Abogados de manifestantes del 11-J se atreven a cuestionar pruebas y testigos durante un juicio en Cuba
La Fiscalía había retirado a todos los encausados los delitos pero que, en su lugar, les imputaron el de «sedición», por el que, según el Código Penal, pudieran ser condenados a la pena máxima (muerte)
Al menos dos abogados de los 15 manifestantes del 11 de julio (11-J) de 2021 en Cuba que fueron enjuiciados el 23 y 24 de noviembre en La Habana, cuestionaron el proceso judicial y cargaron contra las pruebas y los testigos presentados por ... la Fiscalía, según informó a la agencia EFE un testigo.
El 11-J ocurrieron las mayores protestas antigubernamentales en la isla, miles resultaron detenidos; Prisoners Defenders (PD) registra actualmente 1.027 prisioneros políticos, la mayoría tras el 11-J.
A más de un año del suceso, continúan los procesos judiciales. Los 15 acusados en esta ocasión tienen entre 17 y 51 años de edad, y enfrentan cargos por los presuntos delitos de «atentado», «desórdenes públicos», «desacato» e «instigación a delinquir». Las peticiones fiscales oscilan entre los 7 y 13 años de privación de libertad.
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En Cuba no está permitido el ejercicio de la abogacía de manera independiente, sino que los abogados deben pertenecer a Bufetes Colectivos, los cuales responden al Partido Comunista de Cuba (PCC). Algunos tratan de establecer las defensas con los pocos recursos que les permite una ley -la que igualmente responde a la ideología comunista- pero teniendo en cuenta no sobrepasarse en los cuestionamientos. Por este motivo, la misma fuente dijo, aunque «sorprendida» por su acción, temer por la seguridad de los letrados.
De acuerdo con la fuente, uno de ellos dijo: «Es hora de que el país empiece a sanar las heridas, es hora de que el país se siente a dialogar, es hora de que el país cree espacios públicos para que todas aquellas personas que no piensen igual puedan manifestarse de forma segura y legal sin que se les impute un delito».
De igual forma, otro abogado citó una frase icónica del héroe nacional de Cuba, José Martí, la cual hace referencia a una Cuba «con todos y para el bien de todos».
Agravamiento de delitos
La misma fuente afirmó a EFE que la Fiscalía había retirado a todos los encausados los delitos pero que, en su lugar, les imputaron el de «sedición», por el que, según el Código Penal, pudieran ser condenados a la pena máxima (muerte) por supuestamente tener la intención de desestabilizar el orden del Estado, lo cual «molestó a los letrados».
«Según argumentaron, esto no se sostiene en el caso de los 15 acusados porque participaron en una manifestación que ocurrió lejos (en el municipio habanero de 10 de Octubre) de alguna de la sedes de los poderes, como sí sucedió en las protestas afuera del Capitolio», explicó la fuente
«Es hora de que el país empiece a sanar las heridas, es hora de que el país se siente a dialogar», dijo uno de los abogados durante el proceso
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De acuerdo con la primera petición del fiscal, los procesados llevaron a cabo acciones «de una violencia sin límites» y se les acusa por lanzar «piedras, botellas, maderos y otros artículos» a la policía y gritar consignas contra el Gobierno cubano y el presidente, Miguel Díaz-Canel.
El grupo de trabajo contra las detenciones arbitrarias en Cuba «Justicia 11-J», ha documentado que al menos 166 personas en Cuba han sido procesadas por el delito contra la Seguridad del Estado de sedición, lo cual representa el 25% del total de juzgados.
Menores de edad
Entre los encausados se encuentra Jonathan Torres Farrat, quien contaba con 17 años en el momento de la detención (la edad penal mínima en Cuba son los 16) y cuya petición fiscal es de 8 años de privación de libertad, la cual podría ser subsidiada por «trabajo correccional sin internamiento».
Jonathan es uno de los 59 menores detenidos por las protestas del 11-J documentados por Justicia 11-J. Durante su encierro, fue sometido a varias formas de tortura, según denunció PD: fue golpeado, confinado a una celda de castigo, obligado gritar consignas a favor del régimen, fue privado de atención médica y de comunicación con su familia y defensa; tanto él como su madre, Bárbara Farrat Guillén, han sido sometidos a maltratos sicológicos.
A fines del mes de mayo del presente año fue excarcelado bajo fianza, después de meses de denuncia por negación de atención médica para su hipertensión y torturas. En julio de 2022 estuvo hospitalizado a causa de una hepatitis contraída en la prisión Jóvenes de Occidente.
A su madre incluso la llamaron a atestiguar en su contra aún cuando la ley la excusa de esta obligación.
Falta de garantías
Desde agosto de 2021 han sido procesadas en Cuba, por su participación en las protestas del 11-J, unas 672 personas, 46 de ellas en juicios sumarios. Justicia 11J documenta además que solamente 5 personas han resultado absueltas y el líder opositor José Daniel Ferrer ingresó en prisión por revocación de sanción anterior. Otras 285 personas permanecen a la espera de juicios, con peticiones fiscales hasta los 15 años de privación de libertad. De ellas, 135 esperan en prisión. Alrededor de 233 personas aún no reciben las conclusiones provisionales de parte de la Fiscalía para abrir la fase de juicio oral.
Desde la apertura de los procesos, tanto familiares como ONG han denunciado las amenazas de la policía política a acusados y familiares, las condenas excesivas como efecto ejemplarizante así como la fabricación de pruebas y falsos testigos en juicios en los que carecen de garantías pues todo el proceso es guiado por la Seguridad del Estado cubana.
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