La verdad de un premio Nobel de la Paz

La empresa brasileña Odebrecht también financió la campaña del plebiscito sobre las FARC de 2016

Ramón Pérez-Maura
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Colombia vive estos días un creciente interés por saber la verdad de la financiación de la campaña electoral del presidente Santos por Odebrecht, la empresa brasileña que ha tergiversado el resultado de múltiples elecciones presidenciales en nuestra América hermana. La empresa creó una contabilidad oscura para financiar a candidatos que después le devolvían sus favores con grandes contrataciones de obra pública. La presencia de Odebrecht está probada en procesos electorales del propio Brasil, México, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador y Colombia, además de los países lusófonos de África: Angola y Mozambique. Varios presidentes están detenidos o están siendo investigados. Pero hay uno que, hasta la fecha, ha conseguido zafarse de las pesquisas: Juan Manuel Santos.

La capacidad de Santos para mantener el silencio sobre este caso ha sido sorprendentemente duradera. Las fotos de directivos de Odebrecht en su avión presidencial son conocidas. Pero no ha sido hasta ahora que hemos sabido cómo Santos tuvo que distraer la documentación de la financiación de su campaña electoral. La periodista Vicky Dávila publicaba la semana pasada en la revista Semana unas transcripciones de conversaciones entre Roberto Prieto, el tesorero, y Araceli Rojas, la auditora de las campañas de Santos. En ellas se cuenta con toda claridad que las cajas con esa contabilidad fueron urgentemente removidas de la empresa de almacenaje donde estaban custodiadas y devueltas al palacio presidencial en mayo de 2017, cuando la Fiscalía empezó a tomarse verdadero interés en el caso. Lo que se limpió allí de la contabilidad no lo sabrá nadie.

Entre tanto, el tesorero Roberto Prieto ha sido condenado ya a cinco años y dos meses de prisión por la financiación irregular de la campaña santista, lo que recuerda mucho al Caso 8.000, el de la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper por el narcotráfico en 1994. Samper acabó admitiendo que podían haber llegado esos recursos ilícitos a su campaña, pero aseguró que había sido sin su conocimiento. Lo que no legitimaba el proceso.

Ya contamos en su día cómo Santos benefició a la presidenta del Comité Nobel de la Paz, Kathy Kulmann-Five, con concesiones petroleras cuando estaba en la compañía estatal noruega de petróleo. Ahora sabemos, como ha atestiguado Andrés Sanmiguel Castaño, directivo de la compañía que canalizó el dinero de Odebrecht a la campaña de Santos, que los fondos de la constructora brasileña fueron fundamentales para que Santos pudiera ganar la segunda vuelta de 2014 después de haber perdido la primera contra Iván Zuloaga. Y el dinero de Odebrecht se empleó también en la campaña por el «sí» en el plebiscito sobre el acuerdo de paz con las FARC de octubre de 2016, como atestigua el ex senador Bernardo Elías y denuncia el gran periodista Mauricio Vargas en El Tiempo.

Cuando uno lee la auto hagiografía de Juan Manuel Santos, «La batalla por la paz» (Península, Barcelona 2019) se sorprende de ver que de las 589 páginas de un libro sobre cómo hacer la paz, sólo ¡diez! estén dedicadas a explicar por qué los colombianos dijeron «no» en un plebiscito sin medios y luchando contra todo el aparato del Estado, muy activo en la campaña electoral. Ahora sabemos que, además, esta paz que ha llevado esta semana a posesionarse como senador a Israel Zúñiga, alias Benkos Biojó, un asesino de las FARC condenado a 36 años de cárcel por asesinar a 74 personas en Bojayá en 2002, y que ahora tiene silla curul sin un día de prisión, es una paz financiada por la mayor trama de corrupción de América. Y Santos sigue siendo un héroe fuera de Colombia.

Ramón Pérez-MauraRamón Pérez-MauraArticulista de OpiniónRamón Pérez-Maura