La revuelta de Hong Kong cumple un año amenazada por la ley de seguridad china

Tras aquella manifestación, que mostraba el enorme rechazo social a la ley de extradición a China, grupos de jóvenes acamparon alrededor del Parlamento local (Legco) para sitiarlo e impedir su debate el miércoles, 12 de junio. A pesar de esta fuerte oposición, el Gobierno siguió adelante con sus planes de celebrar la sesión parlamentaria ese día. Finalmente, no pudo hacerlo por la batalla campal que se desató alrededor del edificio entre miles de manifestantes, la mayoría jóvenes pertrechados con máscaras y gafas de protección, y los antidisturbios, que les dispararon gases lacrimógenos y se emplearon con contundencia durante toda la tarde para dispersarlos.

Desde la «Revuelta de los Paraguas» en el otoño de 2014 no se veían tales enfrentamientos en Hong Kong, que siempre había sido una de las ciudades más cívicas y pacíficas del planeta. Junto al malestar general por la ley de extradición, la indignación por la actuación policial levantó a buena parte de la sociedad. Aunque muchos denunciaron la brutalidad de las cargas de los antidisturbios, distaron mucho de lo que solemos ver en Europa o, estos últimas días, en Estados Unidos. Pero los civilizados hongkoneses se rebelaron contra aquella violencia que, solo dos meses después, iba a ser habitual en la ciudad.

Con otra manifestación convocada para el domingo, la jefa ejecutiva del Gobierno local, Carrie Lam, compareció de urgencia la tarde anterior para hacer un anuncio importante. Tras tragarnos los gases lacrimógenos del miércoles y ver el mayoritario rechazo a la ley que había en Hong Kong, todos los periodistas que acudimos a aquella rueda de prensa pensábamos que iba a retirarla. Como en 2003, fin del proyecto de ley y se acabó el problema. Pero, en lugar de retirarla, lo que hizo Lam fue suspenderla, en el primero de una cadena de errores que se han ido agrandando como una bola de nieve hasta la deteriorada situación actual, con el diálogo roto entre el Gobierno y la oposición y la sociedad polarizada a extremos cada vez más radicales.

Aunque Lam insistió en que la suspensión de la ley equivalía a su retirada, pues ya no se podría tramitar, su testarudez encendió aún más los ánimos. Al día siguiente se manifestaron dos millones de personas no solo contra la ley de extradición, sino pidiendo una investigación de la fuerza policial, la dimisión de la jefa ejecutiva y, lo más importante, el sufragio universal. Apagada desde el fracaso de la «Revuelta de los Paraguas» en 2014, dicha demanda volvía con fuerza y convertía en una lucha política lo que hasta entonces había sido una protesta contra una ley.

La cerrazón del régimen chino fue respondida con una efervescente agitación social en forma de concentraciones, marchas y cercos al Parlamento, a sedes gubernamentales e incluso a la comisaría central de Policía. Jugando su baza como capital financiera de Asia, los manifestantes hasta pidieron ayuda a las democracias del G-20, que a finales de junio se reunía en la ciudad japonesa de Osaka. Aunque su llamamiento planeó sobre el encuentro, la guerra comercial entre Estados Unidos y China monopolizó la cumbre y Trump prefirió acordar una tregua con Xi Jinping en lugar de sacarle los colores por Hong Kong.

Con los manifestantes quejándose de que nadie les hacía caso porque eran «demasiado pacíficos», era solo cuestión de tiempo que la violencia estallara. Y así lo hizo el 1 de julio, durante el aniversario de la devolución a China por parte del Reino Unido, cuando miles de jóvenes asaltaron el Parlamento como si fuera la Toma de La Bastilla. Con la duda de saber si la Policía lo permitió para socavar la imagen pacífica que cultivaba el movimiento democrático, ni siquiera los destrozos que causaron les valieron la repulsa de la sociedad. En lugar de rechazar el vandalismo, muchos hongkoneses entendieron y hasta disculparon a los manifestantes.

Desde entonces, la violencia se propagó con enfrentamientos cada fin de semana con los antidisturbios y hasta entre partidarios y contrarios al régimen chino, como se vio en el brutal ataque de las triadas a los manifestantes de Yuen Long el 21 de julio. Cuando la jefa ejecutiva retiró finalmente la ley de extradición en septiembre, ya era tarde. Como le recordaron las continuadas protestas, la lucha era por el sufragio universal para elegir su cargo, hasta ahora designado por un comité afín a Pekín. Tras los graves disturbios en el Día Nacional de China, que aguaron al régimen su 70º aniversario, y las batallas campales en las universidades y la politécnica, la oposición demócrata arrasó en las elecciones municipales a los consejos de distrito en noviembre. Su victoria abrió una tregua que se rompió en Navidad y que solo pudo imponerse cuando la epidemia del coronavirus paró la ciudad.

Pero el control de la enfermedad y los planes de Pekín de imponer una ley de seguridad nacional sin pasar por el Parlamento local han reactivado durante el último mes las protestas. Con dicha ley, el régimen del Partido Comunista penará la subversión, la secesión, el terrorismo y las injerencias extranjeras. Debido a su carácter autoritario, muchos temen que la use la use para aplastar la revuelta, silenciar a los activistas políticos como hace en el continente y recortar las libertades de Hong Kong, mayores que en el resto del país.

Pero la batalla no ha terminado un año después de aquella masiva manifestación del 9 de junio. Además de recordar con concentraciones callejeras el aniversario de esta «Segunda Revuelta de los Paraguas», los sindicatos y grupos estudiantiles han convocado este domingo un referéndum popular sobre la celebración de una huelga general para presionar al Gobierno. Reviviendo los tiempos de la Guerra Fría, la Casa Blanca ha amenazado con retirarle a la ciudad su trato comercial como castigo al régimen chino, pero también dañará a la economía local. Con más de 8.300 detenidos y dos muertos en este año convulso y la economía hundida, primero por las protestas y luego por el coronavirus, Hong Kong se prepara para otro «verano caliente».