Venezuela acusa de terrorismo a la niñera del Pollo Carvajal y un primo de su mujer

De acuerdo a la documentación del caso a la que tuvo acceso ABC, la niñera, de nombre Gabriela y 31 años de edad, llegó junto al primo de la esposa, Bruno; que tiene 26, en un vuelo de Turkish Airlanes al aeropuerto de Maiquetía, en La Güaira, el pasado 3 de noviembre portando en total 6 maletas. Recibieron el alto en el control de inmigración porque, según el funcionario al cargo, mostraban «actitud nerviosa». Era la primera vez que ambos volvían a Venezuela desde que Carvajal fue detenido en España. Hasta ahora, no pesaban cargos en el país contra ninguno de sus familiares si bien a su marcha se produjeron detenciones de dos trabajadores de la familia y todas sus propiedades fueron intervenidas.

En un aparte, se les registró el equipaje y, tal y como expone el acta, «se logró encontrar algunos documentos de manera oculta que estaban doblados a su menor tamaño , los cuales fueron detallados por los funcionarios y estos se percataron que su contenido era sospechoso por cuanto estaban plasmados temas de actos terroristas a ejecutar en territorio venezolano». Se les intervinieron además, 9 teléfonos móviles de los que el grueso, conforme declararían después ante la juez de guardia, eran para regalar.

Los documentos son en concreto dos folios iguales con supuestas instrucciones mecanografiadas y de redacción rudimentaria para cada uno de ellos y un mapa con puntos marcados. En la hoja dirigida a la niñera, se lee, entre otras cosas: «Cuando estés en Caracas te voy a enviar una persona para que vayas a Artigas en la Avenida San Martín donde se reúnen todos los ingenieros informáticos que actualizan las máquinas de votación. Toma fotos que voy a mandar hacer un trabajo allí con un explosivo ». En otro apartado, reza: «Te mandé con Bruno un mapa donde supuestamente se van a hospital todos los observadores, necesito que confirmes eso urgentemente». Añade que debe coordinarse «con Angélica» para todo.

En cuanto al que se dirige a él, es más específico: «Primero ve a Viento Fresco en Maturín y busca en el cuarto las armas 'largar' (sic.) y llévalas a Caracas una por una, no dejes que te agarren porque desde aquí no puedo ayudarte. Tienen que estar allí antes del 21 de noviembre. Después anda a la finca Vista Ranch que está ahí mismo en Maturín. Ahí te van a entregar un dinero y llévalo a Caracas también, me avisas para decirte a quien se lo va a entregar, habla con Ruth para eso. Cuando estés en Caracas comunícate con los de nosotros para lo del explosivo , eso es urgente».

La cuestión es que las dos fincas que menciona, Viento Fresco y Vista Ranch, fueron intervenidas por la justicia venezolana cuando Carvajal rompió con el régimen de Maduro y fue declarado traidor, hace ya tres años. Angélica es el nombre de la esposa de Carvajal y Ruth es la hermana de Bruno. Ambas viven en Madrid, donde el general se encuentra en prisión preventiva desde septiembre en espera de extradición a EE.UU. Ni la Fiscalía ni la Policía venezolana las identifica en las actuaciones.

Ya los funcionarios del aeropuerto, adonde se desplazaron efectivos de la DGIM, dejaron constancia de que los dos detenidos «guardan vinculación directa con el mayor general Hugo Carvajal quien se encuentra evadido de la justicia venezolana y en calidad de detenido en España por delitos de delincuencia organizada y considerado traidor de la patria de Venezuela».

El pasado 6 de noviembre pasaron a disposición judicial. El abogado de ambos solicitó la puesta en libertad por falta de indicios y argumentó que esa documentación intervenida «no son mensajes de telefonía, es una hoja blanca donde los funcionarios actuantes redactaron esos mensajes, que no provienen de un vaciado telefónico ni de una foto tomada a la aplicación de mensajería».

«Es una hoja de papel que puede realizarse por cualquier persona, no indican ni individualiza a quien de los dos de mis representados se les desprende ese mensaje. Se dice que tiene relación con un exfuncionario del gobierno, no hay un acta policial donde se muestre esa relación. Mis representantes no son más que diáspora venezolana», recoge el acta de la comparecencia. Ellos se limitaron a explicar que desconocían las razones de la detención.

Sin embargo, la juez asumió las imputaciones que elevó la Fiscalía de Venezuela y los envió a prisión preventiva ante riesgo de fuga por indicios de «asociación para delinquir, conspiración y terrorismo».

Las fuentes consultadas en el entorno del Pollo Carvajal por ABC insisten en que se trata de una maniobra de coacción y presión para que revierta su colaboración con la justicia española. Hasta ahora, ha prestado declaración dos veces ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, donde ha asegurado que el gobierno venezolano financia a movimientos políticos y partidos afines en distintas partes del mundo enviando dinero en efectivo por valija diplomática a través de sus delegaciones consulares.

Esas revelaciones han llevado a la Audiencia Nacional a reabrir una causa de 2016 sobre presunta financiación irregular de Podemos con el cofundador del partido, Juan Carlos Monedero, en el punto de mira. Pero además, han motivado que la Fiscalía de Milán se vaya a desplazar a España el próximo martes para, con la venia del juez español, interrogar a Carvajal sobre el despliegue de estos mismos métodos para apoyar económicamente al partido de izquierdas italiano Movimiento 5 Estrellas , que igualmente está siendo investigado en aquel país.

De acuerdo a las fuentes consultadas, esa colaboración está ahora en el aire tras lo sucedido con la niñera de Carvajal y el primo de su mujer, a quienes ni el letrado ni la familia ha tenido acceso desde la vista con la juez el 6 de noviembre y que siguen encarcelados en Venezuela. Temen además, por la seguridad del resto de la familia del general, política y natural, incluida su madre , que sigue residiendo en el país, especialmente ahora que con la perspectiva de la celebración de elecciones el 21 de noviembre se están produciendo actuaciones policiales en distintos puntos del país con la supuesta misión de impedir atentados y sabotajes.