El Tribunal Constitucional alemán rechaza la iniciativa de Berlín contra el partido de los neonazis

El Gobierno de Gerhard Schröder había invertido un importante capital político en el caso contra el partido Partido Nacional de Alemania (NPD) a meses de las elecciones pasadas y cuanto todas las cifras económicas se le torcían; la presión para involucrar también a las cámaras legislativas en la querella sólo puede magnificar la pifia. La sentencia del constitucional en Karlsruhe es un importante fracaso para el gobierno de Socialdemócratas y Verdes, según los analistas, pero salpica también al legislativo, al respaldar pruebas cuestionables, y al propio sistema democrático, al conceder gratuitamente una victoria a un partido tan reducido como detestable.

«El caso ha sido desestimado», sentenció ayer el presidente de esta corte suprema, el juez Winfried Hassemer. El proceso se había empantanado hace un año cuando se supo que el caso presentado por el Gobierno se basaba, entre otros, en testimonios de informantes del servicio secreto interior (BfV), esto es, que estarían a sueldo del propio ejecutivo que presentaba la demanda.

La cuestión implica que cualquiera de los testigos pagados por el Gobierno podría haber actuado en realidad como provocadores para fundamentar el caso. Partidos y Gobierno se lanzaban ayer los trastos a la cabeza sobre la culpabilidad de que el proceso contra el siniestro NPD haya resultado una chapuza. ¿Tiene o no derecho el Gobierno a utilizar la información proporcionada por sus soplones? ¿Se ha quedado trabado en legalismos absurdos el tribunal, con un voto por minoría?, como insiste el ministro del Interior, como querellante principal.

El NPD es insignificante electoralmente, tiene unos 7.000 miembros activos con una media de 25 años; pero ha sido muy ruidoso a lo largo de los años noventa, con una proliferación de crímenes contra emigrantes en las regiones orientales, por parte de sus miembros o de sus seguidores de cabeza pelada, lo que motivó al gobierno en 2001 a presentar por primera vez en décadas un caso constitucional para la ilegalización de un partido.

El Gobierno quiso la implicación de las dos cámaras, como partes querellantes, pese a las crecientes dudas en algunos sectores sobre las prisas o solidez del proceso. Pronto cundieron las revelaciones de que al menos 30 personas del entorno del partido Socialdemócrata y la administración pública figuraban como informantes, lo que hizo denunciar el caso a los abogados del NPD como una patraña que cuestionaba la propia democracia alemana.

En el último tramo del proceso el propio ministro federal del Interior, Otto Schily, ha defendido ante el tribunal la implicación de informantes como testigos de cargo. Se da la circunstancia de que Schily era un abogado de los terroristas de la Fracción del Ejército Rojo (RAF) en los años 70, grupo en el que militaba el ahora abogado defensor y dirigente del NPD, Horst Mahler, que ha presentado la tesis de que los testigos eran en realidad provocadores que manipularon las acciones del partido.

Schily dijo en Karlsruhe que los informantes del servicio secreto provenían «de la propia carne del NPD» y habían crecido dentro de la cuestionada organización. Mahler replicó que al menos dos de los principales informantes habían tenido influencia en la formación ideológica y dirección del NPD.

El ministro del Interior bávaro, Guenter Beckstein, un duro de la conservadora CSU, insistió ayer en que el NPD «es un partido agresivo y odioso» y que un informante no es un contratado al servicio de un cliente, sino simplemente alguien que pasa información al Estado por unos cientos de marcos al mes.

La semana pasada el Constitucional había rechazado la petición de urgencia con la que los poderes legislativo y ejecutivo pretendían evitar un sobreseimiento del proceso, con la finalidad de aportar explicaciones adicionales a la causa, aunque el plazo había vencido hacía meses. La desestimación de Karlsruhe a las explicaciones había hecho ya temer que el tribunal fallara a favor del NPD. El proceso había comenzado en enero del 2001, cuando el ministro del Interior, demandó al TC la prohibición de dicho partido como responsable del aumento de la violencia ultraderechista. Según datos oficiales, el año anterior se habían registrado 11.000 delitos de carácter racista y xenófobo, un 60 por ciento más que en el año anterior.