Alemania, «desbordada», congela el presupuesto para los refugiados

En una cumbre de inmigración, celebrada en la Cancillería de Berlín y a la que acudieron los presidentes de los Bundesländer, la ministra de interior Nancy Faeser se limitó a prometer una «mejor coordinación en la adjudicación de alojamiento y atención de refugiados e inmigrantes», junto con un «tablero» digital que garantizará la «transparencia» de los repartos en el futuro. Pero ni un euro más.

Los sucesos violentos de la pasada Nochevieja en Berlín han propiciado un cambio en la percepción de la inmigración, tanto entre la población como por parte del Gobierno, y las elecciones regionales repetidas en la capital el pasado domingo han demostrado que Alemania no está ya dispuesta a sostener la misma política migratoria que mantuvo Merkel y que había seguido después la 'coalición semáforo', liderada por el socialdemócrata Olaf Scholz.

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Todavía el pasado mes de noviembre, esta misma Conferencia de Presidentes obtuvo 1.500 millones de euros adicionales. Esa partida extraordinaria se sumaba a los 2.000 millones de euros asignados anteriormente y a los 1.120 millones previstos para 2023. «Cuidar a las personas que han huido o han sido desplazadas por la guerra es una tarea humanitaria y financiera compartida por el Estado Federal, los Länder y las autoridades municipales», justificó entonces el canciller Scholz la derrama. En total, 4.200 millones de euros hasta la primavera de 2023. Pero, por el momento, no habrá más dinero.

El presidente de la Asociación Alemana del Distritos, Reinhard Sager, expresó su frustración: «Necesitamos urgentemente ayuda en Alemania para aquellos que tienen la responsabilidad municipal de acoger refugiados: el espacio vital necesario para alojarlos es limitado y ya no hay suficientes voluntarios y ayudantes a tiempo completo».

El Gobierno alemán ha puesto a disposición de los municipios propiedades federales para el alojamiento y se ha ofrecido a pagar los costes de renovación, pero con ello no ha acallado las críticas. «No todos los problemas se pueden resolver con dinero», dijo tras la reunión el ministro regional de Interior de Hesse, Peter Beuth, «esto no puede tender a infinito, hay que regular más la inmigración a Europa». Se refería a que la tendencia hacia una mayor inmigración irregular continuó el pasado mes de enero y a los indicios que apuntan a que en primavera llegará otra oleada.

El senador del Interior de Hamburgo, Andy Grote, tomó la negativa a aumentar el presupuesto como una respuesta provisional y avanzó que «la Semana Santa será un buen momento para hablar de dinero nuevamente». Pero mientras Grote hablaba, el director del Consejo Distrital, Hans-Günter Henneke, abandonó repentinamente la rueda de prensa y gritó: «Hipócrita», dando a entender que en la reunión no ha habido precisamente consenso y que la acogida de inmigrantes y refugiados se ha convertido en factor de tensión entre las administraciones alemanas.

Unicef ha criticado la falta de viviendas adecuadas y cuidadores capacitados. Los espacios habilitados en aeropuertos o instalaciones deportivas obligan a las familias a situaciones prolongadas en las que la seguridad de los niños no está cubierta. La responsable de Asuntos Sociales de Berlín, Katja Kipping, lleva medio año advirtiendo regularmente al Senado que los distritos no pueden proporcionar más alojamiento por falta de espacio físico.

Aziz Bozkurt, secretario de Estado de Juventud y Familia, constata que la afluencia de menores no acompañados (UmF) se ha multiplicado por diez en Berlín en pocos meses. «Están llegando en promedio unos diez por día, hemos cuadriplicado los esfuerzos pero no es suficiente en absoluto», contabiliza.

La mayor parte de los menores provienen de Irak, Siria, Afganistán y Ucrania, por este orden. «Para gestionar esto, necesitaríamos en teoría 17 nuevos trabajadores sociales por día, 170 nuevos especialistas por semana, eso es lo que dice la ley, pero es imposible cumplirla». La líder del partido de extrema izquierda Die Linke, Janine Wissler, ha exigido que «los edificios de propiedad privada injustificadamente vacíos deben ser confiscados temporalmente si es necesario para usarlos con sensatez».