El Supremo de EE.UU. permite a Biden acabar con las políticas migratorias de Trump

Después de que Biden anulara ese programa de la era Trump, varios tribunales en Texas y Missouri fallaron en su contra, alegando que la Casa Blanca no había dado razones de peso para ese cambio de política. Las denuncias que originaron el caso las interpusieron entre otros estados gobernados por los republicanos. A finales de 2021, Biden se vio obligado a reinstaurar el programa , mientras esperaba este fallo del Supremo, que finalmente le es favorable.

Cinco jueces votaron a favor y cuatro en contra del fallo que se hizo público ayer. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, redactó el fallo, al que se sumaron el también conservador Brett Kavanaugh y los tres jueces considerados progresistas del tribunal: Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. Breyer se jubiló ayer, y le sucede ya la magistrada Ketanji Brown Jackson.

Esta es una modesta victoria para la Casa Blanca después de duros reveses ante un Supremo de reforzada mayoría conservadora, con tres de los nueve jueces elegidos por Trump. Tras anular la semana pasada el derecho constitucional al aborto, los magistrados limitaron ayer al Gobierno federal las regulaciones medioambientales para emisiones contaminantes de empresas en EE.UU.

Sobre el programa de petición de asilo, la Casa Blanca lo ha estado reduciendo paulatinamente. Desde diciembre hasta marzo, último mes del que hay datos, apenas 3.000 peticionarios de asilo han sido inscritos en este programa, en un periodo en el que las autoridades han detenido a unos 700.000 sin papeles en la frontera.

Al llegar a la presidencia, Biden se encontró una frontera con México sellada, con dos órdenes específicas de cierre y expulsión: por un lado, por el programa de retorno de centroamericanos a México, cuyo nombre formal es MPP (Programa de Protección de Migrantes, por sus siglas en inglés), y por otro, por los decretos presidenciales dictados por Trump para sortear la pandemia de coronavirus.

Ya en el Despacho Oval, el nuevo presidente implementó una reapertura de la frontera paulatina : primero dejó de deportar a una gran parte de los menores de edad que habían cruzado solos y después comenzó a dar cita a los peticionarios de asilo adultos que habían sido ya deportados, con prioridad a las familias con niños. Ahora puede acabar con todo el programa de Trump legalmente, pese a las resistencias de los estados republicanos como Texas. Las restricciones por la pandemia tampoco están en vigor.

Mientras el Programa de Protección de Migrantes estuvo en pie, desde enero de 2019, hubo unas 71.000 personas inscritas en él, según el Proyecto de Inmigración del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse. La prioridad en entrada a EE.UU. en los meses finales la tuvieron, por este orden, venezolanos, cubanos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, colombianos, guatemaltecos, peruanos, brasileños y ecuatorianos, según la base de datos migratoria de la universidad de Syracuse.

Cuando Biden llegó a la Casa Blanca se registraban menos de 100.000 entradas de sin papeles en EE.UU. por mes. En abril de 2022, último mes del que hay cifras oficiales, se superaron las 260.000 . En principio, la vicepresidenta Kamala Harris es la encargada de solucionar la crisis migratoria por encargo de Biden.

Durante la pandemia, EE.UU. ha detenido a cifras récord de sin papeles. Solo entre marzo de 2020 y diciembre de 2021, la Policía de fronteras detuvo a tres millones de indocumentados y devolvió en caliente a México a la mitad de ellos. Solo una parte menor son inscritos en este programa de espera del asilo en México.

El Gobierno estadounidense anunció en la reciente Cumbre de las Américas una serie de iniciativas dedicadas a mejorar la economía centroamericana y desincentivar la emigración, incluidas inversiones del sector privado por valor de 2.000 millones de dólares, o 1.800 millones de euros, y ayudas públicas de 300 millones. Además, se anunció una reforma del Banco Interamericano de Desarrollo , BID, para fortalecer las inversiones en el sector privado en el continente. España ofreció acoger a unos 250 hondureños más este año.