El atentado de Moscú revive el debate sobre la pena de muerte en Rusia

El ataque ha planteado una serie de interrogantes sobre los recursos y las prioridades de las autoridades rusas con respecto a la seguridad de sus conciudadanos. En un país donde persiguen a los opositores contrarios a Vladimir Putin y desbaratan las operaciones de las agencias de inteligencia extranjeras hostiles, el Servicio Federal de Seguridad (FSB), principal organismo sucesor del KGB de la era soviética, trabaja sin parar desde el suceso para terminar cuanto antes con los terroristas que han atacado a la nación.

Pese a las advertencias de la Inteligencia de EE.UU. y de Reino Unido que avisaron a Rusia que se podría producir un ataque terrorista en «grandes aglomeraciones, incluidos conciertos», Putin hizo caso omiso por sus tensas relaciones con Occidente y tachó la alerta de un «chantaje obvio» realizado con la «intención de intimidar y desestabilizar nuestra sociedad», un argumento al que suele recurrir siempre que tiene ocasión.

Tal era la información constrastada que tenía EE.UU que hasta dieron detalles sobre el grupo que estaría detrás de una matanza así: el Estado Islámico-Jorasán. Más conocido como Isis-K, una de las ramas más radicales de Daesh, que tiene como objetivo atacar a Rusia por sus políticas de represión con los musulmanes en el país. «Es posible que estén sobrecargados con la guerra en Ucrania y con la oposición política, y esto, se les escapó [en referencia a los atentados del día 22 de marzo]», explicó una ex agente de la CIA a la agencia Reuters. Cuando se le preguntó a Putin si el ataque representaba un fallo de los servicios de inteligencia, el Kremlin dijo que el enfrentamiento de Rusia con Occidente no permitía intercambiar información sensible de la manera en la que se solía hacerlo.

Los vídeos compartidos por Daesh en las redes sociales donde sus terroristas matan y degüellan sin piedad a toda la gente que se iban cruzando en la sala de conciertos ha creado un debate en Rusia para levantar la moratoria de la pena de muerte. La Duma en su primera reunión tras el atentado ya ha comenzado a hablar sobre esta posibilidad, su presidente Viacheslav Volodin, cree que la decisión del Tribunal Constitucional en 2009 de abolir la penal capital se basó exclusivamente en el cumplimiento de las obligaciones con el Consejo de Europa, del que Rusia fue expulsada en 2022 por la guerra en Ucrania.

«Hoy en día no puede haber otro castigo para los terrioristas aparte de la pena de muerte», dijo el líder del Partido Liberal-Demócrata de Rusia, Leonid Slutsky. El dirigente del partido Rusia Justa, Sergei Mironov, va un paso más allá y propone que se celebre un referéndum sobre la pena de muerte: «Que el pueblo exprese su voluntad, en cuanto a mi posición, siempre ha sido inequívoca: la escoria y los inhumanos que concibieron tal crimen debe saber qué retribución les espera». Sin embargo, no es necesario plebicisto para tomar esta decisión puesto que el dictamen depende del Tribunal Constitucional.

El presidente del Constitucional ha dicho que la institución estudiará «en profundidad» este tema de acuerdo con las «expectativas de la sociedad», aunque el secretario de prensa del Kremlin, Dimitri Peskov, afirmó que ellos no participarán en este debate. Un tribunal ruso ha ordenado prisión provisional para los cuatro presuntos autores del ataque, que se enfrentan a penas de cadena perpetua a la espera que de que se celebre el juicio, cuya fecha aún no se ha fijado.