El problema no es el «caso Delcy», es recibir al ministro de Turismo de Venezuela

La polémica de los últimos días se ha centrado en el «caso Delcy», por las torpes mentiras de José Luis Ábalos , ministro de Transportes y alto dirigente del PSOE, en relación a su entrevista con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez , a quien Bruselas, con el voto de la propia España en favor de las sanciones contra Caracas, tiene prohibido entrar o hacer escala en la UE.

Además del importante punto de que España se ha saltado la sanción europea impuesta, convirtiendo en papel mojado la decisión comunitaria, cuya acción exterior normalmente ya cuesta de haber creíble en el mundo, está que el Ejecutivo de Pedro Sánchez reciba a alguien como número dos de un Gobierno cuyo número uno Madrid dice no reconocer.

Es esto último lo que tiene una dimensión más general y explica por qué, a pesar de que la llegada hace un año de Juan Guaidó a la presidencia de la Asamblea Nacional venezolana ­–lo que le hacía asumir la presidencia interina del país por la ilegitimidad de Maduro–, este sigue en su puesto y nada ha cambiado.

Por eso, conviene quitar por un momento la vista del «caso Delcy» y admirarse de que el Gobierno de Sánchez haya presentado como tan natural, sin que nadie lo haya cuestionado , que Ábalos hubiera ido a recibir al ministro venezolano de Turismo, que llegaba a Madrid para acudir a Fitur. En la diplomacia cotidiana es donde la presión sobre Caracas pierde todo el aire. Y es con ese normal trato a la Venezuela oficialista como la coalición Sánchez-Iglesias está virando la postura que en su día adoptó España, al margen de si el viaje de Rodríguez fue realmente solicitado o no (conspiración de Podemos) y si ahí había algún defendible intento de mediar en la crisis que vive Venezuela.

Pocos países – apenas Estados Unidos – han sido consecuentes con la decisión de desconocer a Maduro libremente adoptada por cada uno, y eso irresponsablemente ha continuado dando oxígeno al régimen autoritario chavista. La presión diplomática sobre este solo podía tener éxito si el cerco era absoluto y si España, como otros países importantes en la relación con Venezuela, hacía lo siguiente: negar reconocimiento tanto al embajador como al resto de cuerpo diplomático designados por el Gobierno de Maduro o incluso proceder a su expulsión, rompiendo las relaciones diplomáticas; congelar las cuentas bancarias gestionadas por la Embajada y negarle transacciones financieras; rechazar los contactos bilaterales en el seno de organizaciones internacionales con representación del Gobierno chavista, y promover la exclusión de esta en organismos donde España tenga mayor influencia, como la Cumbre Iberoamericana de 2020 , que este año debe celebrarse en Andorra.

Muchas de esas medidas fueron aplicadas internacionalmente contra Sudáfrica durante el apartheid, y contribuyeron decididamente a un cambio de régimen al hacer sentir a Pretoria su consideración de «paria». En el caso venezolano, en una situación distinta pero también humanitariamente grave, la ruptura con el Gobierno de Maduro cuenta con la facilidad de que Juan Guaidó haya sido reconocido por muchos países como presidente encargado, también España. Coherencia con ese reconocimiento sería conceder la única representación de Venezuela en Madrid al embajador designado por Guaidó, darle el control del edificio de la Embajada, de sus cuentas bancarias y otros bienes en España, etc.

Un ámbito en el que España puede aumentar la presión es el comercial. Pero ese ha sido el primer talón de Aquiles de cualquier política de dureza contra del Gobierno de Maduro por parte del Ejecutivo español, ya con Mariano Rajoy . El temor a que las empresas españolas presentes en Venezuela se vieran más perjudicadas de la cuenta ha suavizado ciertas actitudes en la Moncloa.

Frente a una Administración Trump que ha actuado contra los intereses de la industria petrolera estadounidense con sus sanciones a PDVSA, España se ha mostrado más comprensible con la actividad de Repsol en Venezuela. Repsol se está saltando las sanciones de Estados Unidos alegando que sigue comerciando el petróleo venezolano para cobrarse la deuda contraída (es verdad que la estadounidense Chevron hace lo mismo, pero con menos descaro).

Por último, el nuevo Gobierno español es libre de intentar sondear si puede avanvar en un papel de mediación para resolver la crisis venezolana. Pero contactos de ese tipo deben realizarse siempre de un modo mucho más discreto y sin poner patas arriba la política de dureza que se supone España está aplicando frente a Maduro, en la cual el no reconocimiento oficial de este es el elemento crucial.