El régimen de Cuba se ensaña con el sucesor del opositor muerto Oswaldo Payá

Oswaldo Payá murió a los 60 años junto al también opositor Harold Cepero al salirse de la calzada el vehículo en el que viajaba, después de ser embestido por un coche de la policía política, según su familia.

Su sucesor como coordinador del MCL, el médico Eduardo Cardet , fue detenido de forma violenta el 30 de noviembre de 2016, cinco días después de anunciarse el fallecimiento de Fidel Castro y tras criticar su «legado de miseria». Posteriormente, a Cardet se le impuso una pena de tres años de prisión por atentado a la autoridad, tras un juicio que su familia considera manipulado. Desde entonces permanece encarcelado, sin haberse beneficiado de la libertad condicional que la ley cubana prevé para aquellos condenados primera vez.

Carlos Payá anunció este viernes que, de la mano del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, el MCL acudirá a instancias internacionales para pedir que se investiguen la muerte de su hermano Oswaldo y Harold Cepedo, así como el caso de su sucesor al frente del Movimiento, Eduardo Cardet . En un primer momento, se dirigirá a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet , mientras se estudia otras acciones futuras.

En el caso de Cardet, su familia y el MCL entregaron en la Embajada de España en La Habana y en el Ministerio de Asuntos Exteriores una petición formal para que el presidente del Gobierno intercediera por este preso político, sin que hayan obtenido respuesta. Según Carlos Payá, el régimen no solo le niega la libertad condicional que le corresponde legalmente, sino que le prohibió durante seis meses las visitas familiares, esgrimiendo que eran «perniciosas para su reeducación». «Lo curioso es que cualquier decisión de las autoridades carcelarias está supeditada al mismo oficial de la Seguridad del Estado que lo detuvo y le golpeó», comenta. Además, añade, un preso al que se le ofrecieron beneficios penitenciarios intentó asesinarlo en la cárcel. Para Payá, se trata de un caso de «enseñamiento» con el que el régimen cubano responde a su impulso a la campaña «Un cubano, un voto», con la que pedía una reforma de la ley electoral que avanzase hacia la democracia.

Según Payá, lo que el Gobierno cubano ve peligroso tanto de su hermano Oswaldo como de Cardet es que pidieran cambios «de la ley a la ley», de forma que la legislación cubana sea realmente democrática e inclusiva, y permita que prosperen candidaturas de los que no han sido designados por el propio régimen.