Trasladan a la periodista Camila Acosta a la cuestionada prisión de 100 y Aldabó

«Acabo de ir a la estación de Infanta y Manglar para llevarle objetos de aseo y personales. Y está incomunicada y con la misma ropa», explicaba este miércoles a ABC O rlando Acosta , que denunciaba que le habían «tratado muy mal» los agentes con los que habló en la estación. «No me dejan verla, ni permiten que se comunique. No le han permitido ni una llamada ni nada. Y encima sabemos que ya no está donde estaba. Me dijeron que la trasladaron a la prisión de 100 y Aldabó, una unidad de investigación policial».

Orlando habla apresuradamente porque ahora tiene que «buscar un carro» para llegar al lugar que está situado a dos horas. Las referencias que tiene el padre de esta nueva ubicación no son buenas: «Es un centro de torturas, en el que hay criminales. Y ella no tiene nada que ver con eso. No ha cometido ningún delito. No tiene que estar ahí», subraya con cierto dolor en la voz.

Según fuentes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos , que monitoriza los presos políticos encarcelados por el régimen cubano, se trata de un centro detención que pertenece al Departamento Técnico de Investigaciones (DTI), del Ministerio del Interior. «Hay acusaciones serias de activistas que han pasado por ahí y presos en general que denuncian que allí se comenten torturas de tipo físico y psicológico. Es terrible por las condiciones a las que someten a la gente allí», añade. Se trataría además de un centro masificado, en el que reina el caos sobre la localización y distribución de los presos. «No significa que esto le vaya a suceder a Camila»

Al preguntarle si es una mala señal el traslado de la periodista a este centro, lo confirma: «Sí, porque además de las condiciones y las prácticas de ese lugar, podría indicar que hay un procedimiento en marcha. Me refiero a un proceso penal».

Camila Acosta fue detenida este lunes tras cubrir las protestas en La Habana el pasado domingo. Se le acusa, según confirmaron a su padre este martes, de «desacato» y «desorden público» , por grabar las manifestación y por «incitarlas». Según fuentes especializadas en los procesamientos en Cuba, consultadas por este periódico, la condena por dichos delitos podría oscilar entre los 3 y los 6 años.