Miedo al limbo legal entre los españoles que viven en el Reino Unido

A solo tres semanas de que acabe el periodo para solicitar el permiso de residencia en el Reino Unido –necesario tras la consumación del Brexit–, miles de ciudadanos de la Unión Europea (UE) se enfrentan a la posibilidad de caer en un limbo legal a partir del 1 de julio y podrían verse privados de sus derechos de residir y trabajar en territorio británico.

Aunque el Ministerio del Interior británico ha dicho que mantendrá un «enfoque pragmático y flexible» para evaluar la circunstancias personales de quienes no lo soliciten en el plazo estipulado, las organizaciones que durante este tiempo han trabajado para informar a la gente y ayudar con los procedimientos temen que la situación sea caótica. También lo ve de esta manera la española Marta Mediondo, abogada de inmigración residente en Londres, que trabaja en el bufete británico Ince. Para esta especialista, hay una «desinformación tremenda» y «ni por casualidad se va a atender a todo el mundo» en los pocos días que quedan de aquí a que acabe el plazo.

Además de las personas vulnerables como ancianos o gente sin hogar, uno de los grupos sobre los que llama la atención es el de quienes vivieron en el pasado en territorio británico, se marcharon y no saben que pueden pedir la residencia por haber vivido en el Reino Unido antes de que acabara el periodo de transición del Brexit, el pasado 31 de diciembre. «Tienen la oportunidad de dejar la puerta abierta para volver en otro momento o para enviar a sus hijos a estudiar en el futuro», detalla.

El número real de afectados, sin embargo, parece imposible de calcular. «Estamos hablando de miles de personas, pero nadie sabe realmente el número de residentes que hay en el país, porque nunca se estableció un control como el que tienen Bélgica, Alemania u Holanda», explica Mediondo, que detalla que «hay un descontrol total de cifras por la falta de un documento físico», como el DNI español. «A partir del 1 de julio vamos a ver un caos», asegura, y detalla que habrá un aumento en «el empleo sumergido», problemas por los que «a largo plazo Interior va a tener que ser práctico y abrir la mano». Por ejemplo, poniendo en marcha medidas como el establecimiento de un visado para jóvenes europeos que quieran trabajar, especialmente en hostelería. «Van a tener que ser mucho más flexibles porque se van a encontrar con una patata caliente que puede tardar años en salir a la superficie», advierte.

Tres grupos afectados

El abogado especializado en inmigración Luke Piper, asesor y director de políticas de 'The 3 Million' –la organización que defiende los intereses de los ciudadanos comunitarios residentes en el Reino Unido–, explicó durante un encuentro virtual con corresponsales en Londres «que habrá esencialmente tres grupos de personas» afectadas una vez que acabe el plazo el próximo 30 de junio. «Los primeros son los que no cumplieron con la fecha límite», es decir, quienes no han entregado sus solicitudes a tiempo.

«No tenemos ni idea de los números, pero es muy probable que sea una cifra bastante grande de personas, varios miles según las proyecciones», aseguró. «El segundo es un grupo que tiene su solicitud pendiente de respuesta. Ese número está creciendo y es muy probable que esté por encima de las 300.000 personas. ¿Por qué es tan importante? Porque esas personas tendrán derechos mientras esperan una decisión final», explicó, «y el desafío que se les presenta mientras tanto es demostrar que tienen su solicitud hecha a los empleadores, propietarios de viviendas y otros proveedores de servicios».

Sin embargo, y pese a que parezca irónico, según Piper, «el último grupo de personas que nos preocupa especialmente son los que tienen el estatus concedido. Sabemos que varios millones de personas han logrado adquirir su estatus a través del plan de asentamiento. Pero este es solo el comienzo». El 1 de julio comenzará el impacto que, en su opinión, será «bastante considerable», debido a lo que califica como el entorno hostil que se ha creado para los comunitarios, incluso para los que están legalmente en el país.

La situación se complica por la falta de un documento físico que pruebe la residencia. El hecho de que el trámite sea exclusivamente 'online' no solo lo dificulta sino que es un obstáculo para los colectivos vulnerables con menos acceso a la tecnología o con limitaciones para utilizarla. Y va más allá: «Hay algunos fallos fundamentales del Reino Unido y sus obligaciones en el acuerdo de salida del Brexit» ya que este programa «simplemente da a las personas un estatus migratorio en el Reino Unido, pero no confirma si tienen derechos en virtud del acuerdo de salida». Pone un ejemplo: «Las personas no tienen sus derechos protegidos si se inscriben tarde en el plan. Eso es contrario al acuerdo de salida».

Para este experto, todo este asunto además «se encuentra dentro de un contexto político más amplio de creciente tensión entre el Reino Unido y la Unión Europea, y eso se puede ver en las declaraciones conjuntas. Y la preocupación para los ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido, y para los ciudadanos británicos que viven en la UE, es que existe el riesgo de que seamos moneda de cambio, una vez más, en el juego» entre ambas partes. «Eso tendrá un efecto en términos no solo de cómo se trata a la gente en la frontera, sino cómo se trata a la gente dentro del Reino Unido», sostiene.

