La violencia en las cárceles de Venezuela ha empeorado con el chavismo

En Venezuela existen 178 centros de detención preventiva en la jurisdicción civil y 20 en la jurisdicción militar, según la ONG Una Ventana a la Libertad . Su director, Carlos Nieto , asegura que la superpoblación en las comisarías es del 400%.

Pero el hacinamiento no es el único problema de los centros de detención preventiva. Según Una Ventana a la Libertad, el 62% no posee servicios higiénicos, el 64% carece de agua potable, el 52% de servicio de recogida de basuras y el 100% no dispone de servicio de lavandería. A la insalubridad se suma que el 98% de las comisarías no tienen servicio médico .

Los presos están hacinados en instalaciones insalubres y no precisamente cómodas. El 96% no cuenta con comedores , el 92% no tienen zonas recreativas y el 86% no dispone de áreas de visita. Las mujeres y menores tampoco disponen de zonas propias. El 99% de las comisarías no tienen zonas especiales para menores de edad, el 61% carecen de espacio para las mujeres y el 100% no cuenta con áreas para mujeres con menores de edad o lactantes .

Esta ONG que se ocupa de la situación de los presos en Venezuela responsabilizó del motín en Valencia a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela .

Desde Ginebra, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein , denunció este jueves que en las cárceles de la Policía venezolana, «usadas usualmente como centros permanentes de detención, existe hacinamiento generalizado y condiciones terribles de detención», informa Ep. En su opinión, «las malas condiciones, exacerbadas por los retrasos judiciales y el uso excesivo de la detención preventiva, generan reiterados hechos de violencia y motines» .

Tras recordar que corresponde a los estados garantizar «la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad», instó al Gobierno de Nicolás Maduro a que «adopte inmediatamente medidas para mejorar las condiciones de detención en cumplimiento con las normas y los estándares internacionales de derechos humanos, incluida la prohibición de la tortura, así como los tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes» . Por último, pide al Gobierno de Caracas que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, «con el fin de que se habilite un monitoreo independiente de centros de detención por un mecanismo internacional».