peligroso» y «decisión vergonzosa» que «no arregla los problemas de la frontera».
La orden ejecutiva también ha supuesto nuevas grietas de Biden con algunos sectores de su partido. «Es decepcionante», reaccionó la diputada Pramila Jayapal, «y no resuelve el problema en la frontera».
«Cerrar la frontera no es la solución que nos acercará a la reforma migratoria que necesitamos», dijo su compañera de bancada Sylvia García, que representa a un distrito fronterizo de Texas.
«A quienes dicen que estas medidas son muy estrictas, les pido paciencia», dijo Biden en referencia a estas voces. «No hacer nada no es una opción».
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