Adolfo Rodríguez Saá

Las provincias argentinas, territorio comanche en el sur de América

CARMEN DE CARLOS, CORRESPONSAL/
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BUENO AIRES. No son todas, pero buena parte de ellas adolece de alguno o de muchos de estos males. «Son verdaderos feudos», sentencia el magistrado de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni. Las 24 provincias argentinas disponen de poderes judiciales, legislativos y ejecutivos propios, y en la mayoría es difícil distinguir entre unos y otros. De cuando en cuando salta el escándalo y hasta son intervenidas federalmente pero, al poco tiempo, la historia se repite. Es el caso de Santiago del Estero (norte), donde el matrimonio Juárez, por enésima vez, aunque ahora parece definitivo, cayó en desgracia después de haberla administrado, a su antojo, por espacio de medio siglo.

Después de haber espiado, malversado fondos, hecho desaparecer personas y encubrir asesinatos, como se les acusa ahora en los tribunales, Nina y el octogenario Carlos Aragonés están, sin fueros, bajo arresto domiciliario. La muerte de dos muchachas, una de ellas descuartizada, presuntamente a manos de los hijos del poder y conocido como «el crimen de la Dársena», puso fin a su historia en la Gobernación.

Santiago, como otras provincias vecinas estaba en la mira del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) que, además, acusó «la estrecha relación entre el Poder Judicial y el Poder Político». También un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por «el profundo deterioro del Estado de Derecho» y, en especial, por «la falta de independencia del Poder Judicial».

Fenómenos paranormales en San Luis

Las observaciones son extensivas a otro caso emblemático, el de San Luis (oeste). La Familia Rodríguez Saá, vinculada al poder desde el siglo XIX, está acusada de enriquecimiento ilícito, de destruir cualquier atisbo de justicia, controlar los medios de comunicación y diseñar una estructura cuasi perfecta que impide que el poder se les escape. Sin embargo, un descuido permitió que en las elecciones a intendente (alcalde) en la capital, triunfara un acérrimo enemigo suyo, Daniel Pérsico.

Los hermanos Rodríguez Saá, el ex presidente Adolfo, que declaró la suspensión de pagos en 2001, y el actual gobernador que le sucedió en la provincia, Alberto, lo resolvieron por la vía rápida: convocaron nuevas elecciones en las que triunfó su candidata, María Angélica Torrontegui, y hoy en día la ciudad se encuentra con dos gobiernos paralelos que se reparten el cobro de impuestos y mantienen a la población sumida en la confusión más absoluta.

En medio de la lucha por el poder de la dinastía centenaria, tiros a opositores, muertes dudosas, disolución por ley de los colegios de abogados y destituciones a golpe de decreto de tres juezas rebeldes. Todo ello en un marco de fenómenos paranormales en el que el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, dice mantener hilo directo con los extraterrestres del planeta Xilium y le ha hecho la cruz y la raya a la Iglesia.

«La división de poderes en algunas partes de Argentina es poco más que una mera teoría», advierte Transparencia Internacional. En la lista negra de las provincias pocas se salvan. En la patagónica Santa Cruz, la Corte Suprema ordenó al Gobierno reincorporar en su puesto al procurador general de Justicia, algo así como fiscal general de la provincia, que fue destituido, en contra de lo que reza la Constitución local, bajo el ordeno y mando del hoy presidente Nestor Kirchner. El fallo no fue acatado por éste ni lo hace su sucesor desde hace unos meses en la Gobernación, Sergio Acevedo.

En los cuatro puntos cardinales de Argentina se descubren zonas que apuntan a algún artículo del Código Penal. Según un informe de la revista XXIII, el noroeste (Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja...), lo hace, directamente, en el libro rojo de la DEA. El ex diputado justicialista (peronista) Arturo Farfan, que hoy pertenece al Ari (Argentina por una República de Iguales) denunció «la existencia de unas seiscientas pistas clandestinas de aterrizaje» sólo en Salta. El gobernador de esa provincia desde 1995, Juan Carlos Romero, compañero de lista de Carlos Menem en las últimas presidenciales, conoce bien el tema. Como su padre, Roberto, también gobernador en el mismo lugar, ha tenido que enfrentar acusaciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, pero la Justicia provincial nada ha podido probar.

Distinta es la situación con los abuso de menores, al estilo de la Edad Media. El último conocido estuvo protagonizado por el abogado Simón Hoyos, que terminó entre rejas por someter sexualmente a una niña de 8 años. La particularidad del caso es que la criatura es hija de su sirvienta, la segunda sobre la que había ejercido el derecho de pernada.

Secuestros en Buenos Aires

En el caso de Buenos Aires, los «defectos» son otros. La provincia más desarrollada y moderna, con una extensión equivalente a la de España, padece la ineficacia de un gobernador, Felipe Solá, que vive desesperado bajo la sombra de Eduardo Duhalde, antecesor en el cargo y ex presidente elegido fuera de las urnas. En este feudo, prostitución, violencia y narcotráfico eran los crímenes por excelencia, entre los que se colaba, de cuando en cuando, algún muerto incómodo como el fotógrafo José Luis Cabezas a finales de los 90.

Pero la crisis de 2001 trajó aparejado un abanico de modalidades de secuestros, algunos seguidos de muerte y muchos acompañados de amputaciones de orejas o dedos, que lo ha convertido en territorio mucho más prohibido de lo que era antes. Solá decretó el estado de emergencia la semana pasada desbordado por los hechos y una manifestación de más de 150.000 personas organizada por el padre de la última víctima, el joven Axel Blumberg, asesinado en un confuso episodio de entrega de rescate en el que se involucra con causa probada a una Policía corrupta.

Con matices, el suma y suma de estos «territorios comanches» se aprecia en Chubut, Entre Ríos, Tucumán, Catamarca,Tierra del Fuego... Unos por viejos resabios y otros como aprendices hacen de las provincias sus cotos de caza. «Todo va bien hasta que se ven afectados ciertos factores políticos», resume el titular de la Federación Argentina de la Magistratura, (FAM), Edgardo Albrieu. A partir de ahí, ancha es Castilla y más ancha, Argentina.