Turquía cierra 370 organizaciones civiles por vínculos «terroristas»

La última decisión ha sido la de clausurar 370 organizaciones civiles repartidas por 39 provincias del país eurasiático. 153 están acusadas de tener relación con lo gülenistas; 190, con el PKK; y 19, con el grupo de extrema izquierda DHKP-C. Para llevar a cabo los cierres, Ankara ha echado mano, una vez más, del estado de emergencia que rige el país desde pocos días después del levantamiento militar.

Entre las asociaciones clausuradas por el decreto ejecutivo se incluyen numerosas ONG, como Gündem Çocuk Dernegi, que trabaja en la defensa de los derechos de los niños, o Sarmasik Dernegi, centrada en la distribución de comida y ayuda a los sectores de la sociedad más marginados de la sociedad.

En este marco legal extraordinario, el Gobierno posee poderes especiales para aprobar decretos ejecutivos sobre asuntos que en condiciones normales no podría regular. El cierre de cientos de medios de comunicación y la expulsión de decenas de miles de funcionarios de sus puestos de trabajo, elementos clave de la purga promovida por el presidente Recep Tayyip Erdogan, se han podido realizar gracias al estado de emergencia.

Tras el apoyo al Gobierno del islamista AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo) durante los días inmediatamente posteriores a la sublevación, el socialdemócrata Kemal Kiliçdaroglu, líder del secular CHP (Partido Republicano del Pueblo), muestra ahora una total oposición a las medidas del Ejecutivo, al que acusa de violar la división de poderes con el estado de emergencia. «La justicia tiene que ser para todos. Nosotros nunca hemos dicho que no seguimos las decisiones de los tribunales, ellos sí», ha asegurado Kiliçdaroglu ante miembros de su partido.

El líder socialdemócrata también ha criticado las recientes detenciones de los colíderes del prokurdo HDP (Partido Democrático de los Pueblos). Esto ha provocado que la tensión entre su partido y el Gobierno islamista se extreme todavía más.

A pesar de todo, Erdogan todavía no ha conseguido el gran objetivo de la purga: arrestar al teólogo Fethullah Gülen , al que el Gobierno acusa de ser el autor intelectual del golpe de Estado. Gülen reside en Estados Unidos desde 1999 y Ankara no ha dejado de presionar a su aliado en la OTAN para conseguir la ansiada extradición.

Diversos mandatarios turcos, así como numerosos medios de comunicación progubernamentales, han criticado con dureza a Washington por no entregar a Gülen. No obstante, la sensación en Ankara es que la situación puede cambiar con la llegada del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El principal asesor militar del próximo inquilino de la Casa Blanca , el teniente general retirado Michael T. Flynn, ha definido al enemigo número uno de Erdogan como «un islamista radical» y ha asegurado que su país no debería darle refugio.