El presidente de Perú pone fin al enfrentamiento con el bloque de Keiko Fujimori y disuelve el Congreso

«Pueblo peruano, estamos haciendo historia y este momento lo recordarán las siguientes generaciones y, cuando lo hagan, espero que entiendan la magnitud de esta lucha que hoy libramos contra uno de los males endémicos que tanto daño ha hecho a nuestro país y que no le ha permitido crecer como se merece y como nos lo merecen todos los peruanos», concluyó Vizcarra.

Según la constitución de 1993, si el Congreso rechaza dos cuestiones de confianza del presidente, éste tiene la facultad de disolver el congreso y convocar a elecciones.

El decreto supremo firmado por Vizcarra dispone la disolución del congreso, revoca el mandato parlamentario de los congresistas que no integran la Comisión Permanente y señala que "carece de validez y eficacia jurídica todo acto relativo a la función parlamentaria realizado por los congresistas cuyo mandato ha sido revocado".

Convoca a elecciones legislativas para enero de 2020 con el fin de que completen el periodo constitucional del Congreso disuelto.

«Es importante que le quede claro a la comunidad internacional que no estamos ante un golpe de estado. El cierre del Congreso está establecido en nuestra Constitución; habrán elecciones libres en pocos meses y mientras tanto se mantiene vigente la comisión permanente con participación de todas las fuerzas políticas», dijo el congresista y abogado, Alberto de Belaunde; al tiempo que agregó «las instituciones del sistema de justicia continúan su normal funcionamiento, y están garantizadas las libertades de expresión, información y reunión».

«En la historia del Perú han habido varios conflictos de presidentes que no tenían la mayoría en el Congreso: José Luis Bustamante y Rivero, Fernando Belaunde Terry y el de Alberto Fujimori; es por ello, que se puso en la constitución esta medida para que el presidente tenga una salida. Por ello, nuestra válvula de escape es la cuestión de confianza», indicó al ABC, la abogada y periodista, Rosa María Palacios.

Keiko Sofía, presa desde octubre pasado, dirige una mayoría opositora de parlamentarios que forzaron la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, en marzo de 2017, y permitieron que asuma el ingeniero Martin Vizcarra, hasta ese momento el Primer Vicepresidente.

En el poder y sin bancada parlamentaria propia, Vizcarra lideró una cruzada contra la corrupción cuando estalló la investigación del caso «Lavajato» que procesa a todos los ex presidentes del país andino desde 2001: Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y la ex candidata Keiko Sofía Fujimori.

Desde la cárcel, la mayoría de legisladores dirigidos por Keiko Sofía aliados con la bancada del fallecido ex presidente García y de César Acuña, buscaron obstruir las investigaciones de la fiscalía del caso «Lavajato» y defendieron al ex fiscal de la nación, Pedro Chávarry, implicado en una red de corrupción judicial conocida como el caso «Lavajuez».

Es por esa razón que el Congreso quería manejar la elección del Tribunal Constitucional (TC), máxima instancia judicial, con el fin de que se favorezca, entre otros personajes, a Keiko Sofía Fujimori .

El gobierno de Vicarra se opuso a esa elección, por ello, el Primer ministro, Salvador del Solar acudió al Congreso y planteó la cuestión de confianza para evitar la elección de nuevos magistrados al Tribunal Constitucional.

El Congreso en los hechos hizo caso omiso al pedido de Del Solar y eligió como miembro del TC a Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea; primo del presidente del Congreso; lo que llevo a Vizcarra a decretar la disolución del Legislativo.

En tanto, el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, buscó sin éxito vacar al mandatario Vizcarra y encima de ello, juramentó a la segunda Vicepresidenta, Mercedes Araoz, como sucesora a Vizcarra.

«Sé que es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida…"asumo temporalmente la presidencia porque el presidente falló al no cumplir con tres artículos constitucionales», dijo Araoz.

En un encuentro con la prensa extranjera, Pedro Olaechea dijo hoy que la medida de Vizcarra «es un golpe de estado… hemos venido teniendo una campaña de que el político peruano es corrupto, cuando todos los casos han estado en el Ejecutivo».

La Organización de Estados Americanos (OEA) señaló hoy que compete al Tribunal Constitucional peruano evaluar la legalidad y legitimidad de la medida tomada por el presidente Martin Vizcarra.