Trump acepta una reforma policial limitada entre nuevas protestas por abusos a la minoría negra

Ayer se cumplían tres semanas de la muerte de George Floyd , a quien un policía asfixió en Mineápolis durante casi nueve minutos, mientras estaba esposado, contra el suelo y sujeto por otros dos agentes. El episodio levantó en protestas a todas las grandes ciudades de EE.UU. que en muchas ocasiones acabaron en disturbios violentos y saqueos. Este fin de semana, la muerte de Rayshard Brooks -otro joven negro- en Atlanta por disparos de la policía ha reactivado las manifestaciones que habían empezado a bajar de tono con el paso de los días.

El presidente de EE.UU. ha mantenido un tono agresivo frente a las protestas y disturbios. Ha amenazado con el despliegue del ejército para contener los episodios violentos, ha acusado a la «extrema izquierda» de promover la violencia y ha repetido su postura de «ley y orden». En un principio lamentó y condenó la muerte de Floyd, pero lo retrató, como otros altos cargos de su administración, como un caso aislado, como la manzana podrida dentro del cesto.

La semana pasada, sin embargo, empezó a abrir la puerta a promover una reforma policial limitada. El discurso en la calle se lo puso fácil: frente a los «recortes a la policía» o la «abolición de la policía» que se gritan en las calles de las ciudades de EE.UU., Trump aseguraba que apoyaba el uso de fuerza. «Pero fuerza con compasión», dijo en una mesa redonda con miembros de fuerzas del orden en Dallas (Texas). En una entrevista con Fox News, se mostraba por primera vez en contra de las maniobras de asfixia como la que el policía realizó a Floyd -y que también supusieron la muerte a otro hombre negro desarmado, Eric Garner, en Nueva York en 2015-, que muchos estados y cuerpos de policía han prohibido o buscan hacerlo. «No me gustan los ahogamientos», dijo Trump, que defendió que «de forma general, deberían acabarse».

La orden ejecutiva que hoy prevé presentar no contendrá nada de los «esfuerzos radicales», como él los ha calificado, de quienes buscan los «recortes» de la policía, un movimiento que ha ganado peso en la opinión pública y que pretende trasladar parte de la financiación de los cuerpos de policía a servicios sociales.

Su directiva será «un paso en la dirección adecuada», según aseguró ayer S. Lee Merritt, un abogado de familias negras con víctimas a manos de la policía, a la cadena pública PBS. Merritt, que tiene previsto participar en el anuncio de Trump y que, también hoy, comparecerá ante el Senado en una comisión sobre abusos policiales, explicó que la orden ejecutiva tendrá cinco puntos : reconocerá que ha habido casos de abusos policiales que han provocado la desconfianza de las comunidades negras; establecerá un sistema de certificación nacional para los cuerpos de policía; creará una base de datos federal con agentes acusados de abusos de fuerza ; fomentará la incorporación de expertos en salud mental y servicios sociales en los cuerpos policiales; y animará al Congreso a aprobar legislación sobre reformas policiales.

Este tipo de orden permitirá a Trump defender que ha impulsado cambios en la policía -que se consideran necesarios de forma mayoritaria en EE.UU.- mientras que pasará la patata caliente al Congreso sobre la extensión y la profundidad de esas reformas, donde las posturas son muy distantes.

La semana pasada, varios legisladores demócratas presentaron una propuesta legislativa ambiciosa, que afecta a la inmunidad de la que gozan los policías en el ejercicio de sus funciones, expande la transparencia de los departamentos de policía, impone cambios en la formación de los agentes -en especial, en lo que tiene que ver con discriminación racial-, prohibe los ahogamientos o limita el uso de equipamiento y armamento militar a la policía.

Mientras que la Cámara de Representantes tiene mayoría demócrata, es muy difícil que la propuesta sobreviva a una votación en el Senado, controlado por los republicanos. Eso no quiere decir que los republicanos no tengan sus propios planes: la Casa Blanca está trabajando con el senador Tim Scott -el único republicano negro en la cámara alta, hay otros dos demócratas- para pergeñar su propio plan, en el que está involucrado el yerno y asesor del presidente, Jared Kushner .

Los movimientos para implementar reformas policiales se aceleran al mismo paso que la ola de indignación por la muerte de Floyd recobra fuerza esta semana por el reciente episodio de Atlanta. Brooks murió por los disparos de un agente después de que la víctima le quitara un «taser» -una pistola de descarga eléctrica no letal-, le apuntara con ese arma y tratara de huir tras ser detenido por quedarse dormido con el coche en un aparcamiento y dar positivo por alcohol.

«Su vida importaba», lamentó ayer su sobrina, Chassidy Evans , en una rueda de prensa de su familia. Y recordó los nombres de otros negros, que se gritan en las protestas de todo el país -G eorge Floyd, Breonna Taylor, Michael Brown - y que murieron en circunstancias similares.

Evans, que dijo que se puso del lado de la policía de Atlanta ante el vandalismo de las últimas semanas, pidió «a todo el mundo en el país que se ponga de nuestro lado para que haya justicia con Rayshard». El primer paso podría ocurrir mañana, cuando está previsto que la fiscalía del condado de Fulton, en la principal ciudad de Georgia, presente cargos contra Garrett Rolfe, el policía que disparó a Brooks cuando este huía. Rolfe fue despedido y el otro policía que participó en la operación, Devin Brosnan , fue colocado en baja administrativa. El fiscal del distrito, Paul Howard, aseguró a la CNN que los cargos contra Rolfe podrían ir desde asesinato a homicidio imprudente, pero también que no se produjera ninguna acusación.