«Tories» y liberales se oponen a la ley que permite controlar la navegación por internet

El contenido concreto de la legislación que maneja el Ejecutivo será conocido, en principio, en el discurso parlamentario que pronunciará el próximo 9 de mayo la Reina Isabel II con los planes legislativos. Pero los contornos de la propuesta han asustado a muchos parlamentarios británicos. Según lo que ha trascendido, la nueva legislación incluiría la obligación a los proveedores de Internet de almacenar durante al menos un año información sobre contactos por teléfono o en la red, incluidas redes sociales como Twitter y Facebook o consolas como la Xbox Live .

El gobierno intenta aclarar que en ningún momento los organismos de seguridad accederían al contenido de esas comunicaciones, sino solo a las direcciones, números y horas en que se produjeron. «No queremos espiar en tiempo real los emails de todo el mundo», dijo ayer el secretario de Estado de seguridad, James Brokenshire , quien se refirió a la necesidad de «actualizar» la legislación en la materia.

Pero la desconfianza es fuerte entre las propias filas conservadoras. A muchos les preocupa que esa intervención de las comunicaciones, aplicable a las redes sociales por primera vez -el propio Cameron ya advirtió que quería mayor control tras los disturbios del verano pasado-, pueda ocurrir sin una orden judicial, que seguiría siendo necesaria si las fuerzas de seguridad requieren acceder al contenido de esas comunicaciones.

«Lejos de hacernos más seguros, los planes de privatizar esta vigilancia tipo "Big Brother" nos expondría a fraudes masivos porque la tecnología tiene fallos», advertía ayer Dominic Raab, uno de los diputados «tories» que más ha elevado su voz estos días. Tim Farron, presidente del partido liberal, ha explicado esta mañana en su cuenta en Twitter que «estoy muy preocupado con los principios detrás de estos planes y he pedido aclaraciones de forma urgente».

El líder liberal y viceprimer ministro, Nick Clegg, se enfrenta a una auténtica rebelión en sus filas , según la información de varios diarios británicos. «No tumbamos los carnés de identidad para defender ahora una vigilancia espeluznante por otros medios», afirma Farron.

Se refiere a los fracasados intentos del anterior gobierno laborista de imponer la obligación a todos los británicos de tener un carnet de identidad, similar al existente en España. Conservadores y liberales, en la oposición en aquel entonces, clamaron al cielo ante la propuesta, enarbolando las libertades individuales y el derecho a la privacidad, y tumbaron también la propuesta de establecer una base de datos central para almacear comunicaciones por teléfono o Internet. Ahora, los planes del departamento que dirige Theresa May han reavivado aquel fantasma.

Christopher Graham, el comisionado británico para la información -con un mandato similar a la agencia de protección de datos española-, ha recordado que ya alertó en un informe en 2010 sobre la posibilidad de este tipo de medidas se conviertan en un «tarro de miel» que fomente usos indebidos de la información almacenada, «puesto que revelará los hábitos de navegación y las comunicaciones de famosos, políticos etc.».

El gobierno habría anunciado sus planes a algunas compañías del sector -como Google o British Telecom- hace unos meses, pero estas aguardan con expectación las obligaciones que deberán atender como proveedores de servicios de Internet. Algunas han alertado ya de que atribuir poderes tan amplios a la policía británica podría servir de excusa a regímenes menos democráticos para exigir a las empresas facultades similares. Estos nuevos poderes de vigilancia podrían ser empleados, según ha trascendido, no solo por agentes de policía o los servicios secretos sino por funcionarios locales, del departamento de pensiones o de Hacienda.

«No es nuestra intención cambiar la regulación actual de la interceptación de comunicaciones [que sí exige una orden judicial y está regulado por una ley específica conocida como RIPA ], pero es necesario que la policía y los servicios de seguridad puedan obtener datos de comunicaciones en ciertas circunstancias para investigar crímenes graves y el terrorismo», asegura una fuente del gobierno citada por «The Guardian».