La ley del genocidio armenio socava las relaciones entre París y Ankara

El Parlamento francés quiere castigar con la cárcel a quien niegue la matanza de 1915

CORRESPONSAL EN ESTAMBUL Actualizado:

Turquía ha reaccionado de forma fulminante a la aprobación en Francia, ayer, de un proyecto de ley contra el «negacionismo» del genocidio armenio. Como respuesta a esta medida —que pretende penalizar a todo aquel que niegue o minimice un genocidio histórico, incluido el armenio— el Gobierno turco llamó a consultas a su embajador en Francia e interrumpió todos los contactos oficiales bilaterales. También ha negado todo permiso a barcos y aviones de guerra franceses para que utilicen el espacio aéreo o naval de Turquía, sus puertos y aeródromos.

El proyecto de ley, promovido por el partido de Nicolas Sarkozy, podría convertirse en ley el año que viene, y penalizaría con una multa de 45.000 euros y un año de cárcel a quien niegue que las matanzas de armenios en 1915 fueron un genocidio. «No estamos aquí para escribir la historia, sino para realizar un acto político indispensable», declaró el legislador Patrick Devedjian, de origen armenio.

En Turquía existe una controversia creciente respecto a estos hechos, en los que millones de personas fueron desplazadas a la fuerza a los desiertos de Oriente Medio. Centenares de miles de ellos —algunos creen que un millón y medio— murieron en el camino a consecuencia de ataques de bandoleros, enfermedades, hambre, agotamiento y la brutalidad de los oficiales otomanos. Desde entonces, la diáspora armenia no ha dejado de reclamar que se considere estos hechos como un genocidio.

Aunque las autoridades turcas reconocen la existencia de la muerte de al menos 300.000 armenios, la posición oficial ha sido siempre la de considerar que dichas muertes no fueron intencionadas, sino fruto de «políticas equivocadas» en un contexto bélico. Se asegura asimismo que no existía un plan preconcebido para exterminar a la población armenia de Turquía, y que un número igual de turcos murieron a manos de los armenios.

«Condeno al Parlamento francés, que al aprobar esta medida ha traicionado la historia y la verdad histórica», declaró el vicepresidente turco, Bulent Arinç, quien calificó la legislación de «malvada». Por su parte, el primer ministro Erdogán, dijo que la medida es «injusta, racista, discriminatoria y hostil con Turquía».

No obstante, en Turquía se alzan desde hace años algunas voces discrepantes. En 2008, un grupo de intelectuales firmó una carta pública de disculpa por la «gran catástrofe» de los armenios otomanos, lo que inmediatamente les convirtió en blanco de las iras de los nacionalistas turcos. Sin embargo, incluso estos intelectuales evitaron utilizar el término «genocidio». De aceptarse legalmente que estos hechos fueron un genocidio, existirían importantes implicaciones legales y jurídicas para el estado turco, como el pago de indemnizaciones a los familiares de las víctimas y la devolución de propiedades. Algunos ultranacionalistas armenios, como el partido Dashnaksutyun, llegan incluso a reclamar la restitución de territorio a Armenia.