Las trampas de Maduro para consumar el fraude electoral

Estas son algunas de las triquiñuelas del Gobierno de Caracas, que utiliza descaradamente la maquinaria de comunicación e información del Estado para promover sus comicios, además de apropiarse del dinero público y de los recursos de la nación para hacer campaña política y así salir victorioso de una contienda electoral donde no hay rivales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), designado arbitrariamente por el Tribunal Supremo de Justicia afín a Maduro y no por la Asamblea Nacional, como manda la Constitución, hizo público el registro electoral actualizado de los venezolanos que están llamados a participar en las elecciones parlamentarias y contabilizó un total de 20.733.941 votantes inscritos. Esto significa que el registro electoral creció casi un 6% en comparación al número de votantes habilitados en los últimos cinco años. Es decir, se llamó a las urnas a 1.229.935 personas más que en las legislativas de 2015, cuando la oposición logró alzarse con la mayoría absoluta de la Cámara, obteniendo 114 de los 167 diputados.

Y aunque más de 20 millones de venezolanos están convocados al «fraude electoral» como tilda la oposición a la jornada chavista, el drama humanitario y la crisis económica han hecho que 5,4 millones de venezolanos hayan huido del país y, con ello, hayan perdido el derecho a votar por sus representantes al no estar residenciados en la circunscripción que les corresponde. A esto se suman las denuncias que durante años ha hecho el bloque opositor de la manipulación partidista del registro electoral, donde aparecen personas fallecidas, identidades duplicadas y hasta una extensa lista de 1.666 personas de entre 111 y 126 años de edad que todavía ejercen supuestamente el sufragio.

Desde el pasado mes de marzo, actores y oenegés vinculadas a asuntos electorales han denunciado la migración fraudulenta de electores de un centro a otro sin contar con el consentimiento de los propios votantes. El periodista especializado en la fuente electoral, Eugenio Martínez, dijo en una entrevista que «entre el registro presidencial de 2018 y el 31 de marzo de este año existen más de 800.000 cambios de residencia». Para corroborar estas denuncias, la ONG Observatorio Electoral Venezolano (OEV) realizó un estudio estadístico por muestreo, con base en 2.932 entrevistas, y encontró que al 6,07% de los electores de la muestra se le cambió de centro de votación sin que lo hubiera solicitado. «Unos no se habían enterado; quienes ya lo sabían, afirmaron que lo hizo por ellos el CNE. Más de la mitad de estos electores que fueron cambiados de centro de votación se mostró en desacuerdo con este movimiento inconsulto que podría afectar el ejercicio de su derecho al sufragio», concluye el estudio, que además resalta que la mayoría de los cambios se realizaron en bastiones opositores. A esas irregularidades se suma el cierre de más de cien centros de votación.

En marzo, un grave incendio arrasó un almacén donde se guardaba toda la infraestructura del sistema electoral venezolano. Como era de esperar, el régimen culpó a la oposición de «sabotaje» y aseguró que no frenaría el proceso electoral convocado para diciembre. Cuando en 2017 Smartmatic (la empresa que prestaba el software) denunció el fraude en los resultados de la Asamblea Constituyente, se trabajó en un nuevo sistema. En aquel momento, el Gobierno expropió toda la infraestructura que la multinacional había montado en Venezuela y se los regaló a ExClé , empresa responsable de la base de datos de huellas dactilares de los venezolanos.

El humo de las máquinas incendiándose era una señal inequívoca de que ExClé tenía ya las máquinas de votación hechas a la medida del oficialismo. Se compraron 35.000 máquinas y la nueva directiva del CNE aseguró que cada máquina de votación costaba 2.000 dólares. Pero en páginas web se encuentran equipos de iguales características por 400 dólares. En total gastaron 70 millones de dólares solo en la infraestructura.

En épocas electorales, el chavismo acostumbra a dar incentivos con el propósito de generar clientelismo competitivo. De manera que los estímulos en la población electoral aumentan para buscar ventajas, rebajar la abstención y hasta para incrementar la popularidad de Maduro. La maquinaria chavista comienza su misión apenas inicia la campaña electoral y, junto a sus promesas de cambio, los candidatos del régimen llegan a las zonas menos favorecidas con bombonas de gas, bidones para recolectar agua y bolsas de comida que incluyen hasta mortadela. Para preparar el terreno, el chavismo ha promovido una fórmula durante años, conocida como el «1 por 10», que consiste en que cada votante registre en el sistema a otras diez personas de su comunidad y asegurarse de que esa persona ejerza su derecho al voto.

Días atrás, Maduro anunció que premiará a las comunidades que mayor participación tengan en las parlamentarias. No explicó de dónde sacará los fondos para esto, pero dijo que su comando de campaña «estará pendiente del porcentaje de participación en cada centro electoral y aquellas 100 primeras Unidades de Batalla Bolívar-Chávez que tengan el mayor porcentaje de participación de su comunidad le vamos a dar un premio especial».

Los diputados opositores que giran en torno a la figura de Juan Guaidó, presidente interino y también líder del actual Parlamento venezolano, se han negado a participar en lo que han llamado «la farsa electoral». Pero aunque quisieran medirse en esta contienda electoral, más de 30 diputados opositores han sido inhabilitados desde 2017, y otros huyeron al exilio por persecuciones. Guaidó fue inhabilitado el 2 de abril de 2019 por la Contraloría General de la República por 15 años para el ejercicio de cualquier cargo público. Henrique Capriles Radonski es otro de los líderes inhabilitados. En 2017 lo inhabilitaron por 15 años y las razones que recibió el dos veces candidato presidencial fue supuestas irregularidades administrativas en su gestión como gobernador de Miranda.

Expertos en materia electoral coinciden en que las parlamentarias que promueve Nicolás Maduro son fraudulentas por el solo hecho de que no aparezcan los principales partidos opositores, conocidos como el G4. Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López ; Primero Justicia, de Henrique Capriles Radonski , Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo son los partidos que no aparecerán en la tarjeta electoral después de que el régimen les arrebatara el símbolo, los colores y el nombre, y se los entregara a otros líderes políticos afines. Vente Venezuela, el partido de la radical María Corina Machado , tampoco aparecerá una vez que la dirigente se negó, al igual que un grueso de la oposición, a participar el domingo.