El régimen de Maduro empuja a los venezolanos a peligrosos caminos controlados por «colectivos»

El régimen de Nicolás Maduro anunció la noche del 22 de febrero el cierre «temporal» de los pasos fronterizos formales con el objetivo de evitar que entraran a Venezuela toneladas de ayuda humanitaria, articulada por Juan Guaidó, en medio de una devastadora crisis que ha dejado a cientos de miles de personas en riesgo de muerte, causando un número indeterminado de muertos por el desabastecimiento de medicinas y alimentos, según la oposición.

Pero ese «cierre temporal» se extendió por tiempo indefinido debido a los disturbios que se generaron el día 23 en la zona fronteriza por el bloqueo del paso, dejando a cientos de venezolanos sin empleo y sin poder cobrar su salario . La mayoría de la población depende de Colombia para sobrevivir en Venezuela. El conflicto se agudizó horas más tarde de ese sábado cuando el gobierno reprimió crudamente el paso de la donación internacional.

Solo por el puente internacional Simón Bolívar , ubicado en San Antonio, se trasladan más de 30.000 personas diariamente que llegan a Cúcuta para buscar medicamentos que no se consiguen en su país, para comprar comida, para trabajar e incluso para estudiar.

Una vez cumplida su misión en Cúcuta, los venezolanos deben recurrir al mismo camino si desean regresar al país de las calamidades. En estas trochas se observan personas que van cargadas de paquetes enormes y pesados equipajes sobre sus hombros para realizar el difícil recorrido hasta sus hogares. Estos caminos boscosas e ilegales están abiertos a cualquier hora del día y toda la semana.

Por estas mismas vías, han huido más de 500 oficiales de la Fuerza Armada venezolana. Salieron de las filas militares, y a su llegada a Colombia dijeron desconocer al régimen de Maduro y respaldar al presidente interino Guaidó.

Por las trochas pasan las personas que necesitan trabajar y aquellos que necesitan abastecerse en Cúcuta . Aseguran que en Táchira, y por el cierre, los precios de los productos de primera necesidad se han elevado. Las madres evitan enviar a los niños a las escuelas por el peligro que supone trasladarlos por estas rutas.

Se desplazan en grupos numerosos porque en solitario corren el riesgo de ser robados o secuestrados. Quienes controlan las «trochas» son los llamado colectivos , los civiles chavistas armados hasta los dientes y respaldados por el régimen venezolano.

Esos colectivos que custodian los pasos son oriundos de San Antonio del Táchira y se cree que fueron los mismos que usaron sus armas para atacar violentamente a los manifestantes que exigían la llegada de la ayuda internacional.

Quienes usan las trochas deben atravesar y sumergirse en el río Táchira para llegar a territorio colombiano. Sin embargo, el río tiene un nivel bajo de agua por la sequía que hay para esta fecha del año y el paso no es tan arriesgado. Estos corredores ilegales son normalmente usados y custodiados por traficantes, criminales y por los guerrilleros del ELN y las FARC.

Quienes deciden cruzar desde Venezuela a Colombia por estas trochas deben pagar por una de las tres rutas que los conducirán hacia Cúcuta desde San Antonio. Los colectivos se encargan de recibir el dinero de todas las personas que pasan por ahí.

La primera es llamada «popular» . Es una de las rutas por las que transitan más personas debido a lo económico que es el peaje y por lo segura que es. Para usar esta «trocha» hay que pagar alrededor de 2.000 pesos colombianos (un poco más de medio euro).

Una segunda ruta es más exclusiva, y quienes ya han usado esa trocha varias veces la llaman «VIP» . Pero esta alternativa tiene un costo de 20.000 pesos (casi 6 euros). Y aquellos que quieran evitar las colas y desean llegar más rápido a Cúcuta pagan hasta 50.000 pesos (más de 14 euros) para ir por el tercer camino.

En esta última opción, aunque es más costosa, también se corre el riesgo de ser estafado, según cuenta a ABC una persona que va por estos caminos con regularidad, y que prefirió no identificarse por su seguridad y la de su familia. «Yo recomiendo la ruta popular porque es menos peligrosa», dijo.

Para regresar a Venezuela, está establecida una tarifa de 1.000 pesos y dicen que forma parte de « una colaboración ». Se estima que los colectivos manejen aproximadamente 100 millones de pesos colombianos diariamente.

Los que cruzan por estas trochas deben hacerlo sin tomar evidencia alguna. Los colectivos cuidan muy bien «su trabajo» en estas rutas ilegales, por lo que una vez que la persona llega ahí se le ordena apagar su celular.

Para los periodistas la situación es más complicada aún. «A los colectivos no les conviene quedar identificados y muchos menos que quede un registro del operativo », comenta la misma persona. Para estos grupos civiles armados, los periodistas son un blanco fácil.

Cuando comienza el periplo hasta Cúcuta, los caminantes deben pasar por un punto de control para que sean revisados bolsos y carteras , y en caso de que los colectivos consigan algo que no es de su agrado, las personas son esposadas y a veces son trasladadas a otra trocha llamada «la muralla». En muchos casos desaparecen.

Los periodistas que quieran cruzar por las trochas deben hacerlo sin levantar ninguna sospecha : sin equipos de grabación y esconder muy bien sus credenciales que los identifican. Los colectivos no prestarán atención al medio para el que trabaja ni mucho menos su nacionalidad.