Un asalto al Bundestag al más puro estilo de las películas de Hollywood

Los funcionarios involucrados en la investigación describen los planes como un «escenario de terror que nunca ha existido de esta forma en Alemania». El acceso al Reichtag, la sede del Parlamento, sería facilitado por Birgit Malsack-Winkemann, jueza de 58 años al frente de un juzgado de Berlín hasta su detención el miércoles y que entre 2017 y 2021 fue diputada por el partido Alternativa para Alemania (AfD). Como exparlamentaria, había solicitado una tarjeta de identificación del Bundestag que ya le había sido entregada y que permite la entrada a todas las sedes parlamentarias.

Por esa vía tenían previsto ingresar armas en el edificio: se incluían pistolas, armas largas y ballestas que han sido incautadas en 50 ubicaciones diferentes hasta el momento, mientras que el grupo de asalto entraría como turistas para visitar la cúpula de Norman Foster. Este grupo tenía experiencia militar e incluía al menos un soldado activo y tres en la reserva, así como un oficial de policía suspendido. Varios de ellos habían pertenecido a la unidad especial de la Bundeswehr Comando de Fuerzas Especiales (KSK), entrenado para rescates de rehenes y extracciones de agentes, así como para el asesinato selectivo.

Una vez tuviesen el Parlamento bajo control, entraría en acción el 'Consejo', un órgano de gobierno que llevaba reuniéndose desde hace un año y que tenía ya repartidas las carteras. Heinrich XIII Prinz Reuss sería el jefe de Estado. La citada Malsack-Winkemann sería la ministra de Justicia. El abogado de Hannover Tim Paul Gorgass se convertiría en ministro de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Sanidad debería recaer en Melanie Ritter, una médica internista de Baja Sajonia. Rüdiger von Pescatore, al mando del 'brazo militar', se ocuparía después de la Defensa. Los Asuntos de Interior quedarían en manos del expolicía Michael Fritsch.

Los conspiradores también habían previsto todo un Estado Mayor militar con el exmiembro del KSK Peter Wörner Peter Wörner, alrededor del cual gira una caterva de nombres como Frank H., Thomas M., Wolfram S., Marco v. H., Harald Pfizer, Norbert G., Markus H., Matthias H., el suboficial activo en el KSK Calw Andreas M. como estratega militar y el exconcejal de AfD Christian Wendler.

Desde el punto de vista del presidente de la Oficina para la Protección de la Constitución, Thomas Haldenwang, el número y el nivel de radicalización de miembros del Ejército alemán son «más que casos aislados». «Pero en cualquier caso, sigue siendo cierto que la abrumadora mayoría de los empleados de las agencias de seguridad tienen ambos pies firmemente sobre la base de la Ley Fundamental», aclaró ayer. Aun así, en su opinión, los cursos de capacitación sobre cómo lidiar con el extremismo en las propias filas del Ejército «deberían incrementarse y mejorar los requisitos de información».

El presidente de la Oficina Federal de Criminalidad (BKA), Holger Münch, nombró el número de 54 sospechosos y contó más de 150 registros durante la redada que ha puesto fin al plan de golpe de Estado. Münch espera además otras detendiones en los próximos días.

El fiscal general Peter Frank dio por hecho que «las personas implicadas estaban decididas y también estaban seguras de lo que iban a hacer», de manera que «fue correcto actuar ahora en diciembre y poner fin a sus planes de forma anticipada».

«No bastará con las detenciones, es necesario que la sociedad civil se fortalezca contra un nuevo tipo de amenaza para el que por ahora no hay programas de prevención ni planes nacionales de estrategia», dice el investigador de conflictos Andreas Zick, de la Universidad de Bielefeld, que se refiere a nuevas ideología extremistas ajenas a partidos políticos y que han cobrado peso durante la pandemia. «Se alimentan de descontento político y social pero no toman forma de partido político ni aspiran a hacerse escuchar en procesos democráticos de los que se sienten excluidos o se autoexcluyen», describe. «Se conectan a través de redes sociales, sin necesidad de infraestructura, y suponen un reto para la estabilidad de la democracia».

«Es una muestra de cómo las teorías conspirativas pueden infiltrarse en la sociedad democrática», dice Peter R. Neumann, del Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización (ICSR). «Si han llegado tan lejos es porque la sociedad comete un error, minusvalora y se limita a radicalizar ideologías como la de Reichsburger o Patriotas Unidos».

Neumann aconseja el seguimiento de estos grupos por parte de las fuerzas de seguridad y la oferta de programas de salida para sus miembros similares a los de salida de una adicción o de una secta, porque «tienen un componente social y psicológico más fuerte que el político y es más efectivo considerarlos desde este punto de vista».