Una revista chilena acusa a Bachelet de ir en contra de la libertad de expresión

«Todas las autoridades se encuentran sometidas al escrutinio y fiscalización de los ciudadanos, y los medios de comunicación tienen una especial misión en este sentido , ya que efectúan este control de quienes ejercen el poder, como parte esencial del funcionamiento de la democracia», ha sostenido, al tiempo que ha recalcado que «la presidenta no está exenta de este control».

Bachelet interpuso la denuncia contra la revista tras la publicación de unas supuestas grabaciones de Juan Díaz , un gestor inmobiliario de la empresa Caval, en las que comenta que varios millones de pesos fueron destinados a la mandataria.

La revista indicó tras la publicación de las grabaciones que los contenidos de las mismas «no han sido verificados ni tasados por el Ministerio Público», eliminándolos de su página web después de que estallara la polémica.

En este sentido, el director de la revista sostuvo que «dado que su veracidad no estaba en ningún caso acreditada (...) se ha determinado que la publicación de acusaciones tan graves no cumple con los estándares del medio », pidiendo disculpas «por la confusión causada».

Sin embargo, «Qué tal» ha destacado este martes que «en la mencionada publicación sólo se reprodujeron los dichos de una persona imputada en el denominado 'caso Caval' , que fueron obtenidas en una intervención telefónica autorizada por el juez de la causa».

«Estos antecedentes no estaban amparados por ninguna clase de secreto, eran de acceso público para los intervinientes en la causa, y fueron obtenidas legítimamente por los periodistas de este medio», ha explicado.

«La publicación en la revista de parte de la carpeta investigativa de la fiscalía en caso alguno constituye una falta, ni legal ni ética. Más aún, parte del contenido era de público conocimiento, ya que había aparecido en diversos medios de comunicación», ha añadido.

«Para defender la libertad de expresión amenazada recurriremos a todas las instancias, nacionales e internacionales, tanto jurisdiccionales como gremiales, pues consideramos que los peligros relacionados con esta acción gubernamental, merece reaccionar con la mayor fuerza», ha remachado.

El «caso Caval» es un escándalo que gira en torno al supuesto tráfico de influencias por parte de Sebastián Dávalos , hijo de Bachelet, para obtener un crédito de diez millones de dólares --unos 8,9 millones de euros-- a favor de Caval, aprobado poco antes de que la mandataria ganara en las elecciones

Por su parte, la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Javiera Olivares , ha sostenido durante una entrevista a la cadena de televisión CNN Chile que la Ley de Prensa permite a cualquier ciudadano que se sienta afectado por alguna publicación que no considera verdadera presentar una querella por injurias.

En este sentido, ha apuntado que éste es el caso de Bachelet, agregando que la demanda ha sido presentada por la mandataria como ciudadana, no como presidenta del país.

Asimismo, Olivares ha manifestado que las informaciones publicadas por «Qué pasa» no contaron con el suficiente contraste de fuentes ni se verificó la autenticidad de los hechos antes de sacar a la luz las grabaciones, pidiendo abrir un debate sobre la ética en el periodismo.