Represión en China: «El Partido me retuvo once días sin avisar a mi familia»

El régimen de Pekín endurece la acción contra disidentes y sospechosos de corrupción, que «desaparecen» para ser interrogados

Un militar vigila en la plaza de Tiananmen durante el Congreso del Partido Comunista P.M.DÍEZ

PABLO M. DÍEZ

21/10/2017
Actualizado a las 12:21h.

Dos hombres de paisano le abordaron cuando iba a su oficina una mañana. No tuvieron que identificarse ni darle explicaciones. Ya sabía quiénes eran y lo que le esperaba. «Me retuvieron en una celda once días sin avisar a mi familia y sin que pudiera llamar a un abogado», cuenta un empresario pequinés que tenía negocios con las autoridades de un distrito y fue detenido por un caso de corrupción. En Europa y Estados Unidos, lo primero que hace la Policía al apresar a alguien es leerle sus derechos y recordarle que puede recurrir a un abogado y permanecer en silencio. En China ocurre todo lo contrario. Entre otras cosas, porque estos arrestos por corrupción política ni siquiera los hace la Policía, sino un cuerpo especial del Partido Comunista, la Comisión Central para la Inspección Disciplinaria.

Bajo un sistema denominado «shuanggui», que funciona al margen de los jueces y la Policía, los investigados son aislados en lugares secretos hasta que confiesen. A tenor de la ONG Human Rights Watch , abundan las torturas físicas y psíquicas contra los funcionarios corruptos y once de ellos han muerto en los interrogatorios.

«Me daban muy poca comida y apenas me dejaban dormir un par de horas seguidas, para fatigarme y quebrarme así los nervios. No me pegaron, pero me obligaban a permanecer durante horas en la misma postura, hasta que se me entumecían los músculos», relata el empresario, que oculta su identidad. De la noche a la mañana, pasó de codearse con altos cargos del Partido a suplicarle a sus guardianes que le dejaran llamar a su esposa y a sus padres. «Aunque no supieron nada de mí todos esos días y nadie les daba información, sabían dónde estaba porque estos son los riesgos de hacer negocios con los políticos en China », advierte resignado. «Me interrogaban día y noche porque estaban investigando a varios cargos locales para los que yo había hecho unos trabajos y querían que los delatara, pero finalmente no confesé nada», asegura orgulloso sin aclarar cuáles eran esos negocios ni si había sobornado a algún político.

Después de once días en el calabozo, pudo volver a ver la luz del sol al quedar en libertad. Pero sigue siendo investigado y sabe que los «hombres de negro» podrían regresar a por él en cualquier momento. Especialmente ahora; en cuanto concluya el XIX Congreso del Partido Comunista , que se celebra estos días en Pekín, y se renueve su cúpula. Con temor, el empresario solo espera que sus «guanxi» (contactos) en el régimen no acaben entre los derrotados en esta lucha por el poder, ya que le arrastrarían en su caída.

Sin clemencia

Desde que Xi Jinping tomó el poder, primero como secretario general del Partido en 2012 y luego como presidente de China en 2013, más de un millón de funcionarios y cuadros han sido castigados por corrupción. Con dichas purgas, que han afectado a 200 altos cargos, Xi ha eliminado a sus rivales internos para que nadie la plante cara en su segundo mandato, que durará hasta 2022 pero podría prolongarlo.

Con esta misma mano dura también ha aplastado a la disidencia. Además de no permitir la salida de China del moribundo Nobel de la Paz Liu Xiaobo , quien falleció en julio por un cáncer de hígado fulminante, el régimen mantiene bajo arresto domiciliario a su viuda, la poetisa Liu Xia. Como ella, al menos 14 activistas han sido detenidos y otros dos han «desaparecido» para que no protesten durante el Congreso, denuncia la ONG Defensores Chinos de los Derechos Humanos.

La creciente represión también se ha extendido contra grupos sociales, incluso de gais y lesbianas sin filiación política, y colectivos profesionales, como los abogados de los disidentes. El 9 de julio de 2015 empezó contra ellos una campaña, denominada «709», que dejó unos 300 detenidos. Algunos de ellos, como el activista cristiano Hu Shigen y el abogado Zhou Shifeng , han sido condenados a siete años de cárcel por «intento de subversión». Es el precio por enfrentarse al régimen chino, cada vez más autoritario con Xi Jinping.

Mayor censura y control en internet

Junto a la represión de la disidencia, las autoridades chinas han reforzado la censura y los controles en internet para impedir la difusión de contenidos políticamente sensibles que amenacen su poder. Gracias a su progreso tecnológico, la «Gran Muralla Cibernética» («Great Firewall», en inglés) ha sido capaz de bloquear numerosas VPN, las conexiones a servidores en el extranjero que permiten acceder a páginas «web» prohibidas en China. Con Facebook, Twitter y Youtube capados, y con WhatsApp funcionando solo a ratos, las redes sociales chinas deben plegarse a la censura. Así, portales como Wechat o Weibo bloquean automáticamente los mensajes sensibles que envían sus usuarios, en ocasiones sin que estos lo sepan.