Las esposas de tres de los disidentes condenados, ante el Capitolio de la Habana. AP

Los tribunales cubanos han impuesto ya un total de 680 años de prisión a decenas de disidentes

LA HABANA. ABC
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Las primeras sentencias dictadas por catorce tribunales cubanos fijan condenas que ascienden, en conjunto, a 680 años para decenas de disidentes sometidos a juicios sumarísimos, según datos de la oposición interna.

De acuerdo con el último informe de la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), las 36 condenas confirmadas hasta ahora oscilan entre los 10 y los 27 años de prisión mayor.

En conjunto, los tribunales emitieron el lunes 20 sentencias con condenas de entre 20 y 27 años y otras 16 inferiores a los 18 años de prisión.

Las acusaciones, en la mayoría de los casos, se centran en delitos contra la «integridad» o «independencia del Estado», «conspiración» con EE.UU., e intentos de socavar los principios de la revolución cubana.

De 27 a 12 años de condena

La condena más alta confirmada por la Comisión asciende a 27 años y ha sido dictada contra el periodista independiente Omar Rodríguez Saludes, seguida por los 26 años impuestos al disidente Víctor Arroyo por un tribunal de Pinar del Río, en el este de la isla.

Entre los condenados a 20 años figuran los periodistas independientes Raúl Rivero, Ricardo González y Oscar Granados Chepe, así como Marta Beatriz Roque, líder de la «Asamblea para promover la sociedad civil».

Los opositores Osvaldo Alfonso y Héctor Palacios, del movimiento «Todos Unidos», fueron condenados a 18 y 25 años de cárcel, respectivamente, aunque los fiscales solicitaban para ellos cadena perpetua.

La condena más baja, de 12 años de cárcel, fue para Efrén Fernández, colaborador de Oswaldo Payá en el Movimiento Cristiano Liberación y en el Proyecto Varela, según los datos de la CCDHRN. Regis Iglesias, también colaborador de Payá, fue condenado a 18 años de prisión.

Si lo que el régimen cubano pretendía era no llamar la atención internacional aprovechando que la opinión pública está concentrada estos día en Irak, no lo ha conseguido y las protestas han surgido en todo el mundo.

El jefe de la oficina de intereses de Estados Unidos en La Habana, James Cason, calificó ayer en Miami de «mentira» (en castellano) las acusaciones que le dirigieron directamente las autoridades cubanas de dedicarse a actividades conspirativas junto a disidentes de la isla, ahora juzgados.

Cason advirtió que la espiral de represión desatada en Cuba en los últimos días podría ocasionar una nueva ola de emigración como las que vivió el Estado de la Florida en 1980 y 1994.

Un portavoz de la Comisión Europea expresó ayer la fuerte preocupación del ejecutivo europeo ante las condenas de disidentes detenidos en Cuba e hizo un llamamiento a su inmediata liberación. En la Comisión hay «mucha preocupación por lo que está pasando», señaló el portavoz de Poul Nielson, comisario europeo de Desarrollo, que visitó Cuba en marzo.

La responsable del Gobierno alemán para la política humanitaria y de derechos humanos, Claudia Roth, pidió a las autoridades cubanas que levanten las sentencias.

El ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Bill Graham, citó el lunes al embajador de Cuba para entregarle una fuerte protesta.

La ministra de Asuntos Exteriores de España, Ana Palacio, y su homólogo mexicano, Luis Ernesto Derbez, que se encuentra en Madrid, manifestaron la preocupación de sus Gobiernos por las sentencias.

El Partido Popular español ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para condenar la «ola de represión en Cuba contra la oposición democrática», cuyo contenido confía en que sea respaldado unánimemente por la Cámara Baja.

Ayer, desde la tribuna del Congreso de los Diputados español, la diputada del Partido Socialista, Delia Blanco condenó los juicios a los disidentes cubanos. En este sentido, expresó públicamente la «condena» del PSOE por las detenciones, los «juicios sumarísimos», la falta de garantías y los delitos «inventados».

También en sectores de la izquierda internacional se dejaron oir las protestas. En Francia, el Partido Comunista (PCF) condenó «con la mayor firmeza» la represión contra los disidentes cubanos.

En Italia, el secretario de Democráticos de Izquierda (DS), ex partido comunista italiano, Piero Fassino, calificó de «inadmisibles e injustificables», las 36 condenas decretadas por los tribunales cubanos a los disidentes.

En España, el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, aseguró al respecto que su formación política «defiende y va a seguir defendiendo» los derechos humanos y la libertad de expresión «en cualquier Estado y territorio con cualquier tipo de régimen», y que se siente «identificada» con la defensa de los derechos de manifestación e ideas.

Por su parte, el portavoz de la Federación Los Verdes - Izquierda Verde y candidato a la Alcaldía de Madrid, José María Mendiluce, expresó su rechazo y condena a los juicios celebrados en Cuba, y anunció que hoy entregará mañana un escrito de protesta dirigido al cónsul de Cuba en España.

«Injustificado» y «estalinista»

Las diversas organizaciones profesionales y humanitarias internacionales también han reaccionado en contra. Human Rights Watch (HRW) consideró «totalmente injustificadas» las severas sentencias de los tribunales cubanos.

«Estas duras sentencias están totalmente injustificadas», asegura en un comunicado el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco. «Cuba está desobedeciendo normas de Derechos Humanos fundamentales», agregó.

Amnistía Internacional exigió la inmediata liberación de los disidentes cubanos condenados. Reporteros Sin Fronteras calificó de «estalinistas» los jucios. Para esta organización demuestran que el sistema jucidial cubano es una «parodia», ya que reúne todos los elementos de los procesos «estalinistas».