La ONU y los representantes de la UE en Cuba seguirán de cerca la marcha del 15-N

Una portavoz de la Oficina de Michelle Bachelet , Alta Comisionada para los Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas, lo confirmaba así en declaraciones a Radio Televisión Martí. «La Oficina continuará dando seguimiento a la situación de los derechos humanos en el país a través del monitoreo remoto, de acuerdo con su mandato en virtud de la Resolución 48/141 de la Asamblea General de las Naciones Unidas», afirmó en un correo electrónico Marta Hurtado , quien justificó la no presencia de observadores sobre el terreno explicando que su oficina actualmente no tiene el mandato de participar en el monitoreo ‘in situ’ en Cuba.

Esta declaración respondía a la carta dirigida a la comunidad internacional el pasado lunes, emitida por miembros del grupo Archipiélago, organizador de la marcha. En ella, tras señalar el aumento de la represión en la isla desde la llegada al poder de Miguel Díaz-Canel Bermúdez –una represión que «ha traspasado el marco de la oposición política, implicando a activistas, intelectuales, artistas, médicos y periodistas independientes»–, los organizadores recuerdan las acciones del régimen contra quienes se manifestaron el pasado 11 de julio y las que está llevando a cabo – persecución , acoso, estigmatización, despidos. ..– contra quienes han convocado y apoyado la marcha del 15-N, calificada como ‘ilícita’ por el Gobierno cubano.

Ante el temor de que se vuelva a repetir lo sucedido tras el 11-J, con miles de detenciones y acusaciones que suponen penas que superan los 25 años de cárcel, el grupo Archipiélago hace en la misiva un llamamiento «a la ciudadanía de los países miembros de la Unión Europea para invitarles a que estén pendientes de las calles el venidero 15 de noviembre». Ya que consideran que «el acompañamiento de actores internacionales podría persuadir a las autoridades cubanas de emplear la violencia contra manifestantes pacíficos».

No solo el grupo Archipiélago se ha movilizado para pedir ayuda a la comunidad internacional, también lo han hecho varios europarlamentarios, que el pasado 20 de octubre remitieron al Alto Representante de la UEpara Política Exterior, Josep Borrell , una carta en la que solicitaban que enviara observadores a la marcha del 15-N. «Creemos que es necesario observar lo que va a ocurrir, dado el riesgo de escalada de violencia», afirmaba el texto rubricado por los eurodiputados Tilly Metz , miembro de Los Verdes; Javier Nart , del grupo Renew Europe y vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los países de Centroamérica, y Jens Gieseke , del Partido Popular Europeo.

Una petición que fue contestada por Borrell pocos días después, según ha podido saber ABC. Fuentes de Bruselas, a las que ha tenido acceso este periódico, confirman que el Alto Representante se ha comprometido a seguir de cerca la marcha de la próxima semana, si bien no habría especificado si tiene la intención de que los diplomáticos de la UE salgan a la calle ese día para acompañar a los participantes o lo harán desde sus despachos.

Por otra parte, Borrell apoyaría su decisión de seguir todo aquello que pueda afectar a la sociedad civil, según explican dichas fuentes, vinculándola con el cumplimiento del Convenio sobre Relaciones Diplomáticas firmado en Viena el día 18 de abril de 1961 . Según señala dicho texto, entre las funciones de una misión diplomática se encuentra «la de enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al Gobierno del Estado acreditante».

Dicho convenio también contempla ciertas obligaciones por parte del Estado receptor, que, según el artículo 26, «garantizará a todos los miembros de la misión la libertad de circulación y de tránsito por su territorio», por lo que el Gobierno cubano, que rubricó este convenio en noviembre de 1963, no podrá impedir a los diplomáticos de la UE que salgan a la calle. « La persona del Agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto», sostiene, por su parte, el artículo 29 del convenio.

Habrá que ver ahora cuál es la reacción del Gobierno de Cuba ante el paso adelante dado tanto por Bachelet como Borrell, para asegurar que discurra con normalidad y de forma pacífica la marcha del 15-N, en la que el pueblo cubano pedirá cambios, más libertades y la liberación de todos los presos políticos, cuya cifra supera actualmente las 600 personas.