El Tribunal Supremo de Venezuela sigue fiel a Nicolás Maduro

«Rechazamos las declaraciones de Mike Pence . Pretende someter a altas autoridades judiciales a amenazas de violación de los principios de independencia. De manera infame propone a los altos administradores de la justicia ponerse al margen de la Constitución», dijo Moreno. Asimismo, el alto funcionario chavista alertó a la comunidad internacional de la «amenaza unilateral a este TSJ, el cual está integrado por 32 magistrados. Denunciamos ante el país que los EE.UU. intenta con este ultimátum que este poder se ponga al margen de la democracia y propicie un golpe de Estado», agregó.

Horas antes de que Pence se pronunciara, el TSJ acusó a siete diputados opositores de participar en el fallido levantamiento militar liderado por el presidente interino, Juan Guaidó , y por Leopoldo López , en el que se esperaba derrocar a Maduro con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional el pasado 30 de abril. Entre los parlamentarios señalado de «traicionar la patria» está Henry Ramos Allup, una figura de peso dentro de la oposición y expresidente de la Asamblea Nacional.

«Bajo Maduro, el TSJ ha socavado su mandato constitucional de proteger los derechos individuales y el imperio de la ley, y se ha convertido en una herramienta política de un régimen que usurpa la democracia , enjuicia a prisioneros políticos y promueve el autoritarismo», dijo Pence durante la Conferencia sobre Las Américas realizada en Washington este martes. «Llegó la hora para que este cuerpo retorne a su propósito de fundación. Si el Tribunal no regresa a su mandato constitucional de hacer cumplir las leyes, EE.UU. va a responsabilizar a los 25 magistrados por sus acciones», advirtió una de las voces de la Casa Blanca más crítica con Maduro.

Con esta escalada del régimen venezolano para perseguir a la dirigencia opositora, a través del TSJ , la diputada Mariela Magallanes, una de las siete acusadas, pidió refugio en la residencia del embajador de Italia, según confirmó el Ministro de Exteriores italiano, luego que se iniciara el proceso para allanarle la inmunidad parlamentaria.

La decisión tomada el martes por el máximo órgano judicial provocó que el régimen venezolano se hiciera con el control de dos aeropuertos pequeños, ubicados a escasos minutos de Caracas , para evitar la fuga de varios opositores, luego que el TSJ asegurara que cometieron «actos ilícitos que comprometan la seguridad del país».

El nombre de Maikel Moreno fue mencionado estos días por la prensa por haber participado en la negociación de la oposición con altos cargos chavistas para lograr el cese de la usurpación, uno de los objetivos que tiene Guaidó, y que le abriría el camino para instalar el gobierno de transición y posteriormente convocar elecciones libres.

Las reuniones -en las que también participó Washington- comenzaron hace tres meses, y permitieron diseñar un pacto de 15 puntos. La ruta marcada establecía una salida «planificada» del presidente chavista y la instalación del gobierno de transición. Sin embargo, medios venezolanos filtraron que Moreno habría puesto exigencias sobre la mesa durante las negociaciones. Entre ellas que Estados Unidos levantara las sanciones económicas en su contra, ser el presidente de la junta (de transición), seguir en el TSJ, poner a su asistente clandestino en la Fiscalía General y nombrar al ministro del interior.

Estos compromisos habrían enfriado el pacto entre Guaidó y los chavistas, en el que también habrían participado el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; Manuel Christopher Figueira, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), quien fue destituido por Maduro y que está en paradero desconocido, e Iván Hernández Dala, jefe de la Guardia de Honor presidencial.