Los apuros de Maduro para volar: las sanciones asfixian su flota

Casos como el arresto de Alex Saab en Cabo Verde o la polémica escala de Delcy Rodríguez en Madrid, ambos en 2020, ejemplifican las limitaciones a las que se enfrentan los altos mandos de la dictadura.

Pero además, viejos socios tradicionales del régimen, como Argentina o República Dominicana, han llegado confiscar aviones del gobierno venezolano, entregándolos a las autoridades estadounidenses. El reciente decomiso del Falcon 900EX de Maduro en República Dominicana es una muestra clara de cómo estas sanciones han reducido drásticamente la capacidad de movilidad de los principales funcionarios del régimen. En 2022, Argentina se incautó de un Boeing 747 iraní que había adquirido Maduro. Fue enviado a EE.UU. ya en 2024 y desguazado.

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David Alandete | corresponsal en Washington

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Maduro y sus aliados ahora se ven limitados a realizar viajes únicamente a países considerados estrechos aliados de Venezuela, como Rusia, China, Irán, Cuba y Turquía. Este reducido número de naciones dispuestas a recibirlos refleja el creciente aislamiento internacional de la dictadura, que debe adaptarse a rutas y destinos controlados por el eje de poder que respalda al gobierno de Caracas.

Además debe hacerlo en una flota de aviones anticuados, con poca autonomía, que son difíciles de mantener y reparar a causa de las sanciones, pues en muchos casos son de fabricación norteamericana o europea.

Entre las sanciones más duras impuestas por EE.UU. contra el régimen venezolano destacan las financieras, que han bloqueado el acceso de la dictadura de Maduro a los mercados de capitales estadounidenses. En 2017, bajo Donald Trump, las medidas prohibieron al gobierno y a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) acceder financiación norteamericana, además de impedir transacciones relacionadas con la deuda del país o cualquier otro activo venezolano utilizado como garantía.

Otro tipo de sanciones clave son las sectoriales, aplicadas desde 2018, que permiten el bloqueo de activos y la prohibición de transacciones con personas o entidades involucradas en sectores estratégicos como el del petróleo o la aviación. Un año después, en 2019, EE.UU. sancionó formalmente a PDVSA, congelando todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense y prohibiendo a empresas o ciudadanos estadounidenses realizar negocios con la compañía.

Estas restricciones petrolíferas, que en la práctica supusieron un embargo, las levantó Joe Biden en 2022 en un fracasado intento de que las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio fueran libres y justas. Maduro las empleó para perpetuarse ilícitamente en el poder.

Además, en agosto de 2019, el gobierno de Trump ordenó la congelación total de los activos del gobierno de Maduro en EE.UU., prohibiendo cualquier tipo de transacción con su administración, salvo excepciones autorizadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

En total, la Casa Blanca ha dirigido sanciones personales a más de 115 figuras clave del régimen, entre ellas Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y altos mandos militares, acusados de violaciones de derechos humanos, corrupción y desmantelamiento del estado de derecho. Estas sanciones han debilitado considerablemente la capacidad del régimen venezolano para operar en el extranjero. En principio, si ponen pie en un país europeo, además de en otros socios de EE.UU., deberían ser arrestados, algo que el Gobierno de Pedro Sánchez en España se negó a hacer con Delcy Rodríguez en enero de 2020.

Rodríguez se dirigía a Turquía, pero tuvo que salir en vuelo comercial a Qatar. En junio de 2020, Saab, testaferro del dictador, fue detenido en Cabo Verde en otra escala.

Maduro viajó en 2023 a China, un país con el que ha ampliado recientemente rutas aéreas directas. Un año antes, el dictador venezolano viajó en una gira a seis países: Turquía, Irán, Argelia, Kuwait, Catar y Azerbaiyán. Durante meses, Maduro ha anunciado una visita a Rusia que no se ha materializado todavía.

El avión incautado en mayo por la República Dominicana, otro Falcon, no tiene autonomía suficiente para largos viajes, y está obligado a hacer escalas. Recientemente, la dictadura ha tratado de adquirir más aviones de mayor envergadura, Boeing o Airbus, pero las sanciones se lo han complicado.

En 2020, el Departamento del Tesoro incluyó a la aerolínea estatal CONVIASA y toda su flota en la lista de sanciones, lo que bloqueó su uso para operaciones internacionales. La dictadura de Maduro había utilizado CONVIASA no solo para vuelos comerciales, sino también para transportar a altos funcionarios a países aliados como Irán, Cuba y Corea del Norte, en un esfuerzo por mantener el apoyo internacional a su régimen.

Bajo Biden, la Casa Blanca ha tratado de hacer imposible el mantenimiento de esos aviones. En abril de 2024, el Departamento de Justicia de EE.UU. levantó el secreto de sumario de una imputación a diez integrantes de una trama para evadir sanciones contra Venezuela al adquirir piezas de aeronaves estadounidenses, incluyendo motores de la marca Honeywell para la flota de aviones de PDVSA.

Para llevar a cabo este esquema, los acusados ocultaron a las empresas estadounidenses que los bienes estaban destinados a Venezuela y PDVSA, exportándolos a terceros países, incluidos Novax Group SA, una empresa costarricense, y Aerofalcon SL, que es una compañía española.

El Departamento de Comercio de EE.UU. ya había incluido a Novax y Aerofalcon en la lista de sancionados de la Oficina de Industria y Seguridad a finales de 2023, debido a sus actividades contrarias a la seguridad nacional y los intereses de política exterior de EE.UU. De ser condenados, enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión.

El presidente Biden modificó este año las sanciones contra la aerolínea estatal venezolana Conviasa únicamente para permitir la repatriación de inmigrantes venezolanos desde países de América Latina, el Caribe y Canadá. Una nueva licencia emitida por el Departamento del Tesoro en abril de 2024 autoriza las transacciones necesarias para estos vuelos de repatriación, pero mantiene las restricciones para otros tipos de vuelos comerciales.

La decisión se enmarca en el esfuerzo del gobierno de EE.UU. por facilitar la deportación de venezolanos que no cumplen los requisitos para obtener asilo, mientras continúa aplicando sanciones a la dictadura de Maduro. Bajo este se han exiliado más de siete millones de personas.

Además, en el ámbito del narcotráfico y el terrorismo, Washington ha sancionado a individuos y empresas vinculadas al tráfico de drogas y al apoyo financiero de grupos como Hizbolá, utilizando Venezuela como base de operaciones.