Ayotzinapa: el enigma de los estudiantes desaparecidos que avergüenza a México

Una década después hay policías, narcos y algunos funcionarios menores detenidos. Pero nunca se han encontrado los restos de los estudiantes y, lo que da pie a la principal demanda social, tampoco se ha conocido la verdad sobre la autoría intelectual de esa masacre que conmocionó al país.

Todo comenzó en el estado de Guerrero, que se inicia en el centro de la geografía mexicana y se expande al Pacífico. Los estudiantes, aquí conocidos como 'normalistas', eran jóvenes de grupos vulnerables que buscaban en la escuela un medio de inserción social a través de ciertas acciones comunitarias. A lo largo de la historia, las escuelas normales de Guerrero han estado en el foco tanto de la guerrilla como del narco para reclutar a nuevos elementos.

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Milton Merlo | corresponsal en Ciudad de México

La noche del 25 de septiembre de 2014 los estudiantes buscaban trasladarse a la Ciudad de México para participar en los actos conmemorativos de la matanza de Tlatelolco, realizada por el Ejército en 1968. El plan era secuestrar autobuses de una empresa privada y luego devolverlos al regreso, una práctica frecuente por parte de los normalistas. Pero nunca llegarían a la capital. Fueron atacados a tiros por un grupo de policías estatales. Seis murieron y 43 desaparecieron. El 6 de octubre el gobierno de Peña Nieto se hizo cargo de la investigación.

Para el último gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue el inicio de la debacle. Meses antes, por impulso de Peña Nieto, se habían aprobado una serie de reformas a la economía que prometían desarmar monopolios y abrir a México a la inversión extranjera. El presidente había aparecido en la portada de la revista 'Time' presentado como un gran estadista. Ayotzinapa fue un aterrizaje forzoso a la realidad.

La primera línea de investigación hizo foco en que los estudiantes fueron atacados y secuestrados por policías locales que a su vez estaban coludidos con Guerreros Unidos, un cártel local que maneja el tráfico de heroína hacia Estados Unidos. Bajo esta lógica, el cártel habría actuado con violencia porque en los autobuses que secuestraron los estudiantes había drogas ocultas y listas para ser despachadas al norte.

El 4 de noviembre comienzan los primeros arrestos, entre ellos el de un exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, por supuesta participación intelectual en lo sucedido. En los primeros días de diciembre el laboratorio de la Universidad de Innsbruck informa que un trozo de hueso encontrado en la zona de la tragedia corresponde al normalista Alexander Mora Venancio. A finales de enero, la Fiscalía General, dependiente de Peña Nieto, informa de que los jóvenes fueron torturados, asesinados y sus restos incinerados en un basurero.

Los padres de los desaparecidos rechazaron esa teoría, aseguraban que era imposible quemar 43 cuerpos en la locación indicada por la Fiscalía y pidieron apoyo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), perteneciente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El primer informe del GIEI fue demoledor contra el Gobierno: «Después de seis meses de trabajo de investigación, el GIEI -creado para apoyar a las autoridades mexicanas en las indagatorias del caso- evidenció una investigación fragmentada; omisiones en el proceso para investigar los delitos cometidos como desaparición forzada en lugar de secuestro; tortura, tentativa de homicidio; encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad». Este grupo dijo casi desde el inicio que era preciso agotar la investigación sobre el papel que el narco jugó en la masacre.

Y es que el escenario donde todo sucedió es un punto neurálgico para el narco. En Cocula, según un informe de la DEA de 2015, se genera el trasiego del 50% de la heroína mexicana que se vende en el mercado estadounidense y que genera, por cada hectárea cultivada de amapola, una ganancia estimada de 4,5 millones de pesos (más de 2 millones de euros). Una rentabilidad que permite comprar voluntades de todo tipo.

El GIEI no tardó en apuntar al Ejército mexicano y cuando se desclasificaron archivos militares de lo sucedido esa noche se descubrió una intensa interacción entre oficiales que monitoreaban a los estudiantes e incluso se llegó a especular con que había agentes de inteligencia militar involucrados entre los normalistas.

Los militares que fueron llamados a rendir cuentas a la justicia siempre defendieron la teoría de que los estudiantes fueron aniquilados por el narco y que quedaron en medio de una guerra de bandas, dijeron que todo ocurrió de modo imprevisto y que, incluso entre los normalistas, se habían infiltrado integrantes de Guerreros Unidos. Pero hoy existen una serie de archivos clasificados que son reclamados por los familiares y que los generales de la Secretaría de la Defensa (Sedena) no quieren mostrar.

Ayotzinapa fulminó al gobierno de Peña Nieto, que nunca pudo dar explicaciones de lo sucedido. Los dos funcionarios que condujeron la pesquisa no terminaron bien. El fiscal Jesús Murillo Karam está preso por las irregularidades de la investigación y su segundo, Tomás Zerón, exiliado en Israel.

Cuando López Obrador llegó al gobierno prometió esclarecer los hechos y ofreció apoyos económicos mensuales a los padres de los normalistas. Puso a cargo de la investigación a Alejandro Encinas, un político histórico de izquierdas de la Ciudad de México. «Quisimos ir a fondo tras la pista de los narcos, su influencia sobre el Ejército y el papel de los militares en la tragedia, pero el presidente nunca nos respaldó», dice a ABC un exintegrante del equipo de Encinas.

El exfuncionario de la Secretaría de Gobernación cuenta que, ya en 2019, Encinas le había presentado la renuncia a López Obrador por la falta de apoyo en un expediente referido a cinco militares implicados en Ayotzinapa. «Una vez nos dijeron desde Palacio Nacional que soltáramos ese tema, que ellos estaban presos por inventos de la DEA». Encinas finalmente dejó el cargo a mediados de 2023.

López Obrador le dio al Ejército un papel central en su gobierno. Le asignó el control de la seguridad interna y la responsabilidad de construir las grandes obras de su sexenio. El actual secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, es amigo de quien tuviera el mismo cargo en el gobierno anterior, el general Salvador Cienfuegos, que fue acusado, justamente por la DEA, de tener vínculos con el narco, arrestado en California en 2020 y luego liberado a los pocos meses.

En seis años, y con la suma del poder público, López Obrador no pudo mover un ápice la versión que se entregó en el Gobierno de Peña Nieto. Nunca logró generar un relato alternativo. Al presidente no le gusta hablar del tema y se ha confrontado con los padres y familiares, dice que están mal influenciados, pero nunca dice por quién o con qué finalidad. En definitiva, otra zona gris en el periplo de la noche más oscura.