Las protestas por la falta de comida, agua y gas se extienden por Venezuela

A diferencia de las protestas con carácter político de 2014 y las que tuvieron lugar entre abril y julio de este año, que fueron convocadas por las organizaciones opositoras para exigir la salida de Nicolás Maduro del poder, esta vez es simplemente el hambre y las necesidades básicas las que motivan a los vecinos desesperados a manifestarse contra el régimen. Aún es pronto predecir el alcance y el impacto de la protesta social que ayer se multiplicó por numerosos puntos de la geografía venezolana.

Ante el auge de las protestas, Maduro, ha pedido este jueves a la Fuerza Armada impedir el resurgimiento de lo que llamó «grupos violentos y terroristas» como los que, asegura, actuaron entre abril y julio pasado. Aseguró que estos supuestos grupos violentos son «financiados desde Miami» y «dirigidos desde Colombia» para reeditar las protestas violentas y el corte de calles, una forma de manifestación que en Venezuela se conoce como «guarimba».

Este tipo de manifestaciones por el hambre y la falta de todo de los vecinos que se reúnen y cortan las calles son espontáneas y no duran más de tres horas cada una. La Policía intenta controlar el orden público y ha realizdo varias detenciones.

Los portadores del «carné de la patria» se han lanzado a protestar porque el régimen no les ha entregado ni el bono de 500.000 bolívares por haber vendido su voto a los candidatos chavistas en las municipales del pasado día 10 ni las bolsas de comida, denominadas Clap, que había prometida. Y mucho menos el paquete de jamón ofrecido para Navidad. Las bolsas Clap (Comités Locales de Administración y Producción), están subvencionadas por el Gobierno de Maduro, que las utiliza como chantaje para la adhesión al régimen.

Los que han pagado el paquete de cuatro kilos de jamón, pernil y pollo por la bicoca (ganga) de 150.000 bolívares (1,36 dólares), cuando en la calle un kilo de cerdo cuesta 250.000 bolívares, se han quedado sin nada. Por eso en el barrio caraqueño de La Vega, bastión chavista, la gente salió iracunda a reclamar lo suyo, sin la esperanza de que le reembolsen lo pagado.

Maduro, así como el diputado constituyente Diosdado Cabello , acusaron el miércoles a Portugal de sabotear la importación de los jamones por parte del Gobierno venezolano, algo que el Gobierno portugués ha negado.

También en Caracas, en Petare , el barrio más populoso de América Latina con 800.000 habitantes, los vecinos bloquearon el distribuidor que da acceso a la zona para protestar por hambre. Se quejan de que no les ha llegado la bolsa de alimentos Clap desde hace dos meses, a pesar de la promesa electoral del chavismo de que se iba a regularizar su distribución.

En la caraqueña avenida Nueva Granada, zona popular chavista, la gente también cortó la vía para manifestarse por la falta de las bolsas Clap.

En las comunidades de Antímano y La Vega, también feudos oficialistas donde decenas de personas salieron a la calle para reclamar el pernil prometido, los manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), apoyada por unidades antimotines, según informaron medios locales.

En el interior del país la situación de desabastecimiento de productos básicos es incluso peor que en Caracas. Allí se bloquean las carreteras que cruzan los poblados para protestar por el hambre que padecen los vecinos, lo que genera largas retenciones de vehículos , que a su vez se confunden con las colas de quienes esperan para llenar los depósitos con gasolina, que está racionada a 30 litros por coche.

Una conductora, Patricia Heredia, se encaró ayer a un guardia nacional en una carretera andina de Trujillo, porque no le daba paso para ir a su casa. «Déjeme pasar, porque estoy molesta tras dos horas de espera, no voy a llenar mi depósito de gasolina ni tampoco estoy protestando por falta de gas», dijo al uniformado, que, con cara de desconfiado, logró abrir el paso para que pasara ante la ira del resto de conductores parados.

En otros estados como Táchira, Lara, Zulia, Bolívar y Margarita, las protestas son por la falta de gas, electricidad, alimentos, medicinas y dinero en efectivo, sumadas al incumplimiento en la entrega de las bolsas de comida y del prometido pernil.Al hambre y la escasez se suma la violencia. Venezuela se mantiene en segundo lugar en la lista de países más peligrosos del mundo, solo detrás de El Salvador, según el informe anual que presentó ayer el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

El país registró en 2017, según sus datos, 89 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en 26.616 víctimas , un descenso de casi un 3% respecto a las cifras del año anterior. El Observatorio recoge cifras de organismos oficiales y entrevistas a ciudadanos, policías y trabajadores de la salud y otras profesiones, informa Efe.

Según el OVV, de las 26.616 personas que murieron de forma violenta en 2017, 16.046 perecieron en homicidios registrados por la justicia, 5.335 murieron a manos de la Policía y el resto de cuerpos de seguridad, y 5.035 fallecieron violentamente sin que se abrieran expedientes ante tribunales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha elevado el nivel de riesgo de este país en su página web y desaconseja el viaje a Venezuela, «salvo por razones de extrema necesidad» .