El Senado de EE.UU. concluye que la CIA torturó amparada por Donald Rumsfeld

ANNA GRAU | NUEVA YORK
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El que fuera secretario de Defensa de George W. Bush, Donald Rumsfeld, el ex vicepresidente Richard Cheney y varios altos cargos tanto del Pentágono como de la CIA podrían pasar el resto de sus vidas en la picota política, si no judicial. Varios informes del Senado de EE.UU. les responsabilizan de haber diseñado programas de «técnicas agresivas de interrogatorio» y «tratos brutales» contra presos extranjeros, de haber modificado las leyes para hacer legales esos programas, y de haber auspiciado su aplicación incluso antes de que entrara en vigor la cobertura legal «ad hoc» que construyeron entre la autorización firmada por Rumsfeld en diciembre de 2002 y 2005.

Cada día se conocen nuevos detalles del tipo de interrogatorios a que eran sometidos los sospechosos de terrorismo no sólo en Abu Ghraib, sino en Guantánamo y en todas las cárceles secretas o extrajudiciales de la CIA: ahogamiento simulado, interrupción del sueño, someter prolongadamente a muy bajas temperaturas, esposar durante varios días con sus noches en posturas incompatibles con el sueño, encerrar con insectos a un preso que les tiene fobia, estamparle contra la pared, etc.

Ayer se desclasificó el último informe generado por el Senado, que abarca 232 páginas y 18 meses de investigación. En él, la Comisión de Asuntos Militares de la Cámara Alta estima que el Pentágono no sólo apoyó a la CIA en esta escalada de crueldad sino que la asesoró y la llevó de la mano, algo que Rumsfeld siempre ha negado. Pero los torturadores no inventaron nada nuevo. Al contrario, se inspiraron en un antiguo manual del Ejército, llamado «Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape» (SERE), diseñado para adiestrar a soldados americanos para hacer frente a torturas de potencias extranjeras.

Y no de cualquier potencia extranjera; el manual se inspiró en los padecimientos de prisioneros de la dictadura comunista china durante la Guerra de Corea. Los chinos fueron de los primeros -en la era moderna- en interrogar de esta manera. También fueron de los primeros en descubrir que la mayoría de las confesiones así obtenidas resultaban tener poco o ningún valor de inteligencia. Los que denuncian el que ya se perfila como el «caso GAL» del ex presidente Bush cuestionan no sólo la moralidad sino la competencia de las manos ejecutoras de esta política.

Persecución penal

Aunque Barack Obama y su jefe de gabinete, Rahm Emanuel, se han manifestado en varias ocasiones partidarios de pasar página sin depurar responsabilidades, la difusión de estos informes lo hace cada día más difícil. Aumenta la presión política para investigar responsabilidades con nombres y apellidos. El mismo Obama dejó el martes la puerta a que el fiscal general pudiera hacerlo.

La Casa Blanca parece inclinarse por una comisión de investigación del estilo de la que analizó los fallos en el 11-S, argumentando que así sería más fácil evitar «choques partidistas». La polémica escandaliza al sector más duro del partido republicano, que ve en estas revelaciones un ataque frontal a la seguridad del país. Una especie de venganza de Obama contra los zarpazos republicanos a su presupuesto y a sus planes de rescate. Este análisis no es secundado por republicanos moderados como John McCain, tanto o más horrorizados que muchos demócratas con estos memorandos.

Podría darse el caso de que abrir un proceso legal en Estados Unidos fuese la forma de evitar que se abriera en otros países, tras el conato protagonizado por el juez Baltasar Garzón en España. Existe el riesgo de que si Cheney, Rumsfeld o el antiguo director de la CIA George Tenet viajan fuera del país se arriesguen a ser detenidos acusados de torturas.