La represión en Venezuela: 18.000 asesinatos y 15.500 detenciones arbitrarias

Una de las principales conclusiones de este informe es que la Corte Penal Internacional no está cumpliendo su trabajo ante la grave crisis humanitaria del país caribeño, la peor en la historia del continente. La fiscal de la Corte Penal, Fatou Bensouda, inició una investigación sobre la situación en Venezuela por iniciativa propia en febrero de 2018, y fue apoyada en esa labor por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.

Pero Bensouda no ha llegado a una conclusión definitiva, a pesar de los casi tres años transcurridos. El informe asegura que «la lentitud del examen parece absolutamente indiferente a los crímenes generalizados, graves y devastadores que se están cometiendo. Como consecuencia, el régimen se siente envalentonado para cometer más crímenes, bajo la impresión de que puede actuar con total impunidad»

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que «se ha permitido que el régimen venezolano opere con impunidad . Cada día de inacción por parte de la comunidad internacional incrementa el sufrimiento del pueblo venezolano. Llamamos a la Fiscal de la Corte Penal Internacional a actuar y mistrar al mundo que los crímenes de lesa humanidad no quedarán sin castigo».

«Nuestro informe da vida al extraordinario sufrimiento del pueblo de Venezuela, infligido por Nicolás Maduro y su régimen. La única conclusión razonable a la que se llega al examinar la escala y amplitud de los abusos contra los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales , las detenciones arbitrarias y la imposición de condiciones de vida diseñadas para causar un gran sufrimiento o la muerte, es que estas acciones constituyen crímenes de lesa humanidad en el marco del Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional», dijo Jared Genser, Asesor Especial de la OEA sobre la Responsabilidad de Proteger. «Por lo tanto, es tan inexplicable como impactante que, después de casi tres años examinando la situación, la fiscal Fatou Bensouda no haya abierto una investigación sobre los presuntos delitos», agregó.

Según afirma Genser en el informe, que tiene 145 páginas, «decenas de millones de personas padecen grandes sufrimientos o son objeto de un grave atentado contra su integridad física y su salud debido a la continua crisis humanitaria provocada por el régimen, como demuestran las estadísticas sobre malnutrición, hambre, enfermedades y falta de acceso al agua y a la atención sanitaria. La crisis también ha provocado la muerte prematura de al menos decenas de miles de personas».

Una de las conclusiones de ese pormenorizado estudio es que para el régimen de Maduro, el hambre y la asistencia sanitarias son métodos de control de la población y de aniquilación de los opositores . «Cientos de miles, si no millones, de venezolanos son objeto de persecución como resultado de las políticas intencionadas y organizadas del Régimen para negar alimentos y atención sanitaria a sus opositores reales o imaginarios», escribe Genser, quien presenta ese mismo informe en la sede de la OEA este mismo miércoles.

El régimen de Maduro sigue imponiendo, según este análisis, medidas represivas contra la disidencia y atacando a opositores con otros métodos tradicionales: fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales. «Se registran innumerables casos de víctimas y miles de muertes, y se extiende el espectro de la hambruna generalizada», afirma Genser, un respetado abogado estadounidense experto en derechos humanos.

Afirma Genser que «la situación en Venezuela sigue siendo calamitosa. No cesa de aumentar la pobreza, la hiperinflación, el enorme desabastecimiento y las enfermedades, y el país se enfrenta a grandes escaseces. En los últimos años, se ha registrado un vertiginoso aumento del número de refugiados y migrantes venezolanos que huyen de la crisis». En octubre de 2020, la OEA estimó que la cifra de refugiados venezolanos se eleva a 5,5 millones, lo que los convierte en «uno de los grupos de poblaciones desplazadas más grandes del mundo».

El informe en cuestión insta a la Corte Penal y a la fiscal Bensouda a avanzar en sus instrucciones pues su tardanza es «tan sorprendente como inexplicable, ya que la prolongada demora se ha producido a pesar de que la situación cumple todos los criterios pertinentes que hubieran debido redundar en un examen más expedito del caso». Afirma Genser que entre otros motivos, la urgencia del caso «obedece al recrudecimiento de crímenes persistentes y generalizados » y «a la existencia de información fiable sobre los crímenes disponible públicamente».

Dice este informe que además hay una larga lista de sospechosos com responsables de esas atrocidades, que no acaba con quienes perpetran esos asesinatos y torturas. «La responsabilidad por los crímenes enumerados en el presente informe no está limitada a los autores inmediatos y directos. Los funcionarios del régimen en Venezuela tienen tanto responsabilidad penal individual como responsabilidad de mando por esos crímenes», afirma.