Los menores

Otro gran problema es el de los menores de edad, incluso de los niños nacidos en el Reino Unido. Estos no tienen derecho automático a la nacionalidad por nacer en el país pero tampoco a la residencia, aunque sus padres la tengan aprobada, un error de concepción muy común, según la especialista española Mediondo.

Para el Ministerio del Interior británico, los menores de edad tienen motivos de peso para que su situación sea evaluada con especial cuidado. Los padres son los responsables de presentar la solicitud en su nombre, un procedimiento que no siempre se cumple, y las organizaciones que trabajan con inmigrantes denuncian un vacío legal en estos casos. El hecho de que muchos padres o tutores legales aún no sean conscientes de que también deben solicitar el permiso para sus hijos complica los procesos.

Según la Encuesta de Población Activa de 2017, en ese momento había más de 900.000 hijos de padres de la UE no irlandeses en territorio británico. Se estima que el 80 por ciento (alrededor de 727.000) eran hijos de ciudadanos de la UE y 239.000 habían nacido en el Reino Unido de padres comunitarios. Algunos de estos últimos podrían tener derecho a la ciudadanía, que es complicada de obtener y que entre otros requisitos exige que los padres lleven más de cinco años en el país, pero otros tienen que regularizar su situación para tener derechos tan básicos como estudiar.

Los datos oficiales del Gobierno de Boris Johnson indican que hasta el 31 de marzo de este año se recibieron 4.910.690 solicitudes de ciudadanos de la UE para el EUSS, siglas en inglés de EU Settlement Scheme. El mayor número de solicitudes las presentaron los polacos, con 975.180 peticiones; seguidos de rumanos, con 918.270; italianos, con 500.550; portugueses, con 376.440; y españoles, con 320.850. La suma de estas cinco nacionalidades representan alrededor del 58 por ciento de las solicitudes recibidas. Además, el 15 por ciento del total fueron de solicitantes menores de 18 años, el 83 por ciento de entre 18 y 64 años, y solo el 2 por ciento de mayores de 65 años. Al 53 por ciento se les otorgó el estatus de asentado, al 44 por ciento el de preasentado y el 3 por ciento fueron rechazadas, retiradas o anuladas.

Más de cien mil niños

Comparando los datos de los menores de 18 años que vivían en el país en 2017 con el porcentaje de solicitudes hechas para la residencia, algunas organizaciones hablan de más de cien mil niños en el limbo, pero la falta de un registro de población en el Reino Unido hace que el número exacto sea un misterio. El proceso de solicitud es el mismo que para los adultos y cada menor debe tener su propia expediente, que, a su vez, puede estar vinculado al de alguno de sus padres. Al igual que en el caso de los mayores de edad, los menores deben probar su identidad y su residencia en el país con anterioridad a que finalizara el año 2020.

Estos procedimientos han desbordado los consulados. En el caso del español, ha recibido duras críticas por la lentitud de los procedimientos, un problema que se ha visto agravado por los confinamientos durante la pandemia y la mala atención al público.

En cuanto a los menores de edad, hay niños sin identificación porque uno de sus padres se niega a dar el permiso o está ilocalizable y, por tanto no pueden pedir el permiso de residencia hasta que obtengan el pasaporte mediante un proceso legal intermedio. Es el caso de Patricia R.L., que lleva más de un año intentando que el padre de su hija, nacida en el Reino Unido, acceda a firmar para que la menor tenga un pasaporte español. Se declara «absolutamente desesperada» y «con ganas de llorar todos los días por culpa de mi expareja y del Brexit».

En casos así de complejos, el Ministerio del Interior británico permite la presentación de una solicitud en papel, y no en digital como es obligatorio, pero se reserva el derecho de rechazarla si considera que el solicitante no tiene motivos suficientes para utilizar esta vía excepcional. Esta es la opción que utilizó Raquel V., una valenciana que lleva once años en el Reino Unido y que ya se dio por vencida en la búsqueda del padre de su hija.

Carmen Pascual, del Consejo de Residentes Españoles en Londres, explicó que durante los últimos meses han recibido consultas de personas a las que les caducó el pasaporte y no habían podido renovarlo, así como de madres españolas con bebés recién nacidos que deben ser inscritos antes de tener su primer pasaporte, pero que no han podido hacerlo porque el Consulado no les ha dado cita.

«Les hemos recomendando hacer el trámite en papel y seguir insistiendo en el Consulado, o esos niños podrían estar en situación irregular». Es lo que le pasa a Kassandra Bonifacio, peruana con nacionalidad española tras vivir doce años en Santander y que asegura que tuvo que esperar nueve meses para que le dieran la cita en el Consulado español para obtener el primer pasaporte de su bebé, nacido en el Reino Unido. «Me he gastado más de 200 libras entre envíos y fotocopias compulsadas. Tuve la cita el 3 de junio», dice, pero sigue esperando el documento y reza para que llegue a tiempo y pueda tener todo en orden.