Un tribunal investigará a Macri por el submarino ARA San Juan hundido en 2017

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, donde se encuentra el puerto más cercano al lugar del siniestro que se produjo el 15 de noviembre del 2017, atendió una apelación de los familiares y ordenó que se investigue a Macri y a sus subordinados en busca de responsabilidad penal (la política era evidente). Los magistrados de esta instancia superior buscan «indagar y acreditar» el grado de conocimiento que tenían el expresidente y el resto de sus subordinados sobre el estado del buque, el adecuado cumplimiento de mantenimiento del mismo y los recortes de presupuesto que sufrió la Armada.

La desaparición y posterior localización del ARA San Juan movilizó a medio mundo en busca del submarino. Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña desplazaron equipos de alta tecnología y otros países, incluido España, pusieron a disposición embarcaciones (hasta de pesca) que navegaban en la zona o las dirigieron allí para peinar un fondo submarino que es un misterio, tan profundo como el por qué en un submarino como el ARA San Juan, se podía filtrar agua por el periscopio, fallar el cuadro eléctrico, generar gases tóxicos y terminar implosionando. Después, se conocería que la nave había registrado, en el 2016, más de 20 incidencias de mal funcionamiento.

Los motivos de las prácticas del buque en zona tan alejada de la costa (Usuhuaia, en la ruta de las islas Malvinas) las alarmas que se dieron desde el mismo y las instrucciones recibidas estuvieron bajo sospecha durante la incesante búsqueda internacional del aparato. Los familiares de la única mujer y los 43 marinos que se encontraban a bordo del ARA San Juan exigen conocer la verdad. En ese contexto de telegramas ocultos, advertencias de agencias internacionales con equipos de radar de última generación que registraron la explosión y de informaciones contradictorias, se acusa al expresidente de Argentina, a su exministro y al exjefe de la Armada de encubrimiento por, presuntamente, haber ocultado la ubicación exacta del buque antes de que la confirmara un dispositivo estadounidense desplazado en la zona. Al menos, esa es la acusación que hizo ante el juez, del excomandante de adiestramiento y alistamiento naval, Luis Enrique López Mazzeo.

La investigación oficial del Gobierno argentino de Macri desembocó en la destitución del jefe de la Armada Marcelo Srur, del contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo y de, entre otros, el capitán de navio Claudio Villamide,.

Lo que queda del ARA San Juan, permanece sumergido a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia. Pesaba 2.300 toneladas, le sorprendió una tormenta que, según los especialistas, podría haber capeado si hubiera estado en perfecto estado. No fue así. A raíz de aquella tragedia se destapó un largo historial de acusaciones de corrupción en los astilleros, equipos de supervisión y mantenimiento y en cargos de la Marina. Esta semana, el día 25, Argentina será testigo de un Consejo de Guerra de algunos de aquellos militares pero este proceso es independiente de que busca sentar en el banquillo a Mauricio Macri, Oscar Aguadu y el exjefe de la Armada, Marcelo Rsud.