Rodrigo Duterte, «El Castigador», investido como nuevo presidente de Filipinas

Por más de dos décadas alcalde de la ciudad de Davao, fue precisamente en este localidad donde Duerte se ganó el apelativo de «El Castigador» (Human Rights Watch estima en más de un millar los muertos en Davao desde finales de los años 90 por aparentes «escuadrones de la muerte»).

No resulta extraño, por tanto, que desde su elección en mayo con el 39% de los votos, sus promesas electorales se hayan caracterizado por una virulenta verborrea. Entre otras cuestiones, Duterte ha asegurado que recrudecerá la campaña contra la milicia islamista de Abu Sayyaf, que recientemente ejecutara a uno de los rehenes en su poder, el canadiense Robert Hall .

«No puedo hacerlo de inmediato», aseveró Duterte durante un reciente encuentro con empresarios. «Sin embargo, habrá un ajuste de cuentas. Y cuando esto ocurra: solo voy a decir: “claudicad de forma incondicional, liberad a todos los prisioneros o lucharemos”», añadió.

Abu Sayyaf fue creada en 1991 como una escisión del Frente Moro de Liberación Nacional. Su fundador, Abdurajak Abubakar Janjalani, era un clérigo que luchó en Afganistán, donde (asegura) conoció a Osama Bin Laden y sintió la llamada a una yihad global.

Sin embargo, el terrorismo islamista no es el único asunto capital que deberá afrontar la Presidencia de Duterte.

«Si te resistes, muestras resistencia violenta, mi orden a la Policía será disparar a matar. Disparar a matar contra el crimen organizado. ¿Habéis oído esto? Disparar a matar contra el crimen organizado» , aseveraba tras conocer su victoria.

Duterte aboga por un plan de recompensas para acabar con los señores de la droga, así como por el regreso de la pena de muerte. «Voy a pedir al Congreso la vuelta de las ejecuciones por ahorcamiento», anunciaba Duterte en rueda de prensa tras su confirmación como mandatario, con su intención de reintroducir la pena capital en el país asiático (abolida en 2006).

Las futuras medidas han dividido Filipinas, donde más del 85% de la población profesa el cristianismo. «Estamos en contra de la pena de muerte y los escuadrones de la muerte», asegura a ABC Ramón Cabrera Argüelles, arzobispo de la ciudad de Lipa, en la isla de Luzón.

«Si el Gobierno (de Manila) retoma la pena de muerte estará violando la ley internacional» , asevera, por su parte, Jose Manuel I. Diokno, decano de la facultad de derecho de la universidad De La Salle y presidente del Grupo de Asistencia Legal Gratuita (FLAG).

En este sentido, el experto recuerda las peculiaridades económicas de aquellos afectados en el pasado por la pena capital. Por ejemplo, el 73% de los 1.121 presos en el corredor de la muerte en Filipinas hasta su abolición en 2006 contaba con unos ingresos inferiores a los 10.000 pesos (cerca de 192 euros) mensuales.

«La pena de muerte y la política de "disparar a matar" abaratan la vida humana», destaca Diokno.