Los abogados del Partido de Keiko Sofía Fujimori admiten que se usaron «aportantes simulados» en las elecciones presidenciales del 2011 y el 2016
En el juicio que se transmite por la cuenta de Facebook de 'Justicia TV'; se pudo ver el abierto fastidio de la lideresa de «Fuerza Popular»
Sus abogados admitieron la existencia de «aportes simulados» de empresarios que pidieron el anonimato cuando aportaron a su campaña en el 2011 y en el 2016
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En la tercera semana de audiencias del juicio que es seguido por miles de peruanos, le tocó el turno a los abogados de Keiko Sofía Fujimori, quienes señalaron que se usaron «aportantes simulados» en las elecciones del 2011 y el 2016 a favor de ... la candidata, a pedido de los empresarios que pidieron el anonimato, a través de un sistema en que se dividió los montos a colaboradores cercanos a través de un esquema conocido como «pitufeo».
En el 2011, Keiko Sofía Fujimori perdió frente a Ollanta Humala (2011-2016) y en el 2016; Keiko Sofía Fujimori perdió frente a Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
En la audiencia, el abogado de «Fuerza Popular», Christian Salas, dijo que se utilizaron «aportantes simulados» de empresarios como Dionisio Romero (CEO de Credicorp), Juan Rassmuss, la CONFIEP (Gremio de empresarios peruanos) quienes «en su momento optaron por la confidencialidad de los aportes que hicieron».
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En tanto, Humberto Abanto, abogado del jefe de campaña de Keiko Sofía Fujimori en el 2011; Jaime Yoshiyama, confirmó que existía «un esquema de simulación de aportes» y añadió que en ningún caso era lavado de activos porque el dinero provenía de fuentes lícitas.
Abanto recordó que en noviembre de 2018, Jaime Yoshiyama confirmó los aportes de Juan Rassmuss y Dionisio Romero y que diseñó un esquema de simulación de aportes con el fin de mantener la confidencialidad de los donantes.
«La justicia no es política, ni la política es justicia. Aunque la señora Keiko Fujimori es una figura política este caso no trata de la política. Este es un caso penal, aquí no hay un caso penal. Keiko Fujimori no ha cometido delito alguno», expresó Giuliana Loza, abogada de Keiko Sofia Fujimori.
«Dejemos de lado la política, aquí no se juzga a Alberto Fujimori, sino a su hija por ser líder de un partido político. La verdad es clara, no se puede probar lo que no existe», agregó.
El fiscal José Domingo Pérez pide 30 años y diez meses de cárcel para Keiko Sofía Fujimori además de la disolución de su partido político «Fuerza popular» por los delitos de lavado de activos y de instrumentalizar su partido «Fuerza popular» para obstruir a la justicia y configurar una organización criminal.
El juicio oral contra la primogénita de Fujimori se inició el pasado primero de julio y en él participan más de 40 acusados, entre los que destacan su ex esposo, Mark Vitto; su abogada Giuliana Loza, y un grupo destacable de colaboradores eficaces que confirmaron la red de aportantes falsos durante las campañas presidenciales en el 2011 y el 2016.
La acusación sostiene que la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) ha lavado 17, 3 millones de dólares en donaciones de empresas entre las que figura la constructora brasileña Odebrecht, la peruana Credicorp, la peruana Gloria; el gremio CONFIEP, entre otras, para las campañas del 2011 y el 2016; que fueron registrados con datos falsos a través de compra de entradas para fiestas con cócteles en base de alcohol y sorteos de artefactos eléctricos.
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El fiscal José Domingo Perez indicó estar satisfecho porque los acusados «han aceptado una estructura de falsos aportantes» y que es un «gran avance» del Ministerio Público que se reconocieran hasta hoy aportes falsos por más de 11 millones de dólares de los empresarios Dionisio Romero y Juan Rasmuss.
Recurre al Tribunal Constituicional
La abogada de Keiko Sofía Fujimori, Giuliana Loza, presentó hoy un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional para anular el juicio de su defendida argumentando que los supuestos aportes ilícitos en las campañas del 2011 y el 2016 no eran tipificados como delitos en el código penal cuando se cometieron y que recién se aprobaron como tales en el 2019.
En el documento se señala que «se han imputado delitos [lavado de activos y organización criminal], a la señora Keiko Fujimori por un hecho que, al tiempo de su comisión, no se encontraba sancionado por la ley penal, por lo no han realizado una adecuada motivación acorde con el principio de legalidad. En consecuencia, la justicia constitucional debe verificar si las resoluciones judiciales cuya nulidad se pretende son justificadas».
Al respecto, la socióloga e investigadora de WOLA dijo al ABC que Keiko Sofía Fujimori «quiere una justicia a su imagen y su semejanza. Sigue el ejemplo de Donald Trump y se cree superior a la ley. Y lo vuelve a demostrar al anunciar que su papá ha tomado la decisión de que su padre será candidato en 2026, cuando la Constitución claramente prohíbe que un condenado sea candidato presidencial. No le importan las reglas. No le importa la justicia a menos que se adecúe a sus intereses».
Keiko Sofía Fujimori postuló sin éxito a la presidencia en tres ocasiones y en ese camino es procesada por el dinero que recibió en el 2011 y el 2016 y que intentó ocultar a través de un esquema de dividir en cantidades pequeñas a través de colaboradores cercanos, conocido como «pitufeo», la suma de 17.3 millones de dólares.
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