Rusia se retira de la Corte Penal Internacional

La disposición que Putin ha promulgado con fecha de hoy decreta «aceptar la propuesta del Ministerio de Justicia, consensuada con el Ministerio de Exteriores, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el Comité de Instrucción de comunicar al secretario general de la ONU sobre la decisión de Rusia de no formar parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internaciona l», adoptado el 17 de julio de 1998 y al que Moscú se incorporó el 13 de septiembre de 2000, aunque nunca llegó a ratificarlo. El tercer punto del documento establece que la medida ha entrado en vigor desde el momento de su firma, lo que significa que Rusia ha dejado ya de estar bajo la jurisdicción de La Haya.

Ahora, tras el abandono de la jurisdicción del CPI, ningún ciudadano ruso podrá ser juzgado en La Haya. Sólo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría exigir responsabilidades por crímenes de guerra, pero en su seno Rusia tiene derecho a veto . China, Estados Unidos e Israel tampoco están sujetos a la jurisdicción de La Haya.

En un comunicado aparte del Ministerio de Exteriores ruso se afirma que «lamentablemente, el CPI no ha justificado las esperanzas puestas en él y no ha llegado a ser un órgano de justicia internacional independiente y de prestigio». El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha explicado que la decisión de Putin «tiene como objetivo la defensa de los intereses nacionales de Rusia».

Al mismo tiempo, Peskov insistió en que la medida no tiene nada que ver con las declaraciones hechas este martes por la fiscal del CPI, Fatou Bensouda, en cuanto a que la anexión de Crimea y la ayuda militar de Moscú a los separatistas del este de Ucrania «podría considerarse un acto de guerra y de ocupación». Según Bensouda, los jueces de la Corte tratan de determinar si Rusia controla a una de las partes beligerantes en las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk y, de ser así, «habría que hablar de un conflicto armado en el que Rusia participa».

Otro choque entre Moscú y el CPI se produjo el pasado enero, cuando el Ministerio de Exteriores ruso denunció su «parcialidad» por iniciar una investigación por posibles crímenes de guerra durante la guerra relámpago lanzada por las tropas rusas contra Georgia, en agosto de 2008 , después de que el Gobierno de Tiflis decidiera recurrir a la fuerza para recuperar el control sobre el conflictivo enclave separatista de Osetia del Sur. También el Tribunal de Arbitraje de la Haya condenó a Rusia en julio de 2014 a pagar 50.000 millones de dólares a los propietarios de la petrolera Yukos por su desmantelamiento.

En diciembre del año pasado, Putin promulgó una ley para permitir a su país incumplir las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si contradicen la Constitución rusa. Moscú firmó en 1996 el Convenio Europeo de Derechos Humanos y reconoció con ello la jurisdicción del Tribunal de Estrasburgo, que dictaminó en julio de 2014 que Rusia violó el Convenio Europeo de Derechos Humanos por haber arrestado, detenido y expulsado colectivamente a ciudadanos georgianos del país de forma «arbitraria» en 2006.