El régimen venezolano eleva la tortura con ayuda de Cuba

Hubo a lo largo de 2019 un total de 45 casos de desaparición forzosa de los que tiene constancia el Instituto Casla, en algunos casos secuestros que se prolongaron más de un mes. En un 95% de los casos denunciados, el responsable de esas desapariciones fue la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) del régimen venezolano, aunque también tuvieron papel en ellos los colectivos, organizaciones paramilitares que actúan a dictado del gobierno.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro , recibió el informe del Instituto Casla y exigió al régimen de Venezuela que desista de la tortura y otros abusos de los derechos humanos, como ha hecho en numerosas ocasiones en el pasado.

De las víctimas que en 2019 han sido sometidas a tortura según el registro de Instituto Casla , un 53% son civiles y el resto, militares. Entre ellos hay incluso niños de entre 13 y 16 años, aunque el promedio es de personas de entre 19 y 40 años, según esa institución que ha presentado las demandas pertinentes ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Entre los torturados hubo también dos mujeres.

Según relata el Instituto Casla en su informe de 2019, al que ha tenido acceso ABC, esas víctimas fueron sometidas a «privación de la luz solar, ventilación natural y privación del sueño que ocasionan pérdida de orientación del día y la hora, también el sometimiento a temperaturas extremas, a la privación de alimentos e hidratación acorde con sus necesidades, privación de atención médica especializada para enfermedades previas o adquiridas durante su reclusión, provocadas incluso por las torturas, tratos crueles o inhumanos a los que han sido sometidos».

Entre las torturas específicas que describe el Instituto Casla se encuentran 83 casos de puntapiés, 78 agresiones con objetos contundentes, 40 palizas con tablas y 40 golpes en las costillas, entre otros. Además, hay 50 denuncias de asfixia y ahogamiento fingido, uno de los más graves casos de tortura, ampliamente condenado por las organizaciones internacionales. En 38 de esos casos se colocaron bolsas de plástico en las cabezas de las víctimas.

Más alarmante sin cabe, el Instituto Casla denuncia 40 casos de aplicación de descargas eléctricas y 43 casos de colgamiento desde las extremidades. En 38 de esas agresiones, los torturadores emplearon sustancias psicotrópicas para aturdir a las víctimas y facilitar la tortura. A aquellos a los que se les vendaron los ojos o se les encapuchó —43 víctimas— se les asustó incluso efectuando disparos junto a sus oídos, entre otras amenazas e intimidaciones.

Este año de 2019 hubo según el Instituto Casla un alarmante aumento de las agresiones de corte sexual. Los 41 agredidos sexualmente por el régimen denuncian haber sido desnudados, con conatos de violación y lesiones sobre los genitales.

Según dijo la directora de Casla, Tamara Suju , en la entrega del informe: «Funcionarios cubanos participan en la planificación y comisión del crimen de tortura». «Este año hemos querido referir la importancia que tiene la presencia cubana en la inducción y represión que lleva el régimen venezolano con toda la población», denunció Suju en rueda de prensa.

Según Casla es el nuevo embajador de Cuba en Caracas, Dragoberto Rodríguez , quien organiza, controla y revisa las torturas de los agentes de su país infiltrados en Venezuela, con el consentimiento del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y del director de la inteligencia militar, general Iván Hernández Dala.