El Supremo de El Salvador nombra a 98 jueces mediante una polémica ley promovida por Bukele

El presidente de la máxima instancia judicial del país centroamericano, Óscar López Jerez , ha declarado que los nuevos jueces «tomarán sus respectivos cargos y funciones a partir del lunes 27 de septiembre» a pesar de la incertidumbre judicial que se cierne sobre la medida ya que la Cámara de Familia de Sección de Oriente del departamento de San Miguel «ordenó suspender la aplicación del decreto de reforma». A esto se une que dos apoderados de la Corte Suprema han presentado un recurso de apelación por la resolución dictada por la Asamblea Legislativa. El actual presidente goza de una aplastante mayoría absoluta de 84 escaños en el parlamento unicameral.

El autodenominado como «El Dictador más cool del mundo mundial» se escuda en el apaciguamiento de la corrupción para la renovación de jueces como Carlos Sánchez , al que acusa de dejar en libertad a un exdiputado opositor señalado por su vinculación con pandillas. También se unen a estas destituciones los magistrados Carlos Sánchez , vinculado al partido de izquierdas FMLN, y Martín Rogel , que exoneró a otro juez señalado por una presunta agresión sexual a una menor. Más de 248 jueces se verán abocados a dejar sus respectivos cargos con la excepción de los casos abiertos de lesa humanidad que contengan una relevancia histórica. Los magistrados de El Salvador cesados por decreto legislativo son mayores de 65 años o cuentan con 30 años de experiencia y deberán renunciar a sus responsabilidades si no quieren verse abocados a perder una indemnización equivalente a 24 meses de salario. Por el momento, hasta 100 jueces han hecho efectivo su cese .

Uno de los administradores de justicia afectados es Jorge Guzmán quien instó a la Fiscalía que investigara a Nayib Bukele por bloquear la investigación a los archivos del Ejército. Otros 115 se han acogido a las prerrogativas de la norma aguardando en régimen de disponibilidad manteniendo sus cargos durante cinco años prorrogables. Treinta y cuatro de los jueces se han hecho fuertes despidiéndose de sus responsabilidades, sin indemnización, señalando a el mandatario de acaparar los tres poderes.

Un grupo de afectados ha denunciado «por la violación a los derechos humanos , derivados de dicho acto que reforma la Ley de la Carrera Judicial» al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta misma comisión, con sede en Washington, y el relator especial de la ONU rechazaron explícitamente, el pasado siete de septiembre, esta legislación y llamaron a la nación americana «a respetar las garantías para la independencia judicial», añadiendo que «el principio de la inamovilidad de jueces en sus cargos es fundamental para preservarla». Además, expresaron que «las modificaciones legislativas de las normativas vigentes, realizadas de manera expedita y sin espacios de consulta con los órganos directamente afectados por ellas, podrían impactar tanto en la administración de la justicia y el derecho a la protección judicial de las personas en el país, como en los derechos y garantías de las personas operadoras de justicia».