El cadáver de Joanna Demafelis, la filipina asesinada y guardada en un congelador en Kuwait, llega a Manila
El cadáver de Joanna Demafelis, la filipina asesinada y guardada en un congelador en Kuwait, llega a Manila - REUTERS

Los tres flagrantes abusos contra las filipinas en el mundo árabe

La aparición del cadáver de una emigrante en el congelador de un domicilio en Kuwait revela un sistema moderno de esclavitud

FRANCISCO DE ANDRÉS
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Muy pocos refugiados sirios o iraquíes optan por emigrar a los vecinos y ricos países árabes del Golfo, y los últimos casos de explotación de mano de obra extranjera ilustran muy bien el porqué. Filipinas -uno de los países exportadores netos de chóferes y empleadas de hogar a las petromonarquías- acaba de prohibir a sus nacionales viajar a Kuwait, tras la aparición del cadáver de una de sus nacionales en el congelador de la casa de sus patronos. Las autoridades del emirato han prometido aclarar el caso, que se repite sistemáticamente desde hace años en todos los países del Golfo, en particular en Arabia Saudí y Kuwait, donde trabajan más de un millón de empleadas del hogar filipinas en condiciones -según organizaciones como Human Rights Watch­ de auténtica «esclavitud moderna».

El régimen legal que la articula se denomina «kafala» o sistema de patrocinio, al que deben acogerse todos los trabajadores extranjeros procedentes de países pobres asiáticos. La primera peculiaridad del sistema es el vasallaje que establece el contrato, en el que la agencia laboral actúa como intermediaria. El patrón árabe -saudí, kuwaití o emiratí- requisa el pasaporte del empleado, y a veces también su teléfono móvil, para asegurar que no podrá cambiar de empleo ni regresar a su país sin su permiso mientras dure el contrato. Lógicamente, esta condición de la «kafala» incluye también la inexistencia del derecho a vacaciones.

Rothna Begum, de «Human Rights Watch», explica en un reportaje de investigación realizado por «The Guardian» que en muchos domicilios del mundo árabe «las empleadas filipinas no tienen ningún estatus legal: han sido simplemente compradas». Esta mentalidad explica la impunidad que rodea todos los posibles abusos, físicos y psicológicos, a que se ven sometidos con frecuencia por parte de los empleadores. No obtienen apoyo por parte de sus embajadas ni de la agencia de empleo mientras dure el contrato, y si deciden huir saben que les espera la cárcel.

A la explotación laboral, y a veces física, se suma la persecución general contra las minorías religiosas. Arabia Saudí es, en este punto, especialmente celoso. Los trabajadores filipinos, en su mayoría católicos, tienen prohibido de modo terminante practicar su religión; no es infrecuente que el chivatazo de alguien conduzca a la policía religiosa saudí a los apartamentos de filipinas, y todas acaben en la cárcel o en un avión de retorno a las islas.