La ONU reconoce la detención arbitraria, desaparición forzada y las torturas contra José Daniel Ferrer

Tras analizar toda la documentación, el grupo de trabajo considera que la detención contra Ferrer, que tuvo lugar el 1 de octubre de 2019, fue utilizada como «una herramienta» para limitar su ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de opinión, expresión, reunión, asociación y participación», así como para «restringir» sus actividades como defensor de derechos humanos y activista pro-democrático. Asimismo, tras cuestionar el juicio -«no hay bases que lo justifiquen»-, lo hace también con la condena por un delito común, condena que relaciona con su actividades como opositor y crítico con el régimen cubano: «La información disponible no permite encontrar creíbles las alegaciones de que Ferrer García fue privado de su libertad y condenado a cuatro años de prisión por la supuesta comisión del delito de lesiones, sino como una herramienta de castigo por haber ejercicio sus derechos humanos fundamentales de una manera crítica hacia el Gobierno, así como para disuadirlo de seguir haciéndolo en el futuro».

En el texto, además quiere dejar constancia del carácter sistemático de este tipo de detenciones arbitrarias contra aquellas personas que no son favorables al Gobierno cubano: «La detención acreditada en el presente caso forma parte de serie de privaciones arbitrarias de libertad que se llevan a cabo por las autoridades en Cuba, en contra de personas que pertenecen a partidos de la oposición política, defensores de derechos humanos o de personas que expresan críticas sobre la actuación de las autoridades o el Gobierno». Una práctica sistemática de la que ha sido víctima José Daniel Ferrer, expreso de conciencia que ha sufrido más de un centenar de arrestos en las últimas décadas por su labor como activista y coordinador de la plataforma UNPACU.

Es por esta práctica sistemática, que el Grupo de Trabajo le ha solicitado al Gobierno de Cuba que le permita visitar el país para comprender mejor el asunto de la privación de la libertad en el terreno. «Sin embargo, el Gobierno no ha respondido favorablemente a estas solicitudes».

Resulta paradójico que Cuba no admita observadores de la ONU que validen la situación de los derechos humanos en la isla, teniendo en cuenta que año tras año su Gobierno insiste en formar parte del Consejo de DD.HH. de la ONU, organismo para el que acaba de ser elegida para un nuevo mandato (y será el quinto) hace tan solo unas semanas, a pesar del clamor internacional contra su reingreso . Una de las condiciones que incumple el régimen es precisamente el de permitir el acceso de observadores.

Después de valorar toda la información facilitada por la ONG, el Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, «el remedio adecuado sería el dejar inmediatamente sin efecto la orden de arresto domiciliario contra José Daniel Ferrer García, restaurando su libertad plena, así como concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional», señala el organismo en una carta remitida a PD el pasado mes de octubre.

José Daniel Ferrer fue detenido el 1 de octubre de 2019 y durante varias semanas no se facilitó su paradero, por lo que la familia no pudo contactar con él. Asimismo, el disidente fue torturado, según denunció el propio activista a través de una carta que pudo hacer llegar de forma clandestina a su esposa gracias a terceras personas. Estos hechos han llevado al Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias a remitir el caso de Ferrer al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre otros organismos.

Tras ser condenado a cuatro años de prisión por el delito de lesiones a otro ciudadano -en un juicio a puerta cerrada-, Ferrer fue excarcelado el 5 de abril de este año , tras más de seis meses de reclusión, como consecuencia de una amplia campaña internacional pidiendo su liberación, en la que participaron ONGs, líderes políticos y diplomáticos, que llevó incluso a una conversación entre la Unión Europea con el Gobierno Cubano con el fin de lograr la excarcelación del disidente. Desde entonces sufre arresto domiciliario.