La «tercera bomba» israelí

La protesta social en Israel, que alcanzó hace una semana cifras récord en su historia con un cuarto de millón de manifestantes en las calles de Tel Aviv, entró ayer en una fase de expansión a nuevas ciudades. La lista de demandas de la afligida clase media israelí no difiere mucho de la que esgrimen otros movimientos de «indignados» en el llamado Primer Mundo. Pero una exigencia destaca sobre todas: el disparatado precio de la vivienda, en particular en las dos primeras ciudades del país, Jerusalén y Tel Aviv.

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha ganado algo de tiempo confiando en que el movimiento de protestas callejeras vaya muriendo solo. Netanyahu ha admitido que la política económica de su gobierno «tiene fallos» y ha nombrado la consabida comisión de sabios para que emita su veredicto el mes próximo.

El fenómeno de los «indignados israelíes» está descubriendo una faceta distinta en un país obsesionado —aparentemente— sólo por el proceso de paz con los palestinos, y en último término con el mundo árabe. Ya no es la amenaza de una bomba siria o iraní, o de otra guerra con el entorno hostil. Ni la «bomba demográfica» producida por los palestinos que viven en Israel y los territorios ocupados, que tienen más hijos que los israelíes. Se trata de la amenaza de una explosión social en el seno de Israel, precipitada por la falta de respuestas oficiales al incremento de los precios de la vivienda y, en general, del coste de vida, frente a una práctica congelación de los salarios.

La crisis subraya, en cierto modo, la distancia que media entre la sociedad israelí (30.000 dólares de ingresos anuales per capita) y la árabe (los palestinos apenas llegan a los 1.500 dólares). Pero no es difícil encontrar conexiones entre la frustración económica de la clase media israelí y la impotencia de su clase política para alcanzar un acuerdo de paz con los palestinos. Los recursos económicos de Israel están en gran medida hipotecados por un Estado siempre preparado para la guerra, con un servicio militar draconiano y obligatorio, y un sector ultraortodoxo que vive en buena parte de los subsidios públicos.