La UE sanciona a otros ocho ciudadanos de Nicaragua, incluida la vicepresidenta

«Las medidas van dirigidas contra personas y están concebidas de modo que no perjudiquen a la población ni la economía nicaragüenses», destacó el Consejo. Tras el anuncio de hoy, son en total catorce las personas sancionadas por la UE en Nicaragua.

Además de Murillo, entre las ocho personas figuran el presidente de la Asamblea Nacional del país, Gustavo Porras Cortés; la fiscal general, Ana Julia Guido Ochoa; o la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua, Alba Luz Ramos Vanegas. También se incluye al hijo del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta, Juan Carlos Ortega Murillo. Los sancionados tienen inmovilizados sus bienes y, además, los ciudadanos y las empresas de la UE están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición. Asimismo, las catorce personas tienen prohibido viajar a la Unión, lo que les impide entrar al territorio comunitario o transitar por él.

El Consejo aseguró que la situación política en Nicaragua «se ha deteriorado aún más en los últimos meses» y añadió que «el uso político del sistema judicial, la exclusión de candidatos de las elecciones y la inhabilitación arbitraria de los partidos de la oposición son contrarios a los principios democráticos básicos y constituyen una grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense».

«Estas acciones socavan aún más la credibilidad del proceso electoral, ya obstaculizado por una reforma electoral que no cumplió con las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos y la UE», aseveró.

El club comunitario recordó que ha instado «reiteradamente» al Gobierno nicaragüense a que cumpla «sus propios compromisos, la Constitución de Nicaragua y las leyes y normas internacionales en materia de derechos humanos». «La UE también ha pedido en repetidas ocasiones que se establezca un diálogo eficaz con la oposición sobre la adopción de reformas electorales como paso esencial para restaurar la confianza en las instituciones públicas, y que regresen los organismos internacionales de derechos humanos a Nicaragua», agregó.

«Lamentablemente, la detención de un séptimo posible candidato presidencial el pasado fin de semana ilustra la magnitud de la represión en Nicaragua y proyecta una imagen inquietante para las próximas elecciones», señaló el Consejo. Reiteró su condena a «la represión sistemática por parte de las autoridades nicaragüenses» y les instó a que «deroguen leyes restrictivas, entre ellas la Ley de regulación de los agentes extranjeros». Asimismo, reclamó la liberación «inmediata e incondicional» de los presos políticos , así como el pleno respeto de los derechos humanos y los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos nicaragüenses.

El régimen de sanciones contra Nicaragua se adoptó primero en octubre de 2019, «después de que el Consejo manifestara reiteradamente su inquietud ante el deterioro de la situación política y social en Nicaragua y condenara con firmeza la represión ejercida desde abril de 2018 contra opositores políticos, manifestantes, medios de comunicación independientes y sociedad civil». El 4 de mayo de 2020, el Consejo adoptó las primeras medidas restrictivas contra seis personas